"El urbanismo del desacato: Granada y el arte de no demoler"
Hay en la política granadina un aroma rancio, una mezcla de incienso y fritanga administrativa que marea al más pintado. Hablo de esa asombrosa capacidad de nuestro Ayuntamiento para transformar una sentencia judicial firme en una suerte de sugerencia lejana, casi poética, que se puede ignorar sistemáticamente mientras los negocios de hostelería del Pabellón Mulhacén siguen tirando cañas sobre un suelo que, por ley, debería ser ya escombro y recuerdo. Lo que ocurre en esa parcela no es solo un conflicto urbanístico; es el síntoma de una metástasis institucional: el desprecio absoluto de la administración por el Estado de Derecho cuando este le lleva la contraria.
El guion es tan previsible que produce náuseas. Un tribunal dicta que lo construido en el entorno del Pabellón Mulhacén es ilegal. No hay matices. No hay interpretación posible. Hay que demoler media docena de negocios que nunca debieron estar allí. Pero, ¿qué hace el Ayuntamiento de Granada? En lugar de enviar las piquetas, envía a sus leguleyos a buscar el "atajo administrativo". Se activan las máquinas de dilación masiva, esas que permiten que pasen los años, las legislaturas y los alcaldes, mientras la ilegalidad se consolida por la vía de los hechos consumados y se certifica la ruina del perjudicado.
Esta práctica de eludir sentencias adversas mediante la ingeniería burocrática no es nueva, pero en Granada ha alcanzado cuotas de cinismo insoportables. Nos recuerda, inevitablemente, al escandaloso caso de El Algarrobico en Almería
Esta práctica de eludir sentencias adversas mediante la ingeniería burocrática no es nueva, pero en Granada ha alcanzado cuotas de cinismo insoportables. Nos recuerda, inevitablemente, al escandaloso caso de El Algarrobico en Almería. Allí, como aquí, la administración se especializó en el noble arte de dictar actos administrativos nuevos para esquivar el cumplimiento de los viejos. Es el juego del gato y el ratón, donde el gato es una institución pública que utiliza el dinero de todos para defender lo indefendible, y el ratón, la ciudadanía y la Justicia, que corren agotados detrás de una administración que se cree por encima del bien y del mal.
Lo más sangrante de este modus operandi es el uso -y abuso- de los llamados "informes técnicos externos". Cuando el criterio de los funcionarios de la casa es demasiado honesto o demasiado rígido para los planes del político de turno, se saca la billetera pública. Se contratan consultoras o expertos de renombre que, previo pago de honorarios nada despreciables, acaban redactando folios y folios que, curiosamente, siempre coinciden con los deseos de la administración. Estos informes suelen concluir que demoler es "lesivo para el interés público", que la indemnización sería inasumible o que el impacto ambiental de quitar el cemento ilegal es peor que dejarlo allí. Es la perversión absoluta del lenguaje: llaman "interés público" a la protección de intereses privados que operan fuera de la ley.
Esta práctica es, en esencia, una estafa al ciudadano. El Ayuntamiento de Granada está jugando a la ruleta rusa con el bolsillo de los granadinos
Esta práctica es, en esencia, una estafa al ciudadano. El Ayuntamiento de Granada está jugando a la ruleta rusa con el bolsillo de los granadinos. Cada día que pasa sin que se cumpla la sentencia del Pabellón Mulhacén, el contador de la futura indemnización sigue corriendo. Porque no nos engañemos: al final, cuando ya no queden más recursos absurdos ni informes de encargo a los que aferrarse, la demolición llegará o, peor aún, la compensación al empresario que se siente perjudicado por la propia desidia municipal será astronómica. Y esa factura, la de la soberbia y la incompetencia, no la pagará el concejal de Urbanismo de turno, ni la alcaldesa que firmó la última prórroga. La pagaremos nosotros, detrayendo recursos de los colegios, de los buses urbanos, de las blbiotecas, de la limpieza de los barrios o de la ayuda social.
Es profundamente irritante ver cómo la administración exige al ciudadano medio el cumplimiento escrupuloso de cada ordenanza, el pago puntual de cada multa y el respeto a cada centímetro de su licencia de obra, mientras ella misma se permite el lujo de pisotear una sentencia firme. El mensaje que se envía es demoledor: la ley es para los débiles; para los poderosos y sus amigos, existen los informes externos y las dilaciones infinitas.
El Pabellón Mulhacén se ha convertido en el monumento a la impunidad en Granada. Cada vez que pasamos por allí y vemos esos negocios funcionando, lo que vemos en realidad es un Ayuntamiento en rebeldía contra la Justicia , contra la lógica y contra la ética. La parálisis administrativa no es un error de gestión, es una decisión política deliberada para proteger un statu quo de ilegalidad.
¿Cuántos informes de parte más necesitan para entender que "firme" significa que se acabó el tiempo de hablar y empezó el de actuar?
¿Hasta cuándo piensa el Ayuntamiento de Granada seguir burlándose de los tribunales? ¿Cuántos informes de parte más necesitan para entender que "firme" significa que se acabó el tiempo de hablar y empezó el de actuar? Mientras sigan dilatando lo inevitable, seguirán engordando una deuda que es, ante todo, moral. Pero en esta ciudad, parece que la moral cotiza a la baja cuando se trata de reconocer que se hicieron las cosas mal y que la única salida digna es la piqueta. Granada no se merece una administración que actúe como un trilero jurídico. Merece respeto a la ley, aunque esta duela. Especialmente cuando duele.
