'Feijóo y Ayuso se echan al monte'
Hay un momento especialmente peligroso en la vida política de cualquier democracia: cuando quienes aspiran a gobernarla empiezan a sembrar dudas sobre la limpieza de sus reglas. No porque hayan descubierto una trama fraudulenta, no porque existan pruebas de manipulación electoral, sino porque los resultados o las transformaciones sociales no encajan con su visión del país.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso sobre la llamada "ley de los nietos". Una norma destinada a reparar una injusticia histórica permitiendo acceder a la nacionalidad española a los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España por la Guerra Civil, la represión franquista y la dictadura. Una ley que forma parte de la reparación democrática de un país que todavía arrastra demasiadas cuentas pendientes con su pasado.
Y, sin embargo, el líder del Partido Popular habla de "ingeniería electoral". Ayuso insinúa que se está repartiendo nacionalidad para alterar censos y resultados. Vox, directamente, denuncia una supuesta operación para fabricar votantes.
La pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que le molesta al PP de esta ley?
El propio Partido Popular aprobó en 2015 una ley que permitía obtener la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 por los Reyes Católicos
Porque conviene recordar algo que parece haberse evaporado de la memoria de Génova. El propio Partido Popular aprobó en 2015 una ley que permitía obtener la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 por los Reyes Católicos. Entonces nadie habló de fraude electoral. Nadie denunció una conspiración para fabricar votantes. Nadie acusó al Gobierno de alterar el censo. Nadie se rasgó las vestiduras porque cientos de miles de personas pudieran convertirse en españolas.
¿Los descendientes de los sefardíes sí y los descendientes de los represaliados por el franquismo no? ¿Dónde está la diferencia?
La respuesta resulta tan incómoda como evidente. Los sefardíes eran víctimas de una injusticia histórica suficientemente lejana como para no cuestionar ningún relato político contemporáneo. Los descendientes de exiliados republicanos, en cambio, obligan a recordar algo que una parte de la derecha española sigue sin terminar de asumir: que hubo una dictadura, que persiguió a millones de españoles y que sus víctimas merecen reparación.
Quizá el problema no sea la nacionalidad. Quizá el problema sea la memoria.
El PP defendió durante años el derecho de los descendientes de emigrantes españoles a recuperar la nacionalidad de sus abuelos
Porque cuesta encontrar otra explicación coherente a una contradicción tan flagrante. El PP defendió durante años el derecho de los descendientes de emigrantes españoles a recuperar la nacionalidad de sus abuelos. Feijóo, de hecho, llegó a comprometerse públicamente con las comunidades españolas en Argentina a facilitar ese acceso. Lo defendía cuando creía que podía ser electoralmente rentable. Lo denuncia ahora cuando Vox ha decidido convertir la memoria democrática en un nuevo campo de batalla cultural.
Y ahí está el verdadero fondo de la cuestión.
Lo preocupante no es solo el ataque a la ley. Lo verdaderamente alarmante es la estrategia política que hay detrás. Porque cuando Feijóo habla de "ingeniería electoral" sin aportar una sola prueba está haciendo algo mucho más grave que criticar una norma. Está sugiriendo que el sistema democrático puede estar siendo manipulado. Está alimentando una sospecha que erosiona la confianza en las instituciones. Está recorriendo el mismo camino que tantas derechas radicalizadas han transitado antes en Europa, Estados Unidos o América Latina: si las reglas no me gustan, cuestiono las reglas.
Y eso tiene un nombre.
Se llama populismo.
Durante años, el Partido Popular se presentó como una fuerza de Estado, como un partido moderado, europeísta y responsable. Hoy resulta cada vez más difícil distinguir sus discursos de los de Vox
Durante años, el Partido Popular se presentó como una fuerza de Estado, como un partido moderado, europeísta y responsable. Hoy resulta cada vez más difícil distinguir sus discursos de los de Vox. Cuando Abascal cuestiona la legitimidad de determinadas políticas democráticas, Feijóo termina repitiendo los mismos argumentos con un tono más suave. Cuando Vox convierte la memoria histórica en una trinchera ideológica, el PP acaba entrando en ella. Cuando la ultraderecha señala enemigos imaginarios, la dirección popular termina validando el marco.
La diferencia ya no es de fondo, sino de volumen.
Lo que antes separaba al PP de la extrema derecha era una frontera política clara. Hoy esa frontera se ha convertido en una línea borrosa. Feijóo parece haber asumido que para competir con Vox debe parecerse cada vez más a Vox. El problema es que en ese viaje no solo pierde su identidad política; también contribuye a normalizar discursos que ponen bajo sospecha principios básicos de la convivencia democrática.
Porque una democracia sólida no se construye cuestionando el derecho de las víctimas a ser reparadas. Ni insinuando fraudes inexistentes. Ni convirtiendo la memoria histórica en una amenaza electoral.
Se construye aceptando los hechos.
Y el hecho fundamental es que quienes tuvieron que huir de España por culpa de una dictadura merecen exactamente la misma consideración que cualquier otra víctima histórica a la que el Estado ha querido reparar.
Todo lo demás son excusas.
O peor aún, la demostración de que hay sectores de la derecha española que siguen aceptando la reparación de las víctimas... siempre que no obligue a mirar de frente al franquismo.
