• "Con las alegaciones queremos conseguir que las consecuencias de la situación económica de este Ayuntamiento, que nunca hemos ocultado que es delicada y que desde luego no ha mejorado con la gestión socialista, causen el menor impacto posible entre los granadinos", asegura Rocío Díaz.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha registrado sus alegaciones a las ordenanzas fiscales que serán debatidas en el pleno del próximo día 22. El objetivo, ha resaltado su portavoz, Rocío Díaz, es "lograr la optimización de ingresos sin que el perjuicio para el ciudadano exceda de lo razonable". Por ese motivo, el grupo popular ha animado al equipo de gobierno socialista a "mejorar la eficiencia en la gestión pública" y a "implantar políticas que permitan reducir costes sin mermar la calidad de los servicios". 

Los populares han argumentado que hay que "amortiguar la subida del IBI", que atribuye al gobierno socialista, para que "no recaiga un año más toda la presión fiscal en los granadinos". Por lo tanto, según ha explicado el concejal Francisco Ledesma, "lo más prudente, dada la situación económico-financiera del ayuntamiento, es aplicar una congelación al resto de tributos y tasas municipales". 

En relación con el IBI, el PP ha propuesto que se modifique la bonificación por domiciliación. Para el ejercicio de 2018, el PP entiende que esa bonificación debe "fluctuar entre el 1 por ciento para los inmuebles con un valor catastral superior a los 70.000 euros, hasta el 5 por ciento para los que no lleguen a los 24.000. Los que estén valorados entre 39.0001 y 69.999 tendrían una bonificación del 2 por ciento y los que se sitúen entre los 24.0001 y los 39.000, del 3". De aceptarse esta medida, ha asegurado Ledesma, "se estaría beneficiando a las familias de clase media, que es la que más ha soportado todos estos años de crisis".

Sobre ese mismo impuesto, el PP propone una enmienda respecto a la intención de que sean declarados de especial interés o utilidad determinados inmuebles por concurrir "circunstancias culturales y/o educacionales" que justifiquen tal declaración. El grupo popular "no se opone a esto, pero sí reclama que los interesados en beneficiarse de esa bonificación, del 80 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, presenten la segregación de la finca cuyo espacio esté destinado exclusivamente a los motivos que acrediten ese uso educacional y/o cultural". 

Además, el PP apuesta por una bonificación del 50 por ciento del Impuesto de Actividades Económicas, por un periodo de cinco años, para las empresas cuya actividad "sea declarada de especial interés o de utilidad municipal y para las que mantengan su actividad con pérdidas".

Igualmente, aboga por ayudar al comercio minorista y de proximidad radicado en áreas de influencia de grandes superficies y en zonas de impacto de la reorganización hospitalaria, mientras no se revierta esa fusión, con un porcentaje de bonificación del IAE del 40 por ciento por un periodo de dos años, que se reduciría progresivamente hasta el 10 por ciento durante los tres años siguientes. "Es importante eso y también primar el relevo generacional del comercio minorista y de proximidad con un porcentaje de bonificación del 50 por ciento durante los dos primeros años”, ha añadido Ledesma. 

Díaz ha puesto el acento en que el grupo popular se abstuvo en la aprobación inicial de estas ordenanzas, como también del plan de ajuste, "en un ejercicio de responsabilidad"que, además, ha permitido presentar estas alegaciones. "Con ellas queremos conseguir que las consecuencias de la situación económica de este Ayuntamiento, que nunca hemos ocultado que es delicada y que desde luego no ha mejorado con la gestión socialista, causen el menor impacto posible entre los granadinos".