Seguramente no es muy original escribir sobre Cataluña y la situación política y jurídica en la que se encuentra, pero al margen de la posible falta de originalidad, no he encontrado ninguna razón para no hacerlo, aún a riesgo de repetir argumentos y opiniones, y siendo consciente de que la posición oficial del PSOE al respecto es, indudablemente, la más difícil y la más compleja de articular. Justamente porque no se basa en la demagogia ni el oportunismo, ni mucho menos en la búsqueda descarada ni obscena de rédito electoral inmediato.

En una entrevista en este mismo medio, al inicio de este año, dije que "no íbamos a tirar a los nacionalistas al mar ni sacar los tanques al paseo de Gracia", y que la situación demandaba diálogo, serenidad y huir del frentismo. Que no obstante lo anterior, era evidente que la "nueva" izquierda había incorporado a su discurso y a su estrategia política el relato "independentista", y que la solución al conflicto pasaba por buscar la manera de hacer del referéndum de reforma constitucional en el Estado, el referéndum demandado por la sociedad catalana. Y que pocas opciones más veía.

El problema es político y exige una respuesta política con todos los ingredientes de la mejor política: capacidad de anticipación al problema; capacidad de entender la posición contraria y voluntad de encontrar una solución que, lógicamente, dejará insatisfechas a todas las partes

La situación ha cambiado desde entonces, pues el frentismo ha aumentado, el diálogo ha ido perdiendo espacio en el camino y existe menos serenidad en el ambiente. Pero sigo pensando exactamente igual. Vayamos por partes.

Desde el punto de vista jurídico es evidente que las decisiones adoptadas por la Generalitat desde el 6 de Septiembre tienen muy difícil encaje en nuestra legalidad vigente (creo que debemos evitar en este debate, la palabra "imposible"). Y es evidente que la reacción de los 3 poderes del Estado (en el momento de escribir ésto, ejecutivo y judicial, y a la espera del legislativo) ante ello, tiene un mejor encaje en nuestras normas. Ello, no obstante, no me impide advertir que la reacción legal podría haber sido otra, y también habría tenido encaje en nuestro ordenamiento. Por mi formación y por mi experiencia, alcanzo a vislumbrar que tan "legal" y posiblemente aplicable a la situación es el art. 155 de la Constitución (reacción ante el incumplimiento de una comunidad autónoma de sus obligaciones ), como lo es el 92 (sometimiento a referéndum de cuestiones de gran relevancia), por citar un ejemplo. Que la misma falta de desarrollo, por inaplicación hasta ahora, han tenido ambos preceptos, por tanto, la misma incertidumbre ante su posible aplicación y sus efectos. Y que el mismo prestigio e influencia en mi propia formación tienen las personas expertas que han defendido y defienden la aplicación de según qué precepto.

Toda la anterior reflexión viene a acreditar que el problema no es jurídico, pues la respuesta jurídica (como casi siempre) ni es unívoca, ni universalmente aceptada como única posible, ni cierra el debate, precisamente porque admite interpretaciones diversas. Exactamente por eso, el problema es político y exige una respuesta política con todos los ingredientes de la mejor política: capacidad de anticipación al problema (aquí vamos tarde y mal, por culpa del PP, básicamente, pero también del independentismo); capacidad de entender la posición contraria (aquí deberíamos hacer un ejercicio de humildad y mucha pedagogía); y voluntad de encontrar una solución que, lógicamente, dejará insatisfechas a todas las partes. Sólo se trata de que la insatisfacción de nadie sea excesiva por estar basada en una satisfacción desmesurada de otra parte.

Y para que la respuesta política sea la adecuada conviene no olvidar ningún vector del problema:

• Ha existido y existe en la sociedad catalana un sentimiento nacionalista o identitario, que ha ido deviniendo en independentista, que podrá gustar o no, al que podremos encontrar justificación o no, pero que por existir y además con bastante claridad, exige encauzamiento político.
• Dicho sentimiento ha sido, históricamente, patrimonio de una cierta burguesía o clase media-alta acomodada, pero últimamente, y seguramente debido a la actitud exacerbada del gobierno del PP, este sentimiento se ha extendido, por diversas razones, a movimientos y posiciones de izquierda, no toda necesariamente "populista" ni "oportunista", hasta convertirlo, si no en mayoritario en la sociedad catalana, sí en muy importante, y creo que con más visos de crecimiento que de disminución.
• En el fondo subyace, como en todo conflicto político, un asunto de poder y de dinero, seamos claros. Que el poder y el dinero se complementen con alusiones identitarias, históricas o culturales, que también existen, forma parte también del complejo entramado. Por tanto, no desacreditemos las citadas alusiones sobre la base de que sólo encubren el poder y el dinero, pues tomo conforma una globalidad.
• La sociedad catalana, de manera indiscutible y muy mayoritaria, quiere votar. Es así, desean expresar en un referéndum el cómo se articula su participación en el Estado español. Y seguramente desea hacerlo antes de que el dilema sea si se articula o no.
• La respuesta que desde las fuerzas políticas y desde las instituciones del Estado se ofrezca a la situación catalana ha de tener altura de miras, firmeza en la defensa de la igualdad de las personas en todo el territorio español, pero también firmeza en el reconocimiento de las singularidades territoriales y sociales, y desde luego, no puede consistir tan sólo en envolverse en ninguna bandera de otros colores, o de los mismos colores alineados de otra forma, pero bandera al fin y al cabo, como la que se pretende denostar.
• Por último, es evidente que habrá que recurrir a las urnas. Más vale que lo asumamos todas y todos ya, pues más del 80% de la sociedad catalana lo demanda. De modo, que transitemos por la senda que otorgue satisfacción a esa amplísima mayoría, y, paralelamente, antes de que haya de ser posteriormente, integremos ese sentimiento en una Constitución revisada que recoja la demanda de "poder" subyacente al asunto, y articule el reparto del "dinero" para que el conjunto del Estado se sienta, como dije antes, "razonablemente insatisfecho".

Y hagámoslo con la cabeza y la razón. El uso de las tripas y los sentimientos se ha demostrado perfectamente inútil, aunque a algunos y algunas les valga para sobrevivir.