El reciente acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Andalucía incorpora propuestas de ámbito medioambiental que van en contra de las políticas impulsadas en los últimos años por la Unión Europea y el Gobierno de España. Las redes se llenan de ruido y de bulos, pero hay una cuestión clave que debemos tener en consideración: una comunidad autónoma no puede decidir unilateralmente dejar de cumplir la legislación europea ni la legislación básica estatal en materia de Medio Ambiente.

En el momento de ejecución de las propuestas van a existir tres escenarios distintos: algunas pueden llegar a ejecutarse al entrar dentro de las competencias autonómicas, otras solo pueden desarrollarse dentro de los límites fijados por la legislación estatal y europea, y por último hay propuestas que requerirían modificar previamente leyes estatales o europeas, por lo que a priori la Junta no podría aplicarlas por sí sola.

El límite de las competencias autonómicas

La Junta de Andalucía dispone de amplias competencias en materias de medio ambiente, agricultura, ordenación del territorio o gestión forestal, y esas competencias deben ejercerse siempre dentro del marco jurídico establecido por la Constitución, la legislación básica del Estado y el Derecho de la Unión Europea, osea dentro de un marco jurídico superior que debe ser siempre respetado.

Los reglamentos, las directivas y el resto de normas europeas vinculantes obligan a todas las administraciones públicas españolas, incluidas las comunidades autónomas

En primer lugar, el Derecho de la Unión Europea goza del principio de primacía sobre el Derecho interno. Los reglamentos, las directivas y el resto de normas europeas vinculantes obligan a todas las administraciones públicas españolas, incluidas las comunidades autónomas.

En segundo lugar, la Constitución Española atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente (artículo 149.1.23), sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan aprobar normas adicionales de protección, pueden ampliar el nivel de protección ambiental, pero no rebajar el mínimo establecido por la legislación básica estatal.

En consecuencia, si una comunidad autónoma aprobara normas que contradijeran la legislación básica del Estado o el Derecho de la Unión Europea, esas normas podrían ser impugnadas y, según el caso, declaradas inconstitucionales, anuladas o inaplicadas.

Un repaso de la parte medioambiental del acuerdo

Revisión del Pacto Verde Europeo:

El acuerdo expresa su rechazo a las obligaciones derivadas del Pacto Verde Europeo y plantea eliminar o reducir las cargas que, según sus firmantes, perjudican al sector agrario y a la actividad económica.

Sin embargo, el Pacto Verde no es únicamente una estrategia política. Muchas de sus medidas ya se han convertido en reglamentos, directivas y otra legislación europea de obligado cumplimiento., la Junta puede manifestar su postura, pero no decidir dejar de aplicarlas.

Simplificación de la normativa ambiental:

En su acuerdo proponen simplificar procedimientos administrativos y reducir burocracia, lo que es perfectamente compatible con el ordenamiento jurídico siempre que no se eliminen garantías obligatorias. Es decir el problema aparecerá si esa simplificación pretende reducir evaluaciones ambientales exigidas por la legislación europea o estatal.

Normas como la Ley de Evaluación Ambiental o la Directiva europea de Evaluación de Impacto Ambiental establecen controles mínimos que ninguna comunidad autónoma puede eliminar.

Espacios Protegidos y Red Natura 2000:

La Red Natura 2000 constituye la principal red europea de conservación de la biodiversidad y está regulada por las Directivas Hábitats y Aves. La Junta puede gestionar estos espacios, modificar planes de gestión o reorganizar procedimientos administrativos. Lo que no puede hacer es reducir el nivel efectivo de protección exigido por la normativa europea. 

Por ello cualquier actuación que deteriore hábitats protegidos o afecte de forma significativa a especies protegidas podría dar lugar a recursos judiciales e incluso a procedimientos de infracción contra España por parte de la Comisión Europea.

Zonas de Bajas Emisiones:

El acuerdo también muestra su rechazo a las Zonas de Bajas Emisiones cuya implantación deriva de la legislación estatal sobre cambio climático y de las obligaciones europeas en materia de calidad del aire.

Por lo tanto la Junta puede modificar sus políticas de apoyo económico o de coordinación, pero no puede eliminar de forma unilateral las obligaciones que corresponden a la gestión municipal cuando la ley estatal les exige su implantación.

Agricultura y Agenda 2030:

El acuerdo PP-Vox plantea “proteger al sector primario” de las imposiciones derivadas de la “demonizada” Agenda 2030 con sus políticas climáticas.

No obstante, buena parte de las obligaciones que afectan a agricultores y ganaderos proceden de la Política Agraria Común (PAC), cuya regulación corresponde a la Unión Europea, y aunque la Junta gestiona la aplicación de la PAC, no puede modificar unilateralmente sus requisitos ambientales.

Repaso de las normas que van a limitar los acuerdos de la de Andalucía

Entre las principales normas que establecen esos límites destacan:

• La Constitución Española.
• La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
• La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
• La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
• La Directiva Hábitats.
• La Directiva Aves.
• La Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental.
• La Directiva Marco del Agua.
• Los reglamentos europeos derivados del Pacto Verde Europeo.

Ellos quieren pero...

Si alguna medida se desarrollara mediante normas autonómicas que intentasen rebajar unilateralmente las exigencias ambientales obligatorias, se activarían todos los mecanismos de control:

El Gobierno de España podrá impugnar las normas autonómicas mediante los mecanismos constitucionales o ante la jurisdicción contencioso-administrativa, según la naturaleza del acto impugnado. 

Los tribunales españoles anularán las disposiciones que sean contrarias a la legislación básica estatal o al Derecho de la Unión Europea. 

La Comisión Europea podrá iniciar un procedimiento de infracción comunitaria contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) siempre que entienda que una actuación autonómica incumple las obligaciones comunitarias.

Y, finalmente, los jueces españoles están obligados a aplicar directamente el Derecho europeo cuando exista contradicción con una norma interna, es la primacía del derecho europeo.

Resumiendo. El acuerdo PP–Vox expresa su postura en materia de medio ambiente, y la Junta de Andalucía va a intentar reorganizar, modificar, agilizar, impulsar, proponer, obviar o derogar determinadas políticas medioambientales, pero no puede dejar de aplicar normas europeas o rebajar los niveles mínimos de protección ambiental establecidos por la legislación básica del Estado.

Por eso, más allá de los titulares y de los mensajes políticos, la verdadera pregunta no es solo qué quieren hacer, sino qué pueden hacer realmente dentro del marco jurídico vigente.

Quizás quieran. Pero quizás no puedan.