El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado "las graves consecuencias económicas e institucionales" que la ciudad sigue sufriendo a causa de la gestión urbanística del Partido Popular. La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha alertado sobre la fianza conjunta y solidaria de cinco millones de euros exigida en la reciente apertura de juicio oral de la pieza 'Mulhacén', enmarcada en el caso Nazarí, donde el Consistorio figura como responsable civil subsidiario. Esta resolución sienta en el banquillo a la exconcejal de Urbanismo del PP Isabel Nieto, a un promotor y a tres ex altos cargos municipales.

"No estamos ante un fallo administrativo aislado, sino ante una forma continuada de entender el urbanismo para que unos pocos se enriquezcan a costa del interés general. El PP se dedicó a jugar al Monopoly con el dinero y el suelo de todos los granadinos, dejándonos una hipoteca que la ciudad entera sigue asumiendo hoy en día", denuncia Raquel Ruz

"Es intolerable que, una década después de la Operación Nazarí, los granadinos sigan pagando los platos rotos de una época muy oscura para nuestra ciudad", ha lamentado Ruz, quien ha señalado que las arcas públicas, que sostienen los servicios de todos los ciudadanos, "estén comprometidas ante estas peticiones millonarias". Según la edil, "no se trata de un error puntual". "No estamos ante un fallo administrativo aislado, sino ante una forma continuada de entender el urbanismo para que unos pocos se enriquezcan a costa del interés general. El PP se dedicó a jugar al Monopoly con el dinero y el suelo de todos los granadinos, dejándonos una hipoteca que la ciudad entera sigue asumiendo hoy en día", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que en el caso de la concesión del Pabellón Mulhacén las acusaciones piden la nulidad de las licencias que permitieron la construcción de restaurantes en suelo de uso deportivo. Esto, en la práctica, podría suponer la declaración de ilegalidad de todo lo construido, añadiendo "un problema monumental a la ciudad". "Esta nueva resolución judicial engrosa una larguísima y vergonzosa lista de varapalos económicos derivados de la etapa del Partido Popular, que ya han costado a Granada más de 30 millones de euros en la última década", ha añadido la dirigente socialista.

Ruz ha detallado "los perjuicios más sangrantes de esta nefasta herencia", recordando los 16,5 millones de euros del caso Penta en La Chana "por regalar aprovechamientos urbanísticos"; el casi un millón de euros, incluyendo intereses de demora, que hay que devolver por el caso Serrallo al "vender terrenos para una discoteca inviable"; el millón y medio por los convenios declarados inviables de Villa Pineda; otra cantidad idéntica por la ocupación de terrenos privados colindantes al propio Pabellón Mulhacén; y un millón de euros más por expropiaciones irregulares en el Cerrillo de Maracena.

Ante estas "escandalosas cifras", la portavoz del PSOE ha manifestado: "Con esos más de 30 millones de euros despilfarrados, este Ayuntamiento podría haber construido cientos de viviendas públicas para nuestros jóvenes, haber mejorado de forma integral los barrios o fortalecido los servicios sociales. En lugar de eso, nuestro dinero se evapora pagando las indemnizaciones y las sentencias del urbanismo a la carta del PP".

Ruz ha señalado también  a la ciudadanía de dónde vienen estos lodos. "No podemos olvidar que la actual alcaldesa, Marifrán Carazo, y su primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, formaban parte de aquel gobierno de José Torres Hurtado. Su gestión llevó a Granada a la bancarrota técnica, manchó el nombre de nuestra ciudad y, como demuestra este enésimo auto judicial, sigue limitando y condicionando gravemente el presente y el futuro de todos los granadinos", ha concluido.