Tras el incidente en las obras del antiguo Hotel Montecarlo, Vamos Granada ha planteado que se cuantifique el coste del dispositivo policial y de bomberos y el conjunto de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para "dar adecuada respuesta a la situación generada por estas obras".

La formación también ha señalado como prioridad, "la revisión del planeamiento de protección del conjunto histórico granadino, de modo que la demolición sea la última opción, independientemente del grado de catalogación o protección del edificio de manera aislada; la revisión en el planeamiento de los usos de aparcamiento, para los que actualmente no existe ningún límite; y el cumplimiento con las obligaciones del registro de solares y edificaciones ruinosas, y se haga cumplir el deber de conservación".

Marta Gutiérrez, concejala de la formación, ha señalado en una nota de prensa que el desprendimiento y filtraciones de terreno en las obras de sótano del solar del que era el Hotel Montecarlo, junto al Darro, generaron "una lógica alarma". "La puesta en marcha del dispositivo de bomberos y policía que desalojó durante dos horas a los vecinos de los edificios colindantes hasta cerciorarse de que no existía riesgo, y desvió el tráfico, incluidas las líneas de transporte público, durante cinco días hasta que se ha consolidado la obra de contención de tierras tiene un coste que no puede recaer en el conjunto de la ciudadanía, y consideramos que debe plantearse que sea el promotor de las obras quien asuma el coste del mismo”.

Por otro lado, aunque el edificio del Hotel Montecarlo no tenía ninguna protección específica, no estaba catalogado por el PEPRI centro, y se sacó del expediente de declaración BIC de los sitios lorquianos, el grupo municipal considera que "debería haberse atendido a su pertenencia al conjunto histórico de Granada, donde la demolición debería estar limitada, ya que el propio conjunto es Bien de Interés Cultural”.

Al respecto, Vamos Granada apunta que "mediante Real Orden de 5 de diciembre de 1929 (Gaceta de Madrid de 7 de diciembre), la ciudad de Granada fue declarada "ciudad artística". En esta declaración no se hizo una delimitación expresa del ámbito de protección. La delimitación llegó en el 93, por el DECRETO 85/1993, de 29 de junio, por el que queda delimitado el ámbito afectado por la declaración del conjunto histórico de Granada como bien de interés cultural".

La ley prohíbe la demolición de cualquier edificio dentro de un conjunto histórico declarado BIC a no ser que se justifique que su sustitución contribuye a la conservación general del carácter del Conjunto (Artículo 21.3 de la Ley 16/1985, Patrimonio Histórico Español), agrega en su explicación para añadir que, por tanto, "en este ámbito, la demolición debería ser la última opción y justificarse con rigor". La formación señala que, por el contrario, "en nuestros planes de protección es exactamente al revés: lo que se debe justificar para que no esté autorizada la demolición es el especial valor de un edificio, obviando con ello la declaración BIC del conjunto. El Plan regula para que "parezca" histórico lo que se construye, y no tanto para que se conserve el conjunto histórico".

Gutiérrez considera" urgente pensar qué es lo que conforma el valor de nuestros centros históricos y un cambio de enfoque en las estrategias de conservación, porque Granada está desapareciendo a ojos vista, sustituida por una no-ciudad que podría estar en cualquier lado, y esto depende del Ayuntamiento. El planeamiento es la principal competencia municipal, así que está en manos de Granada y sólo de Granada rectificar el rumbo, los próximos años son cruciales”.

Vamos Granada considera que "no puede justificarse la demolición de un edificio en el conjunto histórico por la construcción de sótanos de aparcamiento, y tampoco por el deterioro del edificio". En este sentido, señala que el Ayuntamiento "debe hacer cumplir el deber de los propietarios de conservar los edificios, para lo que se dispone del registro de solares y edificaciones ruinosas". “El valor patrimonial e histórico es una riqueza insustituible y debe dejar de verse como una carga. Quienes tienen una propiedad en el conjunto histórico de Granada deben tomar conciencia de que tienen un pedacito de BIC, con todo lo que ello conlleva”, apunta la edil.

También se refiere a la necesidad de revisión en el planeamiento de los usos de aparcamiento, para los que actualmente no existe ningún límite, “se tiene que hacer una evaluación previa de los existentes, tanto para residentes como rotatorios”. Lo que Granada necesita es una menor carga de coches en el centro histórico y no al revés. Liberar el centro de coches es necesario para la conservación del conjunto histórico, para reducir los niveles de contaminación, y para recuperar la calidad de vida en el centro, los espacios públicos para el uso de la ciudadanía y también el comercio, base de nuestra economía”.