El pasado 2 de julio, tras firmar el pacto de gobierno con Vox que le garantizaba la investidura como presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno anunció que Manuel Gavira tendría rango de vicepresidente y asumiría las competencias en Turismo, Justicia y Administración Local. Una semana después, dio a conocer la composición de su Gobierno al completo, las tareas que asumirían los consejeros y consejeras y la letra pequeña de las competencias asignadas a esas áreas. Esa letra pequeña, con la que conocimos por ejemplo que Cetursa estará asignada a Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y no a Fomento, como estaba en la anterior legislatura, cuando fue el trampolín de Marifrán Carazo a la Alcaldía de Granada, certifica también que la ultraderecha gestionará políticas para hacer frente a la violencia de género. En concreto, todas aquellas relacionadas con Justicia. 

Así, en la XIII Legislatura, un partido que niega la existencia de la violencia de género y que hace gala de ello tendrá bajo su mando una parte muy importante de la respuesta a las mujeres que la sufren. La otra parte seguirá en la Consejería de Asuntos Sociales, Familias e Igualdad que seguirá dirigiendo Loles López (PP). Con ella, una parlamentaria de Vox tuvo en octubre del pasado año en el Parlamento un debate que es un claro ejemplo de la manera en la que el socio del PP actúa y su posición.

Una parlamentaria de ultraderecha -Purificación Fernández Morales- interpelaba a Loles López en comisión parlamentaria y, para exponer su posición, contó que había visitado un centro de atención integral 24 horas a víctimas de agresión sexual -estos siguen dependiendo de la Consejería de López en esta legislatura-. Tras cuestionar su funcionamiento y afearle a la consejera que mantuviera "la red de chiringuitos ideológicos, como el IAM", el Instituto Andaluz de la Mujer y otros centros, como el que había visitado, se pronunció en los siguientes términos:

"Sabe lo que va a hacer Vox" con "la red de chiringuitos ideológicos como el IAM", le dijo una parlamentaria ultra a la consejera de Igualdad, "los vamos a cerrar todos"

"Sabe lo que va a hacer Vox cuando gobierne, los vamos a cerrar todos", le espetó la parlamentaria ultra a la consejera. Loles López, molesta pero sin llegar a pisar los callos de Vox -entonces no eran socios pero se barruntaba qué podía ocurrir-, le afeó que su objetivo fuese cerrar "todos los recursos para la violencia de género". No lo negó la parlamentaria de Vox. "Está asintiendo con la cabeza", precisó la consejera. Son recursos, añadió López durante su turno, que salvan la vida a las mujeres que acuden, "que no son pocas". Allí, reciben atención psicológica y hay profesionales que las asesoran, jurídica o sociolaboralmente. "Respeto lo que usted está diciendo, pero créame, no la comparto en absoluto. Los recursos siempre se pueden mejorar, pero nunca negarle a una víctima de violencia de género ni el apoyo ni el respeto ni terminar de quitarle la dignidad", añadió Loles López, que esta legislatura tendrá a Vox como compañero de gobierno.

El pacto de gobierno entre PP y Vox que ha hecho presidente a Moreno y convertido en vicepresidente a Gavira no menciona la violencia machista

Lo hará con un pacto de 150 medidas en las que no se menciona la violencia machista. No hay ninguna medida para mejorar las casas de acogida o el centro 24 horas que visitó esa parlamentaria. Las únicas referencias a la mujer llegan en las medidas para fomentar la maternidad y otra que resume el ideario de Vox: la prohibición del uso en espacios públicos del "burka y nicab" y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro. Una medida a la que añade la siguiente coletilla: "No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustentan nuestra sociedad". De paso, otro elemento crucial del ideario de la extrema derecha: señalar al extranjero -a unos en concreto, no a todos-. 

Esa medida, por cierto, ya la ha colado Vox en ayuntamientos y diputaciones. Ocurrió en la Diputación Provincial de Granada y en el Ayuntamiento de la capital, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero la medida salió adelante. Se colocó en la Plaza del Carmen un cartel especificando que estaba prohibida la entrada con esas prendas. La Secretaría emitió un informe jurídico en el que advirtió de la ilegalidad de la medida. Cabe preguntarse si, como consejero de Turismo, defenderá esta medida en lugares como la Costa del Sol, donde no el burka, pero sí el niqab, es una prenda habitual en turistas procedentes de países como Arabia Saudí o Emiratos.

Es solo un ejemplo de la posición de Vox. Pero hay otros muchos que certifican su negacionismo de la violencia de género, como haber impedido año tras año, desde su llegada al Parlamento de Andalucía, que se aprobara una declaración institucional el 25 de noviembre. Para que sea una declaración institucional, el texto debe contar con el apoyo de todos los grupos. Han tenido que quedar en manifiestos. Entre esos ejemplos, la reciente iniciativa en el Senado, por parte de una senadora andaluza vinculada a Granada -Paloma Gómez- para borrar la Ley de Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad. 

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Cartel contra la violencia de género en una manifestación en Granada.  Foto: IndeGranada

Vox recibe la competencias para dar respuesta a la violencia de género desde el área de Justicia, un departamento del que dependen los Institutos de Medicina Legal y, con ellos, las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, las UVIVG

Es el contexto en el que Vox recibe la competencias para dar respuesta a la violencia de género desde el área de Justicia, un departamento del que dependen los Institutos de Medicina Legal y, con ellos, las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, las UVIVG. Son equipos clave  formados por profesionales de la medicina, la psicología y el trabajo social y encargados de prestar asesoramiento técnico pericial especializado en violencia de género a los tribunales y al Ministerio Fiscal, en todos los procedimientos penales relacionados con la violencia de género y los procedimientos civiles derivados de estos. Además -según detalla la Memoria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, recopilan, gestionan y difunden datos de su actividad y realizan labores de docencia e investigación en violencia de género. El servicio público prestado por la UVIVG debe garantizar la máxima calidad pericial, el respeto al secreto procesal, la independencia y fiabilidad en los informes emitidos para conseguir la mejora continua dirigida a la excelencia, añade la Memoria.

Para este ejercicio, precisamente, Justicia había anunciado mejoras, como la creación de la figura de un coordinador médico forense en cada unidad. Es un recurso, además, que está financiado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El socio de Moreno en Andalucía no oculta su "rechazo frontal" al Pacto contra la Violencia de Género. De hecho, el pasado año votó en contra de la renovación del acuerdo con mejoras respecto a las introducidas en 2017. 

De la Consejería de Justicia dependen los servicios de asistencia jurídica gratuita especializada para víctimas de violencia de género y otras medidas específicas orientadas a evitar, por ejemplo, que la víctima se cruce con el agresor cuando tiene que declarar, las llamadas 'salas gesell'. Así que, evitar a partir de ahora la exposición de las víctimas dependerá de la Consejería de Gavira. De todas las víctimas, no solo las asesinadas por hombres de determinada nacionalidad. 

También gestiona los Puntos de Encuentro Familiar, que tienen aún mejoras pendientes -en concreto, el despliegue de los equipos especializados- y que se convierten en escenario de verdaderos dramas en el que niños y niñas que han sido testigos de violencia hacia sus madres son obligados a encontrarsse con sus progenitores. 

Proyectos como la "Coordinación de Parentalidad", que voces críticas enlazan con el "Síndrome de Alienación Parental" que rechaza hasta el CGPJ, en manos de Vox

Esto enlaza con uno de los proyectos piloto que puso en marcha la Consejería de Justicia, una medida que suscita muchas dudas porque abona ideas negacionistas y sin aval científico, como es el Síndrome de Alienación Parental. Se trata de la "Coordinación de Parentalidad". En su día, Justicia -con el PP- lo presentó como "un servicio novedoso que pretende servir como alternativa para la resolución de conflictos familiares colaborando con los jueces de familia con el doble objetivo de proteger a los menores que se encuentran en medio de un conflicto entre adultos y descongestionar esta jurisdicción, facilitando la ejecución de las sentencias". Sin adornos en la descripción, se trata de una figura que, en casos en los que la custodia es de la madre, se estable un coordinador parental para fomentar el vínculo con el padre. 

Pero, como advirtió en la Cámara andaluza la parlamentaria socialista por Granada Olga Manzano, se trata de "un instrumento, una estrategia, un mecanismo pensado e ideado para perpetuar la violencia, esta vez institucional, hacia las mujeres y hacia sus hijos e hijas". Porque una de las causas de las rupturas familiares es la violencia machista. "Y esto es lo grave, señor consejero. Que casos en los que hay violencia machista -denunciada y no denunciada- ahora se les quiere enmascarar en casos de rupturas familiares con alta conflictividad sin más. Tras la Coordinación de Parentalidad está la ocultación de la violencia de género", advirtió la parlamentaria.

Lo que denunció entonces Olga Manzano, basándose entre otros informes en los análisis de la Asociación de Juristas Themis, es que esa "Coordinación de Parentalidad" mayoritariamente pretende "mantener el modelo de familia tradicional y patriarcal donde las madres son sumisas al patriarca, dominadas por este y se ven obligadas por encima de todo a fomentar el vinculo patero-filial. Obligarles a hacerlo no es actuar en defensa del interés superior del o la menor y les hace daño. Puede haber mayor drama que este para la madre y el o la menor?", se preguntó entonces en una comparecencia en la que recordó lo que hay detrás de este tipo de planteamientos: el Síndrome de Alienación Parental rechazado por el propio Consejo General del Poder Judicial. 

Al respecto, recordó -como el entonces consejero de Justicia, José Antonio Nieto (PP), había trasladado- que esa figura del 'coordinador parental' tuvo su origen en EEUU y que saltó a España de la mano de la Fundación Filia, defensora del Síndrome de Alienación Parental. Otra batalla ideológica de quienes niegan la violencia de género. 

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Hace un par de semanas, la Junta lanzó una campaña de difusión del teléfono de atención a las mujeres de cara al verano.

El año pasado, con motivo del 25N, Moreno -en ese momento con mayoría absoluta- hizo un llamamiento para no "negar la evidencia" y para no cometer "errores o negligencias" ante la "lacra" de la violencia de género, que definió como una "aberración salvaje". Más recientemente, el pasado 29 de junio, unos días antes de que PP y Vox sellaran su pacto, la consejera Loles López, en ese momento aún en funciones y que seguirá como responsable de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, presentó una campaña de difusión del teléfono de atención a las mujeres 900 200 999, una línea confidencial activa 24 horas y que atiende en 72 idiomas. El objetivo, según la Junta, reforzar la lucha contra la violencia de género y sexual durante el verano. La Junta tiene otro teléfono activo, el que llamó "Teléfono de Atención e información sobre la violencia intrafamiliar". Fue una exigencia de Vox en 2019 para hacer a Moreno presidente de la Junta por primera vez.

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