Izquierda Unida Granada condena "los recortes de la Junta de Andalucía en el servicio de Atención Temprana, que dejan al Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) del Hospital San Rafael sin equipo ni presupuesto adecuado, poniendo en riesgo la asistencia a cerca de 900 niños y niñas con necesidades especiales". Esta medida, derivada de un proceso de licitación que implica la reubicación de hasta 400 menores a otros centros, "vulnera la continuidad asistencial y rompe los vínculos terapéuticos construidos durante años, generando un retroceso en el desarrollo de los afectados y un duelo real para las familias".

Desde la formación de izquierdas advierten de que "el nuevo modelo de gestión impulsado por la Junta de Andalucía prioriza criterios mercantiles sobre el bienestar de los pacientes", generando una "incertidumbre inaceptable" para las familias. Según los datos recabados por IU y las denuncias de los colectivos afectados, hasta 900 menores podrían verse perjudicados por estos cambios, enfrentándose a la pérdida de sus terapeutas de referencia y a la interrupción de sus rutinas.

"Los niños y niñas con necesidades especiales no son números que puedan moverse de una casilla a otra en una hoja de cálculo. La confianza y el vínculo con sus terapeutas son parte fundamental de su desarrollo y recuperación", señala Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de la formación, haciéndose eco del temor de las familias.

Izquierda Unida Granada defiende un modelo público de sanidad que priorice el bienestar de los menores por encima de intereses económicos, oponiéndose a cualquier forma de privatización o desmantelamiento de servicios esenciales. 

Ante la gravedad de los hechos, Izquierda Unida, integrada en la coalición Por Andalucía, ha elevado el conflicto al Parlamento andaluz. La portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto, ha registrado formalmente una pregunta con ruego de contestación oral y escrita dirigida al Consejo de Gobierno para exigir explicaciones inmediatas sobre tres ejes fundamentales: conocer qué criterios objetivos se utilizarán para decidir qué menores serán obligados a abandonar el CAIT San Rafael; conocer las medidas concretas que adoptará la Junta para evitar la ruptura del vínculo terapéutico, pudiendo asegurar que ningún menor pierda sesiones ni vea reducido su tratamiento durante el proceso; por último, exigir que los nuevos CAIT atiendan exclusivamente a las nuevas altas, permitiendo que los menores ya tratados permanezcan en los centros que funcionan adecuadamente, como es el caso de San Rafael.

Izquierda Unida Granada reitera su apoyo incondicional a las movilizaciones de las familias y los profesionales, y advierte que continuará vigilante para impedir cualquier recorte encubierto que degrade la sanidad pública y los servicios de atención a la infancia en la provincia.