Dicen los taurinos que si desaparecen las corridas de toros desaparecerá el toro de lidia. Equivale a decir que si desaparecen los chiringuitos políticos perderíamos a Toni Cantó, Abascal, José Manuel Soto, Bertín Osborne, Nacho Cano, Ana Rosa Quintana, Inda... El daño sería irreparable.

No olvidemos los chiringuitos avalados por prestigiosas titulaciones. Se trata de currículums falsificados y engordados, estudios que nunca existieron y cursos a medida para justificar cargos en puestos de responsabilidad. Estos fenómenos protagonizaron la actualidad, llegando a provocar dimisiones como la de Noelia Núñez (PP) o Ignacio Higuero de Vox, cazador, forestal y licenciado en Marketing, así como momentos de tensión con el consejero de Moreno Bonilla Tomás Burgos por mentir sobre su capacidad para ejercer la medicina. Pero no se trata de casos aislados, sino de una dinámica que nació hace tres décadas.

La falsificación de currículums en el PP tiene su origen en 1995, cuando el ahora jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, le pide a Graciano Palomo, entonces director de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea, que le regalase un título para que dejasen de llamarle “bachiller”. El propio Palomo lo contó en uno de sus libros.

¿Os acordáis de cuando Vox decía que venía con rabia a “triturar los privilegios de la casta”?

Pues enhorabuena, Andalucía, ya tenemos lo que queríamos. Ahí están los estafadores de la motosierra destrozando derechos y devorando el dinero público. Abascal pidió aplicarla al gasto público cuando él cobra desde 1999, hoy recibe casi 13 millones de euros para su fundación Disenso y cuando le cae un multazo de más de 860.000 euros por las cuentas del partido resulta que aparece el Tribunal Supremo, se lo borra con típex y aquí no ha pasado nada. Comparación: Sánchez, presidente del Gobierno percibe 110.397 € anuales, mientras que Figaredo, herpes fascista en el Congreso, 129.906 €.

Toda esa supuesta rabia era un burdo engaño para garantizarse una vida lujosa a costa de la democracia. Los líderes de Vox ahora disfrutan de casoplones gratis gracias a su cohabitación con el PP de Moreno Bonilla incrustándose en una red que ya parasita 77 residencias públicas mientras a la ciudadanía la echan del mercado del alquiler por precios impagables.

Se han blindado sueldos obscenos de más de 88.000 euros anuales para los consejeros (el presidente cobra 92.000) mientras mutilan las plazas de empleados públicos para financiar un sobregasto de tres millones en enchufados a dedo y altos cargos. La Junta ha incorporado 13 nuevos. Ya son 314.

Lo más sangrante es que, además de gozar de este sueldo privilegiado y de una casa pagada por nosotros, son ellos, PP y Vox, quienes votan en España y Europa contra la subida del salario mínimo interprofesional; en sus mentalidades franquistas tú tienes que sobrevivir con apenas 1.300 euros al mes, pero ellos no pueden vivir con menos de 8.000 euros de dinero público.

Mientras tanto con las urgencias colapsadas y las listas de espera batiendo récords tiran a la basura 7,4 millones de euros del presupuesto sanitario para meter curas en los hospitales; sacerdotes que no van a diagnosticar enfermedades, no van a curar a nadie, ni van a reducir los meses de espera para una operación quirúrgica vital, simplemente van a vivir del cuento.

No tienen límite. A pesar del pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado por PP y PSOE en 2017, Moreno Bonilla ha entregado el servicio de valoración de violencia machista a quienes niegan su existencia y han colocado a un informático y organizador de eventos al frente del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla para colonizar las instituciones y acabar con “los chiringuitos”.

Para Vox, un "chiringuito" es cualquier organismo público, fundación, observatorio, asociación o entidad subvencionada con dinero del Estado que consideran ideológico, inútil o creado para colocar a afines políticos y utilizar gasto público superfluo. Se refieren a la memoria histórica, la igualdad o la diversidad y colectivos sociales o de cooperación a los que acusan de promover la inmigración irregular. Solución: eliminarles de forma directa toda subvención.

Vox asume la gestión directa de las actuaciones y servicios de violencia de género vinculados a la administración de Justicia que controlan, incluidas la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género y el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía. Y adquiere capacidad de organización administrativa, nombramiento de cargos directivos en los Institutos de Medicina Legal y gestión de recursos materiales y humanos. Aunque la ley estatal les impide suprimir los servicios psicosociales de atención a víctimas, sí tienen margen para cambiar protocolos, recortar presupuesto, eliminar personal de refuerzo y nombrar a directivos reacios a las políticas de igualdad, que tildan de “ideológicas”.

¡Enhorabuena a sus 576. 635 votantes andaluces!