La Junta cierra la brecha con las universidades públicas por la financiación a las puertas del 17M
Rectores durante la reunión del Consejo de Universidades. Junta
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Una comisión técnica evaluará la metodología usada por las universidades para calcular los costes de personal, con el fin de disponer de "un marco financiero equilibrado"
La Junta de Andalucía ha acercado posiciones con las universidades públicas, tras meses de enfrentamiento abierto entre el consejero José Carlos Gómez Villamandos y los rectores, y ha cerrado, a un mes de las elecciones, un acuerdo sobre la financiación universitaria.
En diciembre del pasado año, los rectores de las universidades públicas exigieron al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que cumpliera la palabra que había dado en sede universitaria y los compromisos que había adquirido
Este acuerdo llega tras duros pronunciamientos de los rectores. En diciembre del pasado año, exigieron al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que cumpliera la palabra que había dado en sede universitaria y los compromisos que había adquirido. Entonces, en un comunicado conjunto de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, denunciaron que el modelo de financiación vigente, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía más de dos años atrás, se había "incumplido sistemáticamente durante los años 2024 y 2025". Todos estos "incumplimientos" se agravaban, añadieron entonces, "por la negativa recurrente de la Administración autonómica al abono de las cantidades necesarias para la aplicación íntegra de los acuerdos suscritos en Sevilla y en Jaén, por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, y por el presidente de la Junta de Andalucía respectivamente".
Eso ocurría hace solo cuatro meses. Este viernes, 17 de abril, a un mes de las elecciones autonómicas, el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para este año 2026. En total, las universidades andaluzas dispondrán de 1.825,7 millones de euros.
Según la información facilitada por la Junta de Andalucía, en el caso de la UGR, los fondos ascenderán a 413,74 millones de euros. Cabe recordar que el reparto de 2025 contó con el voto desfavorable de la UGR. Y un dato importante más: al aprobar el presupuesto para 2026, la institución que dirige Pedro Mercado advirtió de que la "incertidumbre" en torno a la financiación por parte de la Junta "lastraba" su ejecución.
El acuerdo supone un reparto adicional de 37,5 millones
Según la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, este acuerdo representa un reparto adicional de 37,5 millones de euros entre los campus públicos. Aunque quedan pendientes "cuestiones de especial relevancia por resolver", han explicado en un comunicado, las universidades públicas andaluzas han acogido con satisfacción este "avance en la aplicación efectiva del modelo vigente".
La Junta ha explicado este viernes que la propuesta planteada para la UGR y para el resto de instituciones "ha estado precedida de un proceso de negociación con los rectores".
Para la Universidad de Granada, de los 413,74 millones de euros que se reparten, 390,54 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 13,94 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.
De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 2,01 millones de euros consolidables destinado a la nivelación.
7,23 millones para complementos retributivos y refuerzo financiero.
A todas esas cifras se añade una cuantía de 4,88 millones consignada para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS).
Además, el modelo incluye para la UGR otros 2,35 millones de euros consolidables procedentes de la partida destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario, por lo que ambas cantidades suman un montante global de 7,23 millones adicionales.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.
Además del informe favorable a la orden que recoge esta distribución, se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero "equilibrado y sostenible".
Una comisión técnica se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones para calcular los costes de personal para disponer de marco financiero "equilibrado y sostenible"
Esta comisión, integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los rectores, se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario. Con esta medida se pretende alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado.
Para analizar dichos gastos, según la Junta, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos.
Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.



















































