'La infame dictadura de la cita previa'
Imagine por un momento que entra a una cafetería, pide un café y el camarero les espeta: “Lo siento, no puedo ponerle su café porque no tiene usted cita previa. Hágame el favor de salir a la calle, escanee el código QR que está pegado en la farola de enfrente, pelee con la aplicación que se cuelga sistemáticamente cada tres minutos, consiga un hueco para el próximo 14 de octubre a las ocho y media de la mañana y, entonces, si el servidor informático de la nube nos es propicio, volveré a preguntarle que desea”. Usted pensaría, con toda la razón del mundo, que ese camarero ha perdido el juicio o que le están gastando una broma pesada para un programa de televisión. Sin embargo, si en lugar de una cafetería privada cambiamos el escenario por el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, cualquier oficina de Extranjería, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), su ayuntamiento de cabecera o la mismísima estación de la ITV, la escena no solo deja de ser una broma descabellada, sino que pasa a convertirse en la cruda, humillante e indignante realidad cotidiana de millones de ciudadanos españoles. Bienvenidos a la República Burocrática del Algoritmo Sordo, un Estado paralelo edificado sobre la vía de los hechos consumados, donde la Administración Pública ha decidido, de manera unilateral y con una soberbia incalificable, atrincherarse detrás de una pantalla y declarar al administrado «persona non grata».
Pero, ¿qué importa la Carta Magna cuando hay que cumplir los ratios de productividad desde la comodidad del teletrabajo mal entendido o desde la ventanilla con el cartel de "Cerrado"?
Lo más fascinante, y a la vez lo más terrorífico, de esta gran estafa contemporánea es que la exigencia de la cita previa obligatoria es radicalmente ilegal. Así de claro, así de contundente y así de flagrante. No existe en todo el ordenamiento jurídico de nuestro país ni una sola norma con rango de ley que ampare semejante atropello, ni que faculte a un funcionario para rechazar la atención presencial de un ciudadano. El artículo 103 de nuestra muy manoseada Constitución Española y la Ley del Procedimiento Administrativo Común garantizan, con letras que hoy parecen de ciencia ficción, el derecho de los ciudadanos a relacionarse presencialmente con la Administración sin obstáculos arbitrarios. Pero, ¿qué importa la Carta Magna cuando hay que cumplir los ratios de productividad desde la comodidad del teletrabajo mal entendido o desde la ventanilla con el cartel de "Cerrado"?
La Administración ha decidido saltarse la ley a la torera, imponiendo de facto un peaje digital que vulnera el derecho más elemental de la ciudadanía: el de acceder libremente a los registros y servicios públicos. Nos han colado una dictadura procedimental por la puerta de atrás, aprovechando la coyuntura de una pandemia que ya queda lejos, y la han cronificado para mayor gloria de una maquinaria burocrática que parece odiar al público.
El paroxismo absoluto de este despropósito llega cuando el ciudadano de a pie, tras pasar semanas enteras sufriendo insomnio, actualizando la página web del ministerio de turno a las doce de la noche, a las dos de la madrugada y a las seis de la mañana, solo recibe como respuesta el sempiterno mensaje en letras rojas: “No hay citas disponibles en este momento, inténtelo más tarde”.
Nos han situado en un bucle kafkiano diseñado para desesperar al más paciente. Sin embargo, ¡oh, milagro de la economía sumergida!, si ese mismo ciudadano, asfixiado por la necesidad de tramitar un subsidio o de renovar un papel vital, decide pasar por caja y pagar religiosamente entre treinta y ochenta euros en locutorios, portales web de dudosa legalidad o a intermediarios desaprensivos, la cita imposible aparece en apenas unas horas como por arte de magia.
Las citas administrativas, que son un bien público e intransferible, cotizan en un mercado negro que florece a la vista de todos ante la pasividad complaciente de las autoridades. Estamos ante una indecencia mayúscula “externalizando” el derecho de acceso al Estado. Si tienes dinero para pagar el peaje del intermediario pirata, la Administración te abre las puertas; si no lo tienes, eres un paria digital condenado a la exclusión social y al olvido.
La guinda de este pastel de la infamia la encontramos en la reciente noticia de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario del SEPE por el terrible e imperdonable delito de... ¡atender a personas que no tenían cita previa!
La guinda de este pastel de la infamia la encontramos en la reciente noticia de la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario del SEPE por el terrible e imperdonable delito de... ¡atender a personas que no tenían cita previa! Vivimos en un país tan desquiciado que se castiga con saña la empatía, la eficiencia y el servicio público real, mientras se premia el estricto cumplimiento del protocolo del búnker. Aquel empleado público cometió la osadía de recordar que su sueldo sale de los impuestos de esa gente desesperada que hacía cola en la calle y decidió actuar como un ser humano. El sistema, implacable, le recordó que las personas de carne y hueso ya no son bienvenidas en los pasillos de la Administración.
Lo que está logrando esta tiranía de la cita previa es la expulsión sistemática de todos aquellos que no quieren, o directamente no pueden, hablar con una fría máquina de voz metálica, o pelearse telemáticamente con un certificado digital que requiere un máster en ingeniería informática para ser instalado. Se desrecomienda la humanidad. Se está marginando a los mayores, a los vulnerables, a quienes simplemente necesitan mirar a los ojos a un empleado público para explicarle que su situación no encaja en las casillas predeterminadas del formulario web.
Recordémoslo bien la próxima vez que nos toque sufrir este calvario: la persona que está al otro lado de la trinchera burocrática cobra de los impuestos que nos detraen de la nómina cada mes. No nos están haciendo un favor, están cumpliendo con su obligación. Si la cita previa obligatoria es ilegal, es hora de plantarse. Exijamos hojas de reclamaciones, presentemos quejas ante el Defensor del Pueblo, inundemos sus registros con escritos legales de protesta. No permitamos que nos arrebaten el derecho a existir de manera presencial. Recuperar la atención humana no es un capricho, es una cuestión de dignidad democrática frente a la dictadura del búnker digital.
