Una negociación para llevar a Andalucía a la derecha extrema
El inapelable triunfo del PP de Juan Manuel Moreno en las elecciones del pasado 17 de mayo, (con un 64,8 por ciento de participación, 6,5 puntos más que en 2022) llegó, no obstante, con un pero que le borró tres horas más tarde la exultante alegría que mostró a las 20.00 horas de aquel domingo con la encuesta a pie de urna, cuando el recuento definitivo le dejó a dos diputados de la mayoría absoluta.
Otra imagen de Moreno y Gavira en la reunión de septiembre de 2023. J.A.
Su amplia victoria le valida para presidir por tercera vez la Junta de Andalucía, pero al no lograr su único objetivo de revalidar la absoluta mayoría le obliga a llegar a un acuerdo global con la extrema derecha para garantizarse en la nueva legislatura -la XIII- un gobierno estable. Su único lema en la campaña electoral -como si eso no garantizara una buena gestión-, con la finalidad de impedir lo que dictaron, por contra, las urnas.
Pasó así de mayoría absoluta, con su rodillo parlamentario, a la absoluta dependencia de la ultraderecha, cuyo alcance determinarán PP y Vox en una negociación abierta e, inevitablemente, sin líneas rojas
Pasó así de mayoría absoluta, con su rodillo parlamentario, a la absoluta dependencia de la ultraderecha, cuyo alcance determinarán PP y Vox en una negociación abierta e, inevitablemente, sin líneas rojas, por mucho que pregonen los populares de su existencia, sin concretarlas, que conducirá a Andalucía, en una nueva vuelta de tuerca, tras las dos últimas legislaturas de marcado carácter conservador, hacia un territorio político inédito hasta ahora: el gobierno de la derecha extrema.
En qué medida Andalucía quedará inmersa en un gobierno de derecha extrema dependerá de la influencia en la Junta de Andalucía de la derecha radical y ultranacionalista española -que no patriótica-, en una negociación en la que Juan Manuel Moreno -y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP- deberá decidir hasta dónde quiere claudicar ante Vox. Eso es lo relevante.
Aunque lo haya querido borrar, Moreno ya tragó sin rechistar las exigencias del grupo ultraconservador, muchos menos embravecido que ahora, cuando tras las elecciones de 2018 necesitó su apoyo parlamentario para el primer gobierno de derechas en la comunidad, con PP y Ciudadanos
Secundario resulta para Andalucía, aunque no para el PP-A, que el acuerdo final, y lo que se vaya conociendo, dañe la imagen de moderación, como vende la potente maquinaria del PP-A y su poderoso brazo armado mediático. Sin embargo, aunque lo haya querido borrar, Moreno ya tragó sin rechistar las exigencias del grupo ultraconservador, muchos menos embravecido que ahora, cuando tras las elecciones de 2018 necesitó su apoyo parlamentario para el primer gobierno de derechas en la comunidad, con PP y Ciudadanos.
La primera prueba se conocerá el próximo jueves, 11 de junio, cuando a las 12.00 horas, en la sala Alberto Jiménez Becerril -por obras en el salón de pleno- se celebre la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento de Andalucía, con la toma de posesión de los 109 diputados, 53 del PP (cinco menos que en 2022); 28 del PSOE-A (dos menos); 15 de Vox (uno más); 8 de Adelante Andalucía (más 6) y 5 de Por Andalucía (igual).
Y lo que es más importante, la constitución de la mesa, órgano que controla la agenda y los debates parlamentarios. En el mandato anterior, sin que por la proporcionalidad le correspondiera, Moreno cedió una vicepresidencia a Vox en la mesa.
Moreno, en la noche del 17M, tras conocerse los resultados definitivos. PP
El precedente de 2018: pacto con recortes en inmigración, género, Memoria Democrática y educación
En su larga trayectoria política en el PP a la que ha dedicado hasta ahora su vida (no se le conoce trabajo fuera del partido o de las instituciones que gobernaba), Juan Manuel Moreno hizo historia como el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras las elecciones de 2018. Y ello, a pesar de que en el resto de Europa se aplicaba un estricto cordón sanitario por el que los partidos conservadores rechazaban pactar con las extremas derechas, que resurgían. (En febrero de 2020, el primer ministro (presidente) de la región alemana de Turingia dimitió a las 24 horas de ser elegido con el apoyo de la extrema derecha, tras la petición de su propio partido (liberales) y de la canciller alemana Angela Merkel).
Para ello, Moreno firmó numerosos pactos –tres de ellos suscritos también por Cs– que incluyeron cesiones a la ultraderecha en inmigración, género, Memoria Democrática o educación, de los que parece que nadie, incluido el PP-A, se acuerda
El ahora vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones, que asumirá la presidencia en 2027 -gracias al respaldo también de los socialistas europeos- rompió la tendencia en todo el continente y pactó con la extrema derecha, porque con 26 diputados -siete menos que los que obtuvo en 2015 (33) y 24 menos que los que consiguió Javier Arenas en 2012 (50)-, necesitaba a los 11 diputados de Vox en el Parlamento para poder gobernar en un ejecutivo de coalición con Ciudadanos. El PSOE, entonces, ganó los comicios con 33 diputados, pero no podía alanzar la mayoría con los 17 de la otra izquierda.
Para ello, Moreno firmó numerosos pactos –tres de ellos suscritos también por Cs– que incluyeron cesiones a la ultraderecha en inmigración, género, Memoria Democrática o educación, de los que parece que nadie, incluido el PP-A, se acuerda
“Primero nosotros”
Pese a que la Junta no tenía (ni ahora) competencias en inmigración, los pactos sobre esta materia exigidos por Vox fueron frecuentes. Ya en enero de 2019 firmaron un primer acuerdo el propio Moreno, en busca de votos para su investidura, con el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, y por parte de Vox, el portavoz andaluz, Francisco Serrano (a las puertas de ser juzgado por apropiación indebida), y Javier Ortega Smith, ahora expulsado. El acuerdo obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental".
Por exigencia de Vox, PP y Cs se comprometieron a que la Junta promovería un convenio con el Ministerio del Interior para combatir la "inmigración irregular". Además, las tres fuerzas acordaron detraer de los presupuestos 600.000 euros para la integración de inmigrantes y dedicarlos a infraestructuras judiciales
Los pactos alcanzados en junio y octubre de 2019 para los presupuestos de aquel año y 2020 volvieron a incorporar la inmigración por exigencia de Vox. PP y Cs se comprometieron a que la Junta promovería un convenio con el Ministerio del Interior para combatir la "inmigración irregular". Además, las tres fuerzas acordaron detraer de los presupuestos 600.000 euros para la integración de inmigrantes y dedicarlos a infraestructuras judiciales.
Introdujo un compromiso titulado "Seguridad centros MENAS", menores no acompañados, una de sus principales dianas, a los que señala Se trataba de "contener posibles situaciones de conflicto" en dichos centros. Se firmó un 23 de octubre. Unos días después, el 4 de noviembre, Rocío Monasterio (fuera de Vox, ya) acudió a Sevilla para denunciar ante un centro de menores inmigrantes en La Macarena la situación de "inseguridad" que podía provocar una "manada de MENAS".
Otro acuerdo presupuestario con las firmas del PP, Cs y Vox incluía una medida que vinculaba inmigración y delincuencia, como hace la extrema derecha radical: “Seguridad en centros MENAS”. En otro punto explicitaba que habría una rebaja de 3 millones del presupuesto de la Agencia de Cooperación Internacional para dar ese dinero al Banco de Alimentos. “Primero lo nuestro”, valoraba Vox el acuerdo, un mensaje clásico del nacionalismo xenófobo. Ocho años después, “prioridad nacional”.
Desprecio a la Memoria Democrática
La Memoria ha sido siempre una de las obsesiones de Vox, un partido cuyo presidente, Santiago Abascal, ha acusado reiteradamente al PSOE de “provocar” la Guerra Civil y considera los gobiernos de la dictadura franquista “preferibles” al actual. El partido ultranacionalista español siempre ha despreciado en Andalucía a las familias de los que quieren buscar los restos de sus familiares. "Buscadores de huesos", los ha tildado.
Se trataba de una exigencia que daba pábulo al discurso de Vox, según el cual, las asociaciones de familiares de víctimas son “chiringuitos”, con un desprecio similar al que dispensa a las asociaciones de mujeres o feministas.
El acuerdo de junio de 2019 de PP, Cs y Vox limitaba las ayudas a las asociaciones memorialistas. El Gobierno andaluz de derechas se comprometía a cambiar las reglas de las subvenciones para que "nunca pueda ir más del 20 por ciento del total del dinero a financiar gastos estructurales de la asociación". Se trataba de una exigencia que daba pábulo al discurso de Vox, según el cual, las asociaciones de familiares de víctimas son “chiringuitos”, con un desprecio similar al que dispensa a las asociaciones de mujeres o feministas.
El pacto de investidura PP-Vox recogía también la aprobación de una Ley de Concordia para sustituir a la Ley de Memoria Histórica, aprobada sin votos en contra en 2017, cuando gobernaban los socialistas, y sustituía el cargo de director general de Memoria Democrática por un "comisionado de Concordia".
Igualdad y violencia de género
La extrema derecha, que apuntaba y apunta y luego disparaba y dispara con artillería pesada contra las políticas igualdad y la lucha violencia de género, consiguió logros. El acuerdo de junio de 2019 recogía la supresión de la expresión "transversalidad de género” de los presupuestos y la creación del "teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar", término que Vox opone a la "violencia de género". Igualdad, entonces, gestionada por Cs, habilitó el teléfono "intrafamiliar".
Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género en noviembre de 2020, con un acuerdo con PP y Cs que incluía una “auditoría” de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si lograban o no sus objetivos
Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género en noviembre de 2020, con un acuerdo con PP y Cs que incluía una “auditoría” de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si lograban o no sus objetivos. Los dos partidos de gobierno lo justificaban asegurando que no había nada malo en fiscalizar. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido de Abascal de venderlo: “Auditar los inútiles informes de impacto de género”.
Pero el presidente Moreno, que gobernaba con el respaldo de la ultraderecha, lo calificó como “crimen familiar”, como reduce Vox.
El comentario de Moreno en X generó fuertes críticas por invisibilizar la violencia de género. Tantas y tan duras que Moreno se vio obligado a rectificar posteriormente, cuando pidió a la sociedad que se concienciara para frenar la violencia machista.
Educación: la “autorización parental”
Tras las elecciones de diciembre de 2018, Albert Rivera negaba que Cs fuera a llegar a ningún acuerdo con la ultraderecha. Es más, Juan Marín, líder de Cs en Andalucía y vicepresidente de aquel gobierno -premiado, ahora por Moreno con la presidencia del Consejo Económico y Social de Andalucía-, llegó a pedir al PP "explicaciones" por un café informal del líder regional del PP con su homólogo de Vox.
El pacto de octubre de 2019 recogía la creación de "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias"
Pero Cs, al que se le auguraba su final, nada tardó tras tocar poder, en colocar a los suyos y desaparecer, luego, consecuentemente, absorbido por los populares. ¿Se acuerdan de la "foto de Colón" de febrero de 2019 y la consiguiente posición de los naranja tras los resultados en las generales de abril de 2019, cuando se sumó al PP y Vox al rechazo a la investidura de Pedro Sánchez y renunció a explorar un pacto de centro (sic)-izquierda, que precipitó su fin.
El pacto de octubre de 2019 recogía la creación de "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias". Es lo que Vox llamaban "pin parental". También reclamó acabar con las zonas educativas, para favorecer a la concertada, pero no consiguió su aplicación.
La Junta acabó repartiendo subvenciones en cuatro comunidades bilingües –Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y País Vasco– para “proteger a los andaluces de la "inmersión lingüística" a través de programas de "humor andaluz", copla, teatro infantil, gastronomía, flamenco y "juegos populares"
Hubo ocasiones en las que el Gobierno andaluz de derechas, al aceptar exigencias de Vox, arrastró a la Junta a decisiones insólitas, si no peregrinas. Así ocurrió con las ayudas de la Junta contra la "inmersión lingüística". El punto de partida fue el acuerdo entre PP, Cs y Vox de junio de 2019. El partido de Abascal logró el compromiso del Gobierno andaluz de crear una línea de ayudas de 100.000 euros "para paliar los problemas" provocados por la "inmersión lingüística". Era un empeño de Vox, que quería hacer política contra el independentismo catalán con cargo al presupuesto de la Junta. ¿En qué terminó? La Junta acabó repartiendo subvenciones en cuatro comunidades bilingües –Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y País Vasco– para “proteger a los andaluces de la "inmersión lingüística" a través de programas de "humor andaluz", copla, teatro infantil, gastronomía, flamenco y "juegos populares".
Lo pactado entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla-León, que se avecina en Andalucía
Al precedente en Andalucía en 2018, en el que Moreno pactó sin rubor con la extrema derecha, hay otros más recientes que, para Vox marcan el camino del pacto en esta comunidad autónoma. Son los acuerdos para formar gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla-León.
En todos ellos, tan parecidos, que hasta que figuran texto copiados en los acuerdos, figura la máxima de Vox: “prioridad nacional”. Según esa prioridad, los españoles tendrán preferencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones públicas
En todos ellos, tan parecidos, que hasta que figuran texto copiados en los acuerdos, figura la máxima de Vox: “prioridad nacional”. Según esa prioridad, los españoles tendrán preferencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones públicas.
En vivienda, se exigirán 10 años de empadronamiento para compra y cinco para alquiler social.
El acuerdo incluye también eliminar subvenciones a ONGs que apoyan a extranjeros y facilitar el retorno de menores migrantes no acompañados. Lo que afecta a entidades como Cáritas.
A cambio, estabilidad presupuestaria. Vox se compromete a apoyar los Presupuestos autonómicos durante cuatro años, con el primero previsto para 2027, a cambio de su entrada en los gobiernos.
Pero esa prioridad nacional, que acepta el PP, es ilegal, además de xenófoba y racista
Pero esa prioridad nacional, que acepta el PP, es ilegal, además de xenófoba y racista. El artículo 14 de la Ley de Extranjería garantiza a los residentes extranjeros los mismos derechos sociales que a los españoles. Por eso el acuerdo recurre al eufemismo del “arraigo real”. Esto significa que priorizará a quienes lleven al menos diez años empadronados en Extremadura para acceder a una vivienda en compra.
Y aunque se reformara la ley, que depende del Gobierno de España, tampoco sería suficiente, porque los tratados de la UE prohíben discriminar a los ciudadanos comunitarios por nacionalidad. Solo cabría una “preferencia comunitaria”, nunca la “prioridad nacional” que Vox reivindica.
La entrada de la extrema derecha en los gobiernos con consejerías como Desregulación, Familia, Juventud, Infancia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte.
Además, la entrada de la extrema derecha en los gobiernos con consejerías como Desregulación, Familia, Juventud, Infancia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. Un clásico de la extrema derecha, que no ha demostrado hasta ahora capacidad de gestionar.
Así, que la próxima vez que el Ministerio de Juventud e Infancia convoque a los consejeros de las comunidades para la reunión de la Conferencia Sectorial, tres de los dirigentes autonómicos serán ya de Vox. Porque los pactos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León han alumbrado un mapa en el que ahora hay tres consejeros de la extrema derecha con las competencias del ramo, tras el empeño especial con controlar estas competencias sobre los menores migrantes no acompañados, cuya distribución por los territorios se aborda en esa mesa conjunta. Y puede que haya un cuarto, el de Andalucía.
