La profundización de la democracia necesita de municipios fuertes, con competencias y financiación.  Los ayuntamientos tienen que ser el corazón de la localidad y el centro en donde se defiendan y ejerzan los derechos de la ciudadanía. En la medida en que los ayuntamientos puedan ser los valedores de esos derechos, podremos afirmar que estamos ante una democracia viva y consolidada.  Si no son capaces de serlo, estaremos ante una democracia menos avanzada. De ahí que el municipalismo, para la izquierda, tenga importancia situar el marco de competencias y capacidad para afrontar los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía y a sus necesidades más vitales.

La profunda crisis económica nos ha traído multitud de consecuencias negativas. Una de ellas, y en la que me quiero detener hoy, ha sido la privatización de muchos de los servicios públicos municipales, así como el deterioro en la prestación de los mismos

La profunda crisis económica nos ha traído multitud de consecuencias negativas. Una de ellas, y en la que me quiero detener hoy, ha sido la privatización de muchos de los servicios públicos municipales, así como el deterioro en la prestación de los mismos.

Advierto de entrada que soy consciente de que el asunto es complejo y puede ser enfocado desde muchos puntos de vista.  Solo espero que esta reflexión pueda servir para la necesaria discusión a la que nos enfrentamos quienes queremos unos servicios públicos eficaces, de calidad, cercanos y sostenibles.

En estos últimos 10 años, el  importante descenso de los ingresos procedentes de la construcción junto con la bajada en la participación de los ingresos del Estado,  y el control presupuestario al que ha sido sometido el sector publico, especialmente las Corporaciones Locales, ha traído un largo periodo en donde se han visto reducidos los recursos de los servicios públicos.

En el periodo del Gobierno de M. Rajoy, todo lo que se vino legislando (con la excusa del control presupuestario) tenía una estrategia: la privatización de los servicios públicos. Se ha montado todo un entramado legal con el que, dicho de forma rápida, puede ser fácil privatizar, pero resulta bastante complejo la remunicipalización. Por tanto la primera conclusión para quienes queremos que determinados servicios tengan otro tipo de gestión, es cambiar gran parte de  la legislación estatal para que tenga, al menos, los siguientes principios: priorizar la gestión publica directa de servicios públicos esenciales; que solo se pueda encargar a entidades privadas la prestación del servicios publico cuando se justifique su conveniencia desde el punto de vista económico y social; y  que aún siendo así se disponga de potestades efectivas de control, supervisión, inspección y sanción para asegurar la equidad y la calidad del servicio, garantizando en todo momento la transparencia en su actuación.

Claro está que en el fondo, el gran debate que se debe de afrontar es  qué se debe de remunicipalizar y el porqué.

Por tanto la primera conclusión para quienes queremos que determinados servicios tengan otro tipo de gestión, es cambiar gran parte de  la legislación estatal para que tenga, al menos, los siguientes principios: priorizar la gestión publica directa de servicios públicos esenciales; que solo se pueda encargar a entidades privadas la prestación del servicios publico cuando se justifique su conveniencia desde el punto de vista económico y social

Bajo mi punto de vista, los servicios sociales, los de apoyo – asesoramiento a la igualdad y violencia de genero, y los mayores, deben de ser el punto de partida.   

Pero además y en el marco de ese debate se debe de potenciar la existencia del  Área Metropolitana como entidad que presta determinados servicios públicos de forma más eficaz y eficiente, primando financieramente la cooperación, colaboración y coordinación en red supramunicipal con el objeto de racionalizar los costes, la eficiencia y la eficacia de los servicios locales.

Se debería  de aplicar preferentemente la gestión pública y directa de los servicios consorciados o mancomunados haciendo compatible la garantía en la prestación del servicio, la excelencia empresarial y la mejor contribución a la creación de empleo.

Este, a mi juicio, puede ser una parte del debate necesario que debemos de ir afrontando, un reto más que ahora con la conjunción del Gobierno del Estado se hace más interesante.