De un tiempo a esta parte se viene observando un aumento de la conflictividad laboral en los diferentes servicios públicos externalizados, es decir, aquellos que la Administración saca a licitación para que entidades privadas presten el servicio. En el sector social se aglutinan diferentes ámbitos de la educación, la dependencia, la discapacidad, los servicios sociales o la protección y reforma de menores. 

Hay dos hitos recientes que han marcado el devenir de este sector: la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 cuyo objetivo es “regular la contratación pública para garantizar la transparencia, la integridad y la libre concurrencia, asegurando que las contrataciones sean eficientes y de calidad” y la negociación de convenios colectivos sectoriales a fin de “establecer las condiciones de trabajo mínimas que deberían ser respetadas por todas las empresas de un mismo sector de actividad”. 

"Todo este sistema tan neutro y bien intencionado se torna en un sistema de precariedad y fuente de injusticias de todo tipo, cuando en las Administraciones públicas comienza a primar la eficiencia económica frente a la calidad y las patronales que agrupan a las entidades del sector son la correa de transmisión que tratan de perpetuar los bajos salarios y malas condiciones de trabajo en los convenios colectivos, a cambio de asegurarse sus márgenes empresariales"

Todo este sistema tan neutro y bien intencionado se torna en un sistema de precariedad y fuente de injusticias de todo tipo, cuando en las Administraciones públicas comienza a primar la eficiencia económica frente a la calidad y las patronales que agrupan a las entidades del sector son la correa de transmisión que tratan de perpetuar los bajos salarios y malas condiciones de trabajo en los convenios colectivos, a cambio de asegurarse sus márgenes empresariales. 

Dado que la duración habitual de los contratos públicos de gestión o servicios suele ser de cuatro años con posibilidad de prorrogar hasta dos años más, las organizaciones sindicales deben ir adelantándose al vencimiento de los convenios colectivos sectoriales para pactar nuevas tablas salariales a futuro que compensen pérdidas de poder adquisitivo anteriores y sean adecuadas a los próximos años desconociendo los inesperados vaivenes de la economía mundial que pueden disparan la inflación. 

Es una tónica general que las patronales negocien con “el freno pisado” cuando el sentido común indicaría que un convenio con importantes subidas salariales y mejora de las condiciones de trabajo debería ser trasladado por la Administración al correspondiente contrato, por lo que las entidades no verían comprometido su margen de beneficio empresarial/industrial. Pero cuando no impera ese sentido común, se trasluce la agenda oculta que las patronales con las diferentes administraciones con las que contrata. 

Otra cuestión relevante es que los contratos públicos se licitan a precio cerrado sin posibilidad de revisión de precios, salvo en cuestiones muy puntuales como el aumento de coste de las materias primas, valiéndose de la vigencia de la Ley de Desindexación de la Economía Española 2/2015, que desvincula el aumento automático de los contratos públicos con el IPC y provoca una mayor contención del gasto público.

"Lo hasta aquí contado está produciendo un efecto perverso en las personas trabajadoras de los diferentes sectores de lo social, produciéndose congelaciones salariales en uno o varios años del contrato, además de establecerse unas condiciones laborales y económicas que ponen en cuestión la viabilidad del recurso y, por tanto, como se decía al principio, la calidad del servicio prestado"

Lo hasta aquí contado está produciendo un efecto perverso en las personas trabajadoras de los diferentes sectores de lo social, produciéndose congelaciones salariales en uno o varios años del contrato, además de establecerse unas condiciones laborales y económicas que ponen en cuestión la viabilidad del recurso y, por tanto, como se decía al principio, la calidad del servicio prestado. No queda más que recortar y estirar la normativa laboral más allá de lo permitido por parte de las entidades gestoras.

Se ha llegado al punto de que las condiciones del pliego de contratación están por encima de lo que establece el convenio colectivo de referencia, de manera que la propia estructura contractual administrativa impide a las organizaciones sindicales a impugnar los contratos salvo situaciones muy tasadas recogidas en el articulado de la Ley de Contratos del Sector Público. Los servicios jurídicos a los que se pide asesoramiento indican que el pliego no es una fuente de derecho laboral y desde las representaciones legales de las personas trabajadoras (rlpt) asistimos atónitos y sin margen posible de actuación ante algo que es esencial: a igual trabajo igual salario. Sirva un ejemplo: en el centro de reforma de menores donde trabajo entre marzo de 2021 y marzo de 2026 han estado vigentes dos contratos administrativos con 1 año de diferencia entre la adjudicación de ambos por los que las personas trabajadoras asignadas a uno u otro contrato han cobrado diferente por estar su contrato vinculado a las tablas salariales del III o del IV Convenio Colectivo Sectorial de Reforma y Protección de Menores.

La entidad, Fundación Diagrama, culpa a la Consejería de Justicia por no poder pagar lo que no le reconoce o no le permite revisar el contrato administrativo y la Administración Andaluza dice que la subida salarial la debe asumir la entidad por haber aceptado el contrato a riesgo y ventura. Representantes de la Administración andaluza reconocieron a la rlpt del centro que dicha situación era injusta, pero legal, por lo que se procedió a la interposición de un conflicto colectivo cuya sentencia desestimó los intereses de las personas trabajadoras encontrándose actualmente recurrida al TSJA y pendiente de resolución. (ver https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/traje-emperador-centr...)

Si a esto se añade que el sector social externalizado sigue un largo camino hacia su completa profesionalización, completamente invisibilizado ante la sociedad,  que las tasas de afiliación sindical y de representación legal de las personas trabajadoras en los centros de trabajo son muy bajas, y la constante deriva privatizadora de servicios públicos por parte de las Administraciones públicas donde justifican insuficiencia de medios para atender con centros y personal propio, cuando lo que dicen implícitamente es que quieren recortar gasto público y ceder negocio al sector privado, sólo se puede esperar que esta situación no mejore inmediatamente.

Al partido o partidos políticos que salgan vencedores en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo le reclamamos mecanismos correctores para que los contratos públicos del sector social permitan la aplicación íntegra de los establecido en el convenio colectivo sectorial de referencia y le instamos a que inicien los contactos con las diferentes patronales y organizaciones sindicales para establecer convenios sectoriales autonómicos que doten económicamente mejoras en las condiciones mínimas establecidas en los convenios sectoriales de carácter estatal. Ya hay comunidades autónomas de diferente color político que están dando pasos en este sentido como Galicia, Comunidad de Madrid o Cataluña.      

Y a quienes venimos sufriendo este sistema de precariedad y a la ciudadanía que empatice con esta realidad, les pido que voten en conciencia.