La delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado esta mañana ante el Defensor del Pueblo Español la "grave situación de vulnerabilidad" en la que se encuentran las personas migrantes que fueron dejadas en situación de calle en Granada tras pasar las últimas 72 horas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril. El grupo abandonado forma parte de las 65 personas rescatadas de varias pateras el viernes y evacuadas al Puerto de Motril.

El traslado a Granada donde fueron abandonados a las puertas de la Subdelegación para pasar la noche, "sin ningún recurso", es, según sostiene la organización, "una grave vulneración de los derechos fundamentales de estas personas". 

Finalmente, explica Pro Derechos Humanos, "tras las gestiones realizadas in situ por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Médicos del Mundo, las 16 personas(*) fueron llevadas a las 4 de la  madrugada al pabellón Paquillo Fernández, donde pasaron el resto de la noche, en unas instalaciones que carecían de limpieza, camas y ni la desinfección mínima en un momento de pandemia". "Solo encontraron tres o cuatro colchonetas, obviamente insuficientes para 16 personas, por lo que la mayoría han tenido que dormir en el suelo", denuncia la asociación.

Además, recalcan, desde anoche "ninguna administración les ha surtido de alimento alguno por lo que han sido las organizaciones sociales las que han tenido que llevarles algo de comer, avituallamiento y mascarillas que en estos momentos realizan a través de la reja del pabellón, pues las instalaciones han sido cerradas al paso para la asociaciones que han estado acompañando a estas personas a lo largo de la noche, solo una persona de nuestra organización se encuentra con ellos".

APDHA recuerda que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas advirtió, en relación a la pandemia provocada por el Covid-19, que los Estados "tienen la obligación de establecer las medidas necesarias para proteger la salud de los migrantes y establecer urgentemente alternativas a la detención sin custodia como una med medida para mitigar estos riesgos”. Además, tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han instado a los Estados a que “respeten al mismo tiempo el derecho de asilo y la protección contra la devolución y proporcionen la asistencia sanitaria necesaria a quienes la necesiten".

Sin embargo, tal y como afirman desde APDHA, "en este caso ha ocurrido todo lo contrario. La descoordinación ha sido total".

Por otra parte, informan que han solicitado tanto a la Subdelegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Granada "una alternativa habitacional inmediata". De igual modo, han pedido a la Subdelegación que "se dispense una autorización a cada una de estas personas que les permita continuar sus trayectos hasta las localidades de destino sin riesgo de ser sancionadas".

Además, han dirigido una queja al Defensor del Pueblo Español en la que solicitan que "inste a la Secretaría de Estado de Migraciones buscar alternativas habitacionales suficientes en espacios de no detención, así como establecer protocolos de colaboración entre las distintas administraciones territoriales implicadas en la materia". 

*Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de Motril indican que son 17. La asociación refiere 16.