Tiempos complejos para la opinología. Tiempos para no estar seguro de casi nada, para ponerlo casi todo en cuarentena (nunca mejor dicho) y para dotarnos, aún más, de la humildad necesaria para considerar que todo es opinable, que casi todo contribuye al debate, pero que nada es verdad absoluta y casi nada es indiscutible. Lo anterior vale para todos los campos de la opinología, pero mucho más para la jurídico-constitucional, la hagan expertos, profesionales o conocedores de la materia o quienes no lo sean.

Lo digo porque al igual que ocurrió con el artículo 155 de la Constitución, la declaración del estado de alarma en España (a efectos del impacto en la vida cotidiana, podríamos considerar que por primera vez desde 1978, aunque no sea así) ha suscitado y suscita un vivísimo debate sobre su alcance, efectos y consecuencias; sobre el margen de poder que ostenta el Gobierno y su control; y sobre cómo la declaración de ese estado y no de otro, afecta a derechos fundamentales, porque ha de afectarlos. Un cierto número de opinadores y opinadoras ya han sabido y saben qué, por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde se ha hecho bien, regular y mal respecto de la aplicación novedosa y prácticamente iniciática de un precepto constitucional que deberá tener y está teniendo su recorrido, su aplicación, sus prórrogas, su valoración, su debate y su ulterior doctrina del Tribunal constitucional, en su caso, y su interpretación jurídica (y también política y ciudadana), como todos los preceptos legales, “en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados”. No una interpretación en relación con la realidad social existente en tiempos de Cervantes, ni en el siglo 18 ni hace 40 años.

Que sea imperativo extremar la transparencia y veracidad informativa es evidente, pero en absoluto implica que no haya que extremar, también, los mecanismos de previsión y control frente a la fabricación de bulos y falsedades que pretenden la manipulación y el desconcierto

Que la aplicación del estado de alarma provoca duras polémicas políticas, jurídicas y filosóficas, pues claro. Que entran en contradicción, casi insalvable, derechos colectivos como la protección de la salud de la ciudadanía ante un enemigo no identificable individualmente, con derechos individuales como la libertad de circulación, por supuesto. Que como consecuencia de la aplicación del estado de alarma sea imperativo democrático extremar la transparencia y la veracidad informativa, es evidente. Pero que ello en absoluto implica que no haya que extremar, también, los mecanismos de previsión y control frente a la fabricación de bulos y falsedades que pretenden la manipulación y el desconcierto de una parte de la ciudadanía que no distingue aquéllos de la realidad, es también evidente.

Como se puede apreciar, todo complejo, todo opinable, nada sujeto a la verdad absoluta. Tan es así que yo mismo he limitado mi creación de opinión a la advertencia y denuncia frente a los bulos y su propagación sin contraste a cargo de necios, porque me parece, con diferencia, el hecho de mayor gravedad ocurrido al hilo de la situación que vivimos. Obviamente, excluidos los hechos que dependen de la opinión de la ciencia, que ni se me ocurre discutirlos.

Los derechos se protegen, se aplican, se limitan y se suprimen, pero jurídicamente, cualquier acción de las anteriores (y alguna más) siempre ha de ponderarse en relación a otros derechos que entran en juego

Los derechos se protegen, se aplican, se limitan y se suprimen, pero jurídicamente, cualquier acción de las anteriores (y alguna más) siempre ha de ponderarse en relación a otros derechos que entran en juego. El ejercicio de un derecho (por fortuna) nunca, jamás puede ser absoluto y frente a todo. Generalmente, el ejercicio de un derecho se controla a posteriori, una vez ejercido, para constatar que dicho ejercicio se ha ajustado a la legalidad y no ha puesto en peligro el ejercicio de otros derechos. Jamás pondré eso en duda. Pero como prueba (otra) de la complejidad del asunto, me explicaré mejor con un ejemplo, que me permito tomar prestado de una excelente reflexión jurídica del catedrático Tomás de la Cuadra. Antes diré que ha hecho fortuna la frase “la mejor manera de apreciar si una ley o un artículo de la ley es ponderada o justa, es comprobar que pensaríamos si dicha ley la aplicara el adversario político”. Lo comparto. Pero estiremos el argumento con el ejemplo al que me refería. Pongamos que alguien, digamos la autoridad gubernativa, tiene conocimiento de que un grupo de personas está planeando sabotear una sesión cinematográfica. Da igual el motivo. Para ello, acudirán a dicha sesión con normalidad, se sentarán cerca de la salida y en un determinado momento de la proyección, coincidiendo con una escena muy oscura, gritarán “fuego”. Dejo a la libre imaginación de quien esto lea, pensar lo que ocurriría a continuación o imaginar el pánico desatado.

Lo evidente es que no se ha producido ningún hecho. No se podría castigar al grupo de personas, puesto que no han realizado ninguna acción. Obviaré el debate de si el hecho de gritar “fuego” en el contexto citado, constituye o no un ejercicio del derecho de libertad de expresión (aunque se expresara una mentira con intenciones aviesas), porque además, repito, aún no se ha ejercido. Voy al momento anterior. Al momento en que la autoridad gubernativa (ya dije que era “un poner”) tiene conocimiento del plan del grupo de personas. ¿Actúa o no actúa? ¿Aplica la máxima de “las ideas no delinquen, tan solo los hechos” o no la aplica? ¿Espera que exista una acción concreta que, esta sí, es sancionable o no espera? O mejor aún, parafraseando la afortunada expresión anterior, afirmamos que “la mejor manera de apreciar si una ley o un artículo es ponderado o justo, es comprobar que pensaríamos si una de las personas presentes en la sala de cine fuera uno mismo o su hijo pequeño de 10 años, emocionado de poder asistir, en solitario, por primera vez, a una sala de cine”.

No respondo, porque no tengo la respuesta, ni creo que nadie la tenga de forma categórica, por más que parezca lo contrario leyendo algunas cosas en estos tiempos complejos para la opinología. Debates que la humanidad lleva siglos sin resolver, seguramente porque son irresolubles y de lo que se trata es de conllevarlos con el mejor espíritu, el mejor talante y la humilde asunción de su complejidad, no se pueden resolver en un artículo, en un post, ni mucho menos en un tuit. Tan antiguo y duradero es el debate del control que el Gobierno ejerce sobre el ciudadano, el debate del control de la acción de gobierno, y del control que el poder judicial hace sobre el gobierno, y el control que los Tribunales constitucionales hacen sobre los jueces que controlan al gobierno, que ya una célebre locución latina decía “quis custodiet custodes?” (quien vigila a los vigilantes), como para arreglarlo nosotros en estas semanas de confinamiento.

Asumamos de buen grado la complejidad y la falta de certezas que nos ofrece el mundo global de hoy. Mantengamos las convicciones (solo faltaría) pero siendo conscientes de que son suficientes unas cuantas.