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Juan Manuel Moreno saluda a Manuel Gavira en el Parlamento. prensa parlamento 

La ultraderecha en Andalucía ha tardado en responder a las duras críticas que ha recibido el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, por cederles competencias para hacer frente a la violencia de género, en concreto las que gestiona la Consejería de Justicia, donde está al frente, entre otros recursos clave, de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, como informó El Independiente de Granada. Así, la Junta de Andalucía ha difundido un comunicado en el que su vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración, Manuel Gavira, exhibe el ideario de la ultraderecha.

Se regodea Gavira en su respuesta a las críticas por cederles Moreno competencias frente a la violencia de género y desvía el debate, centrado en su negacionimo, hacia los 'errores' en la ley del Solo Sí es Sí

Se regodea Gavira en la respuesta y desliza que van a "dimensionar" los recursos públicos judiciales frente a la violencia de género, en concreto los destinados a esas unidades. Lo hace mezclando problemas y argumentos y recurriendo a la Ley del Sí es Sí, que derecha y ultraderecha utilizaron para atacar al Gobierno de España. 

Con esta respuesta, además, desvía el debate, centrado ahora en su negacionismo de la violencia de género y la irresponsabilidad que representa haberle cedido competencias para dar respuesta a las víctimas. Evita hablar de las mujeres asesinadas y ni siquiera pone el énfasis en la violencia sexual, sino en los errores de la ley aprobada por el Ministerio de Igualdad cuando era ministra Irene Montero.

Según el comunicado de la Junta, su vicepresidente segundo ha dirigido una solicitud de información al Ministerio de Justicia para que se entreguen "los datos desglosados de los agresores sexuales que se hayan visto beneficiados en Andalucía" por la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre, conocida como la ley del 'sí es sí'.

En su escrito, el consejero argumenta "la necesidad de disponer de estos datos para poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía". "Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas", explica Gavira al titular de Justicia, Félix Bolaños, según ha informado la Junta.

En concreto, solicita al Ministerio que "especifique el número de personas condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual; y el número de delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía".

Además, el consejero pregunta por "los efectos de la aplicación de la ley del 'sí es sí': ¿Cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia contra la mujer, que se encuentran cumpliendo condena en centros penitenciarios ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han visto revisada y reducida su condena como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, desde su entrada en vigor hasta la fecha actual?".

El consejero requiere que "se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada".

La finalidad de la solicitud, indica Gavira en el escrito, según ha precisado la Junta, es "exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las UVICG de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres".

El escrito de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local llega después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya pedido una reunión urgente al presidente de la Junta tras cederle las competencias frente a la violencia de género relacionadas con la Consejería de Justicia, como informó El Independiente de Granada. 

Tras el pacto firmado entre PP y Vox, la ultraderecha ha recibido la competencias para dar respuesta a la violencia de género desde el área de Justicia, un departamento del que dependen los Institutos de Medicina Legal y, con ellos, las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, las UVIVG

Tras el pacto firmado entre PP y Vox, la ultraderecha ha recibido la competencias para dar respuesta a la violencia de género desde el área de Justicia, un departamento del que dependen los Institutos de Medicina Legal y, con ellos, las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, las UVIVG. Son equipos clave formados por profesionales de la medicina, la psicología y el trabajo social y encargados de prestar asesoramiento técnico pericial especializado en violencia de género a los tribunales y al Ministerio Fiscal, en todos los procedimientos penales relacionados con la violencia de género y los procedimientos civiles derivados de estos. Además -según detalla la Memoria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, recopilan, gestionan y difunden datos de su actividad y realizan labores de docencia e investigación en violencia de género. El servicio público prestado por la UVIVG debe garantizar la máxima calidad pericial, el respeto al secreto procesal, la independencia y fiabilidad en los informes emitidos para conseguir la mejora continua dirigida a la excelencia, añade la Memoria.

Para este ejercicio, precisamente, Justicia -cuando estaba al frente José Antonio Nieto- había anunciado mejoras, como la creación de la figura de un coordinador médico forense en cada unidad. Es un recurso, además, que está financiado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El socio de Moreno en Andalucía no oculta su "rechazo frontal" al Pacto contra la Violencia de Género. De hecho, el pasado año votó en contra de la renovación del acuerdo con mejoras respecto a las introducidas en 2017. 

De la Consejería de Justicia dependen también los servicios de asistencia jurídica gratuita especializada para víctimas de violencia de género y otras medidas específicas orientadas a evitar, por ejemplo, que la víctima se cruce con el agresor cuando tiene que declarar, las llamadas 'salas gesell'. Así que, evitar a partir de ahora la exposición de las víctimas dependerá de la Consejería de Gavira. De todas las víctimas, no solo las asesinadas por hombres de determinada nacionalidad. 

Asimismo gestiona los Puntos de Encuentro Familiar, que tienen aún mejoras pendientes -en concreto, el despliegue de los equipos especializados- y que se convierten en escenario de verdaderos dramas en el que niños y niñas que han sido testigos de violencia hacia sus madres son obligados a encontrarsse con sus progenitores. 

Esto enlaza con uno de los proyectos piloto que puso en marcha la Consejería de Justicia, una medida que suscita muchas dudas porque abona ideas negacionistas y sin aval científico, como es el Síndrome de Alienación Parental. Se trata de la "Coordinación de Parentalidad". En su día, Justicia -con el PP- lo presentó como "un servicio novedoso que pretende servir como alternativa para la resolución de conflictos familiares colaborando con los jueces de familia con el doble objetivo de proteger a los menores que se encuentran en medio de un conflicto entre adultos y descongestionar esta jurisdicción, facilitando la ejecución de las sentencias". Sin adornos en la descripción, se trata de una figura que, en casos en los que la custodia es de la madre, se estable un coordinador parental para fomentar el vínculo con el padre. 

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