Aconsejando Maquiavelo a Lorenzo de Medici sobre cómo mantener el poder, recomendaba, con su característico cinismo, que "sobre todo, que no toque las pertenencias de los demás, porque los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio". Quizá parezca en exceso simple. Sin embargo, en gran medida, es la vulneración de este principio básico lo que subyace a la crisis de estado que padecemos. Crisis de estado que se extiende a toda España y de la que las tensiones independentistas en Cataluña no son más que un síntoma.

¿Qué otro sentimiento podría haber en una sociedad con más del doble de paro que en el resto de la Unión Europea y en la que los salarios reales han perdido una cuarta parte de su poder adquisitivo en la última década? ¿Qué nivel de adhesión a una España que ha mandado a la emigración a un millón de jóvenes en los últimos ocho años mientras quienes se quedan aquí están condenados a la pobreza, en un estremecedor 28% de las familias? ¿Qué nivel de confianza en el Estado de la Gürtel, la Noos, los EREs y el 3%?

Al margen, pues, de la polarización nacionalista, la verdad es que la confianza en el Estado como garante del bienestar individual de sus integrantes ("las pertenencias" de las que habla Maquiavelo) está por los suelos. El CIS pregunta regularmente a los españoles por su percepción de la situación política. Entre 1996 y 2010, este indicador ha oscilado siempre entre el 40% y el 50% de confianza en el futuro. A pesar de los vaivenes de la economía, de la entrada del Euro, del terrorismo, etc. En noviembre de este año, el indicador del CIS de confianza política, estaba en el 20% y lleva en torno a esta valor desde 2013. Desde hace cuatro años, cuatro de cada cinco españoles responden sistemáticamente que la situación política no es ni siquiera aceptable y que tampoco esperan que mejore. Y esto es grave porque el pacto social en los estados modernos no es otra cosa, en palabras de Rousseau, que "una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado". Es decir, que la inmensa mayoría de los españoles sentimos, de alguna forma, que el Estado nos está fallando a la hora de proteger nada menos que nuestra persona y nuestros bienes.

No puede ser de otra manera. ¿Qué otro sentimiento podría haber en una sociedad con más del doble de paro que en el resto de la Unión Europea y en la que los salarios reales han perdido una cuarta parte de su poder adquisitivo en la última década? ¿Qué nivel de adhesión a una España que ha mandado a la emigración a un millón de jóvenes en los últimos ocho años mientras quienes se quedan aquí están condenados a la pobreza, en un estremecedor 28% de las familias? ¿Qué nivel de confianza en el Estado de la Gürtel, la Noos, los EREs y el 3%? El mismo Estado, por cierto, que mientras nos ha recortado brutalmente el derecho a la educación, a la sanidad, al seguro de desempleo, a la pensión o a la atención a la dependencia, ha rescatado a la banca privada con más de 60.000 millones de Euros de los cuales ya se han dado por perdidos (que se los perdonamos, vaya) más de 42.000. Eduardo Olier, en El Economista, caracterizaba hace poco los "Estados fallidos" como "aquellos que están sometidos a graves problemas de violencia, sus Gobiernos no mantienen la legitimidad en el tiempo, y la mayoría de sus ciudadanos pierde la confianza en los poderes públicos." Todo es cuestión de grado, por supuesto, pero no me negarán que solo nos falta la violencia(afortunadamente, y que así siga) para que la definición nos siente como un guante.

Los españoles no creemos en nuestras instituciones. El último informe de la OCDE al respecto, recalca que la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de la democracia es sistemáticamente inferior al promedio de los países europeos y ha caído doce puntos en el último año. Tampoco creemos en los gobernantes. Hace dos semanas, encabezaba los telediarios la información de que se abría una crisis en Estados Unidos porque la popularidad de Trump había caído al 33%. Solo unos días antes se cuestionaba la capacidad de Theresa May para liderar el Brexit, a causa del desplome de su aceptación popular, hasta el 39%. Por comparación, valoremos qué capacidad de liderazgo, pero, sobre todo, qué nivel de confianza en su gobierno tiene un país como España cuando la popularidad de Rajoy, según la Asociación de Comunicación Política, está en el 29%. ¿Puede sorprendernos que tengamos una crisis de estado en España? Es el grito de “No nos representan”, convertido en paradigma dominante.

En este contexto de descomposición, era previsible que aparecieran síntomas como el proyecto independentista en Cataluña. Si el estado no responde a las expectativas, si el ciudadano deja de sentirse confiado, seguro y con la legítima esperanza de prosperidad proporcional a la sumisión y pérdida de libertad que se le exige en el pacto social, ¿qué tiene de extraño que empiece a buscar alternativas? 

En este contexto de descomposición, era previsible que aparecieran síntomas como el proyecto independentista en Cataluña. Si el estado no responde a las expectativas, si el ciudadano deja de sentirse confiado, seguro y con la legítima esperanza de prosperidad proporcional a la sumisión y pérdida de libertad que se le exige en el pacto social, ¿qué tiene de extraño que empiece a buscar alternativas? Ahí engarza el discurso nacionalista que, como define el profesor Miquel Caminal en el manualIdeologías y movimientos políticos contemporáneos, no es más que una respuesta a la pregunta de "quiénes son los individuos que componen la sociedad, fijando una identidad entre el individuo, la sociedad-nación y el estado. Es por esta razón que muchos nacionalismos hacen referencia al sentimiento de pertenecer a una colectividad. Y, en la medida que este sentimiento se relaciona con el problema del gobierno sobre un territorio determinado, aparecerá su inmensa fuerza como legitimación del poder". El nacionalismo ofrece una respuesta (muchos sabemos que es un camelo) porque existe una necesidad ante el inmenso vacío de legitimidad dejado por un estado fracasado, el estado surgido de la transición de 1978 que ya no da para más.

El pacto social se derrumba. Algunos no se enteran y solo atienden a los síntomas haciendo uso creciente de mecanismos sancionadores y represores; otros quieren repararlo para que pueda prestar servicio alguna década más, lo que solo servirá para que aparezca agravado más adelante. Quienes aspiramos a la República socialista defendemos, lógicamente, construir un nuevo pacto social sobre otras bases: las de la fraternidad y la justicia social.

Hay que refundar el Estado mediante un verdadero proceso democrático, con debate social y nombramiento de representantes para una asamblea constituyente. El proceso hacia una República que reubique a España y a los españoles en el escenario de normalidad europea del que nos descarrilaron en 1936

Hay que refundar el Estado mediante un verdadero proceso democrático, con debate social y nombramiento de representantes para una asamblea constituyente. El proceso hacia una República que reubique a España y a los españoles en el escenario de normalidad europea del que nos descarrilaron en 1936. En el proceso, que debe ser ante todo pedagógico, se debe alumbrar una nueva ciudadanía plenamente consciente de su papel de soberana, no súbdita. Una nueva cultura de lo público como espacio y patrimonio común del que todos y todas somos plenos propietarios y responsables. Una nueva cultura política de nombramiento de administradores al servicio del pueblo y no de poderosos soberanos cuatrianuales. Y también, cómo no, un nueva cultura donde la economía sea un mecanismo para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, que no esté al servicio de la acumulación.

Esto no se arregla con un parche modelo 155, y, menos aún, con el nuevo pacto fiscal que preparan las derechas española y catalana para pasar página. O mucho me equivoco, o el citado pacto consistirá en ceder a Cataluña unos 4.000 millones de euros anuales, que vienen a ser un 40% del superávit fiscal de la ciudadanía cotizante catalana. Y debe preocuparnos, porque ese superávit existe debido a que la riqueza de la población catalana medida como producto interior bruto per cápita, es de 28.600 Euros al año, mientras que la de los andaluces es de 17.650 euros anuales. Esos 4.000 millones que Rajoy cederá al futuro gobierno catalán para parar el procés, saldrán de las transferencias a las comunidades autónomas. Sobre todo a las más deficitarias, empezando por Andalucía. Al final, es fácil que la factura la pague la clase trabajadora andaluza, usted y yo, en becas, camas de hospital o plazas de geriátrico. Y todo por tratar los síntomas en lugar de los problemas de fondo.

Necesitamos una nueva constitución para un nuevo país. Es, ante todo, cuestión de clase.