No hay mayor homenaje a una buena vida que la dignidad de una buena muerte.

Todos merecemos tener la oportunidad de una vida con unos mínimos estándares de dignidad, igualmente, todos merecemos que cuando llegue nuestro final, y a todos nos llega, se nos permita tener una muerte con un mínimo de dignidad. Recientemente, entre las cabeceras de los medios de comunicación, pasó inadvertida una importante noticia sobre la tramitación parlamentaria de una ley sobre la eutanasia. Dada la celeridad de los nuevos tiempos políticos, donde entre respiración y respiración, caen y emergen ministros o directores de la RTVE, no resulta tan extraño. Sin embargo, es una noticia que hubiera merecido mucha más atención, pues un país no se define únicamente por la calidad de la atención que presta a la salud y a la vida de su ciudadanía, sino igualmente a su disposición para dignificar su muerte. Pocos debates éticos, con contenido político, encontraremos con mayor controversia en las últimas décadas.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia pretende que éste sea un servicio más, prestado dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Lo que pretende regular es que puedan acceder a ella pacientes con una discapacidad grave, un sufrimiento físico o psíquico que alcance niveles “intolerables, insoportables e irreversibles”, o su dependencia de otras personas alcance niveles “altísimos”, y que dispongan de un diagnóstico de un profesional sanitario. En su redacción actual no se valora la expectativa médica de vida, ni la velocidad de avance de la enfermedad, pero sí se centra en valores significativos, como el nivel de invalidez que ocasione o el sufrimiento que genera. Una vez solicitada con el aval médico, aún habrá de ser valorada y aprobada por una segunda opinión médica, que debe pasar un tercer filtro, un comité formado por médicos, juristas y profesionales de reconocido prestigio, que tendrá la última palabra, y que será elegido por cada Comunidad Autónoma. El plazo máximo desde la petición inicial no podrá superar los 32 días, con el fin de no alargar innecesariamente un proceso que ya de por sí es lo suficientemente traumático y doloroso, para paciente y familia. Veremos en los próximos meses cual es la redacción final.

¿A qué se debe la controversia que en tantos países despierta esta cuestión? En la mayoría de los casos procede de la contaminación del ámbito público, presuntamente laico, de doctrinas religiosas, que parecen olvidar que estas leyes, como las de interrupción del embarazo, no obligan a nadie a que haga una cosa u otra, sino que establecen un marco muy bien regulado para garantizar todos los derechos, en base a los máximos consensos establecidos por científicos y profesionales de la ética

¿A qué se debe la controversia que en tantos países despierta esta cuestión? En la mayoría de los casos procede de la contaminación del ámbito público, presuntamente laico, de doctrinas religiosas, que parecen olvidar que estas leyes, como las de interrupción del embarazo, no obligan a nadie a que haga una cosa u otra, sino que establecen un marco muy bien regulado para garantizar todos los derechos, en base a los máximos consensos establecidos por científicos y profesionales de la ética. Veamos algunos de los principales argumentos del debate ético, que deberían garantizar la regulación pública de la eutanasia, o como otros prefieren llamarla; el respeto a la dignidad de la muerte.

Durante muchos años, y en numerosos países, aquellos profesionales médicos que han actuado en conciencia con su voto hipocrático, al ayudar a poner fin a su vida a pacientes irreversibles, con un elevado nivel de sufrimiento, se han arriesgado a ser culpados de asesinato. Cuando la desgracia alcanza a una persona a la que se diagnostica una enfermedad que en un determinado plazo acabará por producirle un sufrimiento y dolor inimaginable, la mera posibilidad de que esta persona pueda decidir en plenitud de sus facultades, que cuando llegue el momento oportuno y lo decida, los médicos puedan ayudarle a dejar de sufrir, de dejar de vivir en condiciones indignas, ya de por sí proporciona tranquilidad, y paz, durante los meses o años previos a que se lleguen a estas condiciones, no solo para el paciente, sino para los propios familiares superados por la tragedia que se avecina.

Éticamente, acabar con una vida autoconsciente es algo muy grave, dado que esa persona se presupone que desea seguir existiendo, pero qué ocurre cuando las circunstancias, como las descritas, hacen que se tema más seguir viviendo en condiciones terribles y angustiosas, que a la propia muerte. Si un ser autónomo, que se encuentra en plenas condiciones racionales decide que no merece la pena seguir sufriendo, qué justifica que no le ayudemos a poder hacerlo en el momento que decida, sin dolor, rodeado por la gente que le quiere, y a las que ésta persona quiere, acunado en sus últimos momentos por amor y cariño. Es muy  hipócrita, éticamente, la condena de aquellos que apelan a la “santidad” de la vida, sin preocuparse por la dignidad de la  misma, de unas condiciones donde pueda ser mínimamente disfrutada.

Algunos críticos de la eutanasia voluntaria tienen razones menos hipócritas para plantear objeciones; por ejemplo, que sean los familiares los que por causas egoístas pretendan que suceda, o que el paciente ya en un estado tal de confusión mental y altamente drogado medicamente, no se encuentre en las condiciones para tomar una decisión racional. Solucionar estas reticencias razonables es tan fácil como que la ley tenga en cuenta cinco cuestiones básicas; 1)que sea realizada por un profesional médico, 2) que el paciente la haya solicitado explícitamente y sin lugar a dudas, 3) que esta sea una decisión bien informada y se sostenga con libertad y persistencia, 4) que sea comprobable que el paciente tiene una afección irreversible que le genera un sufrimiento mental o físico prolongado, 5) que haya filtros profesionales independientes que avalen la decisión.

Otras consideraciones respetables en contra son que hoy día hay suficientes medicamentos para suprimir cualquier dolor físico, y dejar que el paciente sin ninguna ayuda termine por cejar su existencia, por ir apagándose. Es cierto, también lo es, que dado lo inevitable, el paciente tiene esta opción si así lo desea, pero también es cierto, que determinadas condiciones provocadas por enfermedades muy graves van más allá del dolor físico, como huesos extremadamente frágiles que se fracturan una y otra vez, pérdida del control total del propio cuerpo, u otras que causan un sufrimiento y una angustia más allá de que los dolores agudos puedan atenuarse. No se trata de alargar innecesariamente una vida porque sí, se trata de no alargar innecesariamente un sufrimiento absolutamente superfluo y una indignidad que causa un terrible sufrimiento. Y debería ser el propio paciente, en las condiciones antes mencionadas,  quien dejara clara su voluntad, y se respetase.

Éticamente, acabar con una vida autoconsciente es algo muy grave, dado que esa persona se presupone que desea seguir existiendo, pero qué ocurre cuando las circunstancias, como las descritas, hacen que se tema más seguir viviendo en condiciones terribles y angustiosas, que a la propia muerte

Otras objeciones que han de ser éticamente valoradas, y que es razonable tomarlas en consideración, proceden de la maldad con la que el ser humano ha empleado el genocidio, los nazis por ejemplo, calificando a determinadas personas por su etnia, por sus discapacidades,  o por sus comportamientos, como indignos de seguir viviendo, y por tanto debemos parapetarnos en un principio que nos diga que toda vida merece la pena ser respetada y es digna de ser vivida. A priori, esta es una objeción ética que evidentemente es imprescindible tener en cuenta, dada la trágica historia de la humanidad a éste respecto. Afortunadamente hoy día, aunque a veces en algunos lugares del mundo no parece ser así, todas estas ideas detrás del nazismo, calificando a alguien por su etnia o por su comportamiento como indigno o sin derecho a vivir, han desaparecido y se encuentran moralmente repugnantes, a pesar de ello, sus defensores creen que es mejor prevenir y evitar resquicios legales y que por ello no hay vida que no sea digna de ser vivida. Pero, pese los que les pese a los defensores de esta postura, y por muy respetable que sean sus planteamientos, el tema es éticamente mucho más complejo y no se puede despachar con un mero lema emocional tan abstracto.

Es difícil dudar que hay ocasiones claras en las que la calidad de la vida es tan deplorable, que mantener a alguien vivo contra su voluntad, y cualquier adulto con capacidad racional debería ser capaz de tomar esta decisión, no trata de que valorar la vida sea algo bueno de por sí, sino que llegan momentos en los que los motivos para mantener artificialmente esa vida tienen poco que ver con un respeto a la misma, y más con cuestiones religiosas o emocionales. Pensemos en alguien en estado vegetativo sin posibilidad de recuperar una mínima vida consciente y con calidad, al que no se le permite morir. No se trata de despreciar ni las cuestiones religiosas ni emocionales, pues a nadie se le obliga a tomar esta decisión, de un testamento vital que garantice una eutanasia, que le permita una muerte tan digna como ha de ser la vida, si así lo desea la persona a la que la tragedia le acontece.

El doctor Henk Prins al ser preguntado sobre la dificultad de introducir valores morales, como la calidad de vida, a la hora de tomar esta decisión, si este concepto no permitía que se entrara en una pendiente resbaladiza, como argumentaban aquellos que defienden la dignidad de mantener cualquier vida a cualquier precio, respondía: Sí, pero la vida es inevitablemente una pendiente resbaladiza y todos estamos en ella. Si no ponemos las cartas boca arriba-pensamos y hablamos sobre ello- el peligro de una pendiente aún más resbaladiza es mayor.