El exedil del PP César Díaz ya es investigado por la presunta trama en la Policía Local de Granada
Díaz, en una imagen de archivo de su etapa como edil de Seguridad Ciudadana, con Jiménez Avilés. archivo
El exconcejal del PP de Granada César Díaz, responsable en la actualidad del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Junta, ha sido imputado por la jueza que investiga la presunta trama de amaños en la Policía Local granadina. La jueza de Instrucción 4 de Granada le atribuye formalmente la condición de investigado en un auto dictado el 19 de marzo al que ha tenido acceso El Independiente de Granada.
La jueza pide a la Policía Judicial que le notifique al político del PP su condición procesal y que le tome declaración en sede policial antes de que sea reclamado para dar cuenta en el Juzgado
En el auto de la Sección de Instrucción, Plaza número 4, del Tribunal de Instancia de Granada (la nueva denominación del órgano judicial), la jueza pide a la Policía Judicial que le notifique al político del PP su condición procesal y que le tome declaración en sede policial antes de que sea reclamado para dar cuenta en el Juzgado.
La imputación de César Díaz por la presunta trama de amaños se produce una vez que la jueza unió en una misma causa esa investigación y la relacionada con los integrantes del grupo de WhatsApp KGB, que fue supuestamente utilizado para facilitar información policial reservada y privilegiada para el rédito político del entonces concejal. En ese grupo estaban, entre otros, José Manuel Jiménez Avilés, exjefe del Cuerpo y al que la UDEF señala como presunto cabecilla de la trama; un sobrino de Díaz, que es subinspector de la Policía Local (R. D. G.); y la esposa del exedil. Como César Díaz, el sobrino subinspector adquiere también la condición de investigado.
Se trataría de hechos constitutivos de los presuntos delitos de descubrimiento y/o revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Como ya ha publicado este diario, a través de ese grupo de WhatsApp fluyó información desde la Policía Local que favoreció al exconcejal popular cuando estaba en la oposición, con información que utilizaba contra el gobierno socialista; una vez que Díaz llegó otra vez al gobierno municipal, como concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, llegaba el momento, supuestamente, de devolver esos favores recibidos.
Por ese motivo, la jueza ha considerado que esa manera de proceder de este KGB no es un hecho aislado, sino otra de las derivadas de la presunta trama. Existe conexión y por ese motivo decidió unir las diligencias.
En el caso de los amaños, la causa central que ahora se amplía con KGB, se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión o coacciones y amenazas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho y pertenencia a grupo criminal. Son los presuntos delitos que se atribuyen, en este momento de la instrucción, a quienes manejaban la presunta trama.
Están también los opositores beneficiados. En este caso, la jueza precisa que los hechos que se investigan y se les atribuye presuntamente serían constitutivos de delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y revelación de secretos o bien su participación en un delito contra la Administración Pública del artículo 418 del CP. Aclara que esta calificación jurídica "no es vinculante en este momento procesal sino los hechos objeto de investigación".
La UDEF halla "numerosos indicios que corroboran el grupo criminal
El auto de la jueza hace balance de la situación del caso y recoge datos muy relevantes para la investigación. Por ejemplo, el resultado del análisis del teléfono intervenido a José Manuel Jiménez Avilés.
Para la UDEF, de su contenido "resulta el conocimiento por los miembros del grupo de estar actuando de forma incorrecta, de actuar como una banda". Hay "numerosos indicios que corroboran la presunta existencia del grupo criminal dedicado al 'amaño' sistémico de los procesos selectivos de oposición al cuerpo de Policía Local investigados en esta causa y la presunta comisión por los investigados de los delitos relacionados anteriormente".
Consta una conversación en la que contactó con su tío el concejal para "presuntamente favorecer a los opositores investigados en esta causa"
Así, se han obtenido de las conversaciones y mensajes de WhatsApp, "indicios de la pertenencia al presunto grupo criminal del subinspector R. D. G., quien actuaba presuntamente bajo las órdenes o directrices del en su día Jefe de la Policía Local José Manuel Jiménez Avilés". Según la UDEF, este subinspector -que es el sobrino del exconcejal-, realizaba supuestamente "las gestiones necesarias para, en beneficio de los intereses del grupo, 'colocar' en los Tribunales de los procesos selectivos como vocales a algunos de los policías locales investigados pertenecientes a dicho grupo y más concretamente en las oposiciones al cuerpo de Policía Local de nuevo ingreso de Albolote".
Al respecto, agrega que, según una conversación que obra en el oficio de la UDEF, contactó con su tío, el político César Díaz a dicho fin, para presuntamente favorecer a los opositores investigados en esta causa. Por ese motivo se le atribuye la condición de investigado en esta causa.
"Colocar" al tribunal de la oposición de Churriana "contactando" con César Díaz
Una de las maneras de operar de la supuesta trama de amaños era designar a conveniencia a los miembros de los tribunales para influir en los procesos.
En el caso del sobrino del concejal del PP, el auto pone como ejemplo un proceso selectivo de nuevo ingreso de cuatro plazas en Churriana de la Vega al que iba a aspirar un hijo de Jiménez Avilés.
R.D.G. contactó supuestamente con su tío para influir en la designación del tribunal en Churriana y que se nombrara a policías de la presunta trama y a la esposa de Díaz, que es funcionaria
Según hacen constar los agentes de la Policía Judicial en uno de sus oficios, R.D.G. habría dado "los pasos oportunos" para que se nombrara a policías locales afines a la presunta trama (R.L.T. y A.P.S.) y a su tía -la esposa del exedil-, que es funcionaria, como miembros del Tribunal del proceso selectivo, "contactando presuntamente con su tío César Díaz a tal fin ( en su momento portavoz del grupo político PP)".
No obstante, el hijo de Avilés no llegó a presentarse. Según la UDEF, finalmente habría resultado "favorecido presuntamente en las oposiciones de nuevo ingreso al cuerpo de Policía Local en el Ayuntamiento de Pulianas a las que concursó y aprobó".
Cabe señalar, como la propia jueza advierte en su auto, que el proceso selectivo de oposición de Churriana de la Vega no es objeto de investigación en este procedimiento ni tampoco el del Ayuntamiento de Pulianas.
Pero, ante estos "hallazgos casuales" en las conversaciones y mensajes de WhatsApp analizados por los agentes tras el volcado y análisis del teléfono móvil del anterior jefe de la Policía Local, la jueza considera que "procede solicitar informe al Ministerio Fiscal sobre autorización y deducción de testimonio por hallazgo casual por separado en el caso de Churriana de la Vega para reparto por decanato".
En el caso de Pulianas, envía la información encontrada a la plaza n.º 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, que está investigando un presunto fraude en el proceso selectivo de oposición al cuerpo de Policía Local en dicha localidad.
Una macrocausa con 47 investigados y ramificaciones en otras provincias
Como se ha indicado, a raíz de los datos que han aparecido durante la investigación con supuestas irregularidades en procesos de selección de otros municipios, la jueza ve necesario que se deduzca testimonio. Lo que se investiga en su juzgado son dos oposiciones celebradas en Granada capital, además de las de Albolote y Algarinejo. Pero la documentación analizada hasta ahora por la UDEF y el análisis de las llamadas y mensajes en los dispositivos móviles intervenidos apuntan a muchas localidades, no solo Churriana de la Vega y Pulianas, también de fuera de la provincia.
Igualmente, esos resultados han abierto otra línea de investigación. En concreto, la relacionada con el papel que desempeñó en la presunta trama un psicólogo (S.V.R.), "en presunta connivencia" con uno de los policías investigados en la trama (J.C.P.L.). ¿Qué es lo que hacía este tándem? Según expone el auto -citando las investigaciones de la UDEF-, el policía actuaba como "intermediario" con el personal de los ayuntamientos encargados del área de contrataciones y le facilitaba al citado psicólogo las ofertas económicas que habían presentado otros candidatos.
De esta manera, se aseguraban ambos la adjudicación de los contratos relativos a la prestación de servicios como psicólogo, una figura determinante en las oposiciones, pues los aspirantes también deben pasar esa prueba. Al contar con "información privilegiada" podía presentar la oferta "más ventajosa" y hacerse con las licitaciones, que estaban por tanto presuntamente amañadas.
Además de designar a los miembros de los tribunales para que fuesen policías de la presunta trama y pudieran, supuestamente, filtrar las preguntas del examen, se garantizaban un psicólogo 'amigo' que podía influir en otra de las pruebas.
Así, además de designar a los miembros de los tribunales para que fuesen policías de la presunta trama y garantizarse que conocían las preguntas del examen, pues las elaboran los miembros del tribunal, se garantizaban un psicólogo 'amigo' que podía influir, supuestamente, en otra de las pruebas.
El auto cita que S.V.R., a pesar de que su oferta fue calificada como "baja temeraria", resultó adjudicatario en Granada de un contrato de prestación de servicios durante cinco años, "en presunta connivencia con el presidente del Tribunal", que era el intendente J.J.M., y José Manuel Jiménez Avilés.
Y, ¿cómo fue posible esa adjudicación a la baja? Ahí entra en escena otra persona que supuestamente participó en los hechos delictivos expuestos: la directora general de Personal, Servicios Generales y Organización del Ayuntamiento de Granada, C.C.M., a quien también se le atribuye la condición de investigada en la causa por su presunta "actuación torticera impulsando una baja temeraria para favorecer la adjudicación del contrato de prestación de servicios como psicólogo a S. V. R. en connivencia con el presunto grupo criminal investigado".
Esta manera de proceder para presentar las ofertas más ventajosas y asegurarse la contratación podría haberse llevado a cabo en Cijuela, Las Gabias, Montefrío, Iznalloz, Santa Fe, San Fernando, Cartaya, Paterna de Rivera, Valverde del Camino, Almuñecar, Alhendín y Alcalá La Real, además de las ya investigadas en esta causa Granada y Algarinejo. De todos los municipios citados, la jueza reclama que se ordene la información hallada de cada municipio para dar traslado a la Fiscalía.
Con la incorporación de César Díaz como investigado, la de su sobrino, otro policía local más y la directora general de Personal, Servicios Generales y Organización del Ayuntamiento de Granada, el número de investigados en esta macrocausa se eleva ya a 47.
