El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Consumo en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha informado este de que Granada se encuentra “al día” en la concesión de licencias urbanísticas, tras la tramitación de 325 expedientes correspondientes a los años 2017 y 2018, que van a suponer una “repercusión favorable en la economía de la ciudad de 53.248.673 euros”. 

La “normalización” en la tramitación de licencias urbanísticas de Granada ha sido posible, según ha explicado Fernández Madrid en comparecencia de prensa, gracias a la “implementación” de un plan de productividad aprobado en Pleno de mayo por el que, con un presupuesto de 38.793 euros, 27 funcionarios de las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y Consumo, de los 32 previstos inicialmente, han “dado salida” desde el 1 de octubre de 2018 al 12 de diciembre a expedientes acumulados en el área. 

La medida se ha traducido, a su vez, en una repercusión favorable para las arcas municipales, ya que, según ha detallado, ingresará por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de 2.199.947 euros. 

De ahí que Fernández Madrid ha considerado “más que adecuado y razonable” el plan de productividad puesto en marcha por el equipo de gobierno, del que ha destacado que, sólo en relación al ICIO a ingresar, ha representado un coste a la ciudad de sólo un 1,82 por ciento”. 

En este sentido ha especificado que el desarrollo del plan ha reducido tanto las horas extraordinarias  al pasar de las 1.536  previstas inicialmente  a 1.366, como la inversión aprobada por el Pleno, que ha pasado de 46.802 euros a 38.793. 

El concejal ha hecho especial hincapié en que “con la puesta al día en la tramitación de licencias, este equipo de gobierno que accedió a la Alcaldía con el área de Urbanismo puesta en entredicho por numerosos casos de corrupción, logra la normalización de la actividad urbanística de la ciudad”. 

En este sentido ha recordado que el plan de horas extraordinarias responde a una reducción en la plantilla del personal de Urbanismo, que se ha visto reducida a la mitad, “si bien ha habido una duplicidad de la actividad urbanística de 2007, en el que se registraron unas 4.000 expedientes, a las más de 9.000 recibidas en 2017”, ha dicho.