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En defensa de la educación pública

Blog - El Viaje a Ítaca - Ana Gámez - Martes, 31 de Mayo de 2016
M.Rodríguez

“Solo hay un bien: el conocimiento.

Solo hay un mal: la ignorancia” (Sócrates)

Escandaliza que Rajoy haya salido en defensa de la escuela concertada y lo ha hecho, como siempre, con una de sus enigmáticas afirmaciones: "Es algo consustancial al ser humano". Así, literal. Y sorprende que además haya sido en la Comunidad Valenciana, donde el gobierno del PP suprimió 834 aulas en la escuela pública y aumentó 95 aulas en la concertada, mostrando su rechazo al plan del Gobierno valenciano que pretende construir 124 centros educativos públicos y cerrar 11 aulas de la escuela concertada.

Es escandaloso teniendo en cuenta que él es el responsable de que utilizando la crisis como excusa se hayan recortando recursos económicos en la escuela pública, ha habido una estrategia por parte del PP para sustraer recursos a la escuela pública en beneficio de la enseñanza concertada, es decir, de los recursos de todos en beneficio de unos pocos. Los afectados han sido miles de niños y de niñas, miles de jóvenes más necesitados que nunca de formación.

El Gobierno de Rajoy en la última legislatura ha dejado caer la educación al vacío presupuestario, el gasto público en Educación ha caído a niveles de 2006, en cuatro años se han perdido más de 7.760 millones de euros para profesores, aulas, becas o refuerzos educativos. El porcentaje de la riqueza española destinado a la educación ha pasado de casi el 5% en 2011 a un 4,2% del PIB, España ha pasado de alcanzar la media la UE a quedarse en la cola del gasto educativo. Y si sigue gobernado el PP, puede ser aún peor, porque el Plan de Estabilidad Presupuestaria plantea seguir recortando la inversión educativa hasta llegar en 2019 al 3.8% del PIB.

Ha recortado 275 millones en becas en los tres últimos cursos. Más de 693.000 ayudas al estudio se han perdido desde el ejercicio 2011-2012. La alternativa es que las becas se reconozcan como un derecho.

Con Rajoy han aumentado los alumnos y han disminuido el número de docentes. El profesorado de la escuela pública ha perdido unos 30.000 docentes al tiempo que el alumnado ha aumentado (130.000 por curso), fundamentalmente en la red pública.
 
La educación es una inversión, no un gasto , porque estamos convencidos de que la educación es la mejor política económica y la mejor inversión de un país. Y es una prioridad incrementar los recursos presupuestarios destinados a la educación, garantizando una financiación adecuada: un suelo común del 5% hasta alcanzar el objetivo 7% del PIB.
 
El Gobierno de Rajoy ha supuesto un retroceso sin precedentes en términos de calidad educativa, ha dificultado a muchas familias la permanencia de sus hijos en el sistema educativo, al incrementar las tasas universitarias y endurecer los requisitos para obtener una beca, y deja una situación caótica en la aplicación del LOMCE, que aprobó exclusivamente con sus votos en el Congreso y en contra de toda la comunidad educativa. Urge, pues, un acuerdo social y político por la educación para aprobar una ley de educación que permita derogar la LOMCE.
 
Rajoy invoca el derecho a la libre elección de centro y al artículo 27 de la Constitución que reconoce la libertad de enseñanza y garantiza el derecho a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cabe recordar que en todos los centros educativos públicos se imparte como la religión católica, asignatura que la LOMCE ha convertido en evaluable.
 
Pero ¿cómo se interpreta el derecho a la libre elección de centro? Los escolares tienen garantizada una plaza en un centro educativo, público o concertado, cercano a su domicilio ¿Pueden las familias que viven en zonas rurales ejercer el derecho a la libre elección de centro cuando la única alternativa es la escuela pública? El interés de estas familias es una escuela pública de calidad y que cuente con los recursos económicos y personales suficientes.
 
La libre elección de centro no es un derecho social equiparable al derecho universal a la educación, y que ha de garantizar el Gobierno y las administraciones públicas. Las políticas educativas de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP junto con la LOMCE tratan de poner al mismo nivel el derecho a la educación y esa preferencia de elegir centro.
 
La responsabilidad de un Gobierno justo es desarrollar una red de centros públicos que ofrezca la mejor educación y con la máxima calidad a todos los niños y las niñas, sin tener en cuenta la capacidad o los recursos económicos de sus familias o el lugar donde se haya nacido. Por eso sorprende que no apoye claramente la escuela pública, que es la única que puede vertebrar socialmente nuestro país. Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, como Madrid o Valencia, han incrementado el número de centros concertados, lo que significa fundamentalmente aumentar la desigualdad educativa y no la igualdad de oportunidades.
 
Acabo recordando a otro clásico, a Platón, que afirmaba que lo que permite al ser humano convertirse en libre es el conocimiento. Que no nos dificulten acceder a él..

 

Ana Gámez Tapias, nació en Lanteira (Granada) en 1962, un pueblo del Marquesado, es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Granada. Desde 1986 es profesora de Griego de Enseñanza Secundaria. Se ha interesado también por la actual cultura y la lengua de Grecia. Ha sido delegada provincial de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía. Y senadora del PSOE por Granada en la anterior legislatura.