La antigua cúpula de Urbanismo y el promotor se enfrentan a penas de hasta 4 años de prisión por algunos de los delitos
La jueza del caso Nazarí abre juicio oral contra la excúpula de Urbanismo con el PP y fija una fianza de 5 millones por la operación Mulhacén
La exconcejala de Urbanismo con el PP Isabel Nieto, tres destacados funcionarios del área que dirigió la edil y el promotor Roberto García Arrabal serán juzgados por presuntos delitos de prevaricación urbanística, común u omisiva, fraude en la contratación y delito continuado de estafa de autoridad y funcionario público.
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A la fianza tendrán que hacer frente, de manera solidaria, los cinco acusados, la empresa Fontdeis y el propio Ayuntamiento de Granada
Imagen de archivo del Pabellón Mulhacén. m.r.
La jueza que ha investigado la presunta trama de corrupción urbanística en Granada durante mandatos del PP, el llamado caso Nazarí, ha ordenado la apertura de juicio oral en la pieza Mulhacén, una vez que la Audiencia de Granada, como informó El Independiente de Granada, ha resuelto todos los recursos presentados por los investigados. Serán juzgados Isabel Nieto, exconcejala de Urbanismo, tres destacados funcionarios del área que ella dirigió y el promotor Roberto García Arrabal. Han quedado fuera de la causa otros dos funcionarios para los que se ha acordado el sobreseimiento provisional.
Junto a los acusados y la empresa que estuvo vinculada a García Arrabal, el Ayuntamiento de Granada, como responsable civil subsidiario, también tendrán que prestar solidariamente la fianza
En el auto, al que ha tenido acceso este diario, la jueza fija una fianza conjunta de cinco millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades que puedan declararse en el juicio. Tendrán que hacer frente a esa cantidad solidariamente los cinco acusados y los responsables civiles subsidiarios, que son la empresa Fontdeis -vinculada al promotor cuando se aprobó esta operación- y el propio Ayuntamiento de Granada. Además, en la causa figura como responsable civil directo Mapfre Seguros.
La jueza expone en el auto que, de no prestar esa fianza, serán embargados y da tres días a acusados y responsables civiles para que informen al Juzgado de la relación de todo tipo de bienes y derechos de su propiedad, con sus cargas y gravámenes, avisándoles de que, de no hacerlo, podrá imponerseles una multa, o incluso instruir diligencias por presunto delito de desobediencia grave.
La apertura de juicio para esta pieza -la más importante- llega en una fecha simbólica, al haberse cumplido una década de la operación policial contra la presunta trama
La apertura de juicio para esta pieza -la más importante- llega en una fecha simbólica, al haberse cumplido una década de la operación policial contra la presunta trama. Se les atribuyen presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, prevaricación común, prevaricación activa y omisiva, además de un presunto delito continuado de estafa de autoridad y funcionario público y fraude en la contratación.
Además de la Fiscalía, en el caso ejercen acusación el empresario Ramón Arenas, denunciante y perjudicado; el PSOE y los tres concejales que formaban el grupo de Podemos-Izquierda Unida-Independientes, ya fuera del Consistorio.
En el caso de la Fiscalía, presentó escrito de acusación contra Isabel Nieto, el promotor y el funcionario Agustín B.; Ramón Arenas formuló, a través de su letrado, escrito de acusación contra los cinco acusados; el PSOE acusa a Isabel Nieto y al promotor; y los tres exediles de Podemos-IU-Independientes lo hacen contra Isabel Nieto, el promotor y uno de los funcionarios -Agustín B.-. Cada una de las acusaciones formula distintas peticiones de prisión, siendo la mayor de cuatro años de cárcel, además de inhabilitación especial para empleo, cargo público o contratación con el sector público.
Cabe recordar que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Granada solicitaron el sobreseimiento.
Lo que se ha investigado en esta pieza resume en buena medida cómo operaban los ahora acusados. La propia Audiencia de Granada lo ha explicado en los autos en los que ha rechazado los recursos del promotor García Arrabal o de los de Isabel Nieto y otros de los acusados. Hubo "una suerte de confabulación" entre el promotor y "determinados responsables" de la Concejalía de Urbanismo de Granada, con la concejala Isabel Nieto "a la cabeza".
La Audiencia de Granada determinó al rechazar los recursos de los acusados que finalmente se sentarán en el banquillo que existen "indicios racionales de criminalidad"
En virtud de esa supuesta concertación, "se habrían dictado, de modo arbitrario e ilegal, resoluciones administrativas concediendo licencias de obras y de ocupación y se habría informado favorablemente la aprobación de estudios de detalle modificativos de los términos en que fue inicialmente establecida la concesión administrativa sobre la parcela 1.385, que se adjudicó al investigado apelante, produciéndose así un perjuicio de los intereses del Ayuntamiento con el correlativo beneficio del empresario". García Arrabal "iba por delante de las decisiones y resoluciones que adoptaba Urbanismo, anticipando éstas" y "el resultado final (...) ha podido ser una efectiva disminución de las contraprestaciones a que venía obligado a tenor de las condiciones de la concesión inicialmente establecidas".
La Audiencia Provincial de Granada, al desestimar los recursos formulados por los acusados que finalmente se sentarán en el banquillo, ha determinado que existen "indicios racionales de criminalidad" en la operación Mulhacén.
