Podemos-IU pedirá al gobierno local, a través de una moción que se debatirá en pleno el próximo viernes, que el Ayuntamiento haga fuerza por la ciudad y luche para que la Junta de Andalucía mantenga las ayudas sociales. "Esta no es una moción para que sea ejecutada de forma directa por parte de este Ayuntamiento, sino que sirve para asegurarnos que vamos a tener más posibilidades de ejecutar lo que es competencia directa de esta entidad local", defiende el grupo municipal. 

La concejala Elisa Cabrerizo señala que esta petición pretende que el equipo de gobierno "pueda hacer lo que es su competencia, y que la Junta utilice el presupuesto que no va a usar para las nuevas Rentas Mínimas de Inserción (REMISA) por la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital". Al respecto cabe recordar que la Junta, en unas instrucciones enviadas a los ayuntamientos, anunció que dejaba sus ayudas en suspenso al entrar en vigor las que concederá el Gobierno de España, y todo ello a pesar de que son ayudas compatibles.

El grupo municipal pide que el presupuesto que no se va a utilizar se destine para el refuerzo del Área de Servicios Sociales, donde sus trabajadoras "no pueden seguir asumiendo la gran carga laboral que está produciendo la crisis provocada por el Covid-19". "Si los casos se han triplicado, debería existir un refuerzo triple en la plantilla", recuerda la concejala, que propone que este dinero vaya "al fortalecimiento del servicio, a la aceleración del trámite de la Ley de Dependencia y en la reducción de las listas de espera del Servicio de la Ayuda a domicilio en Granada". 

Podemos-IU quiere, además, que "el Ayuntamiento pelee para que la Junta de Andalucía modifique la reglamentación para la obtención de ayudas sociales" y lo haga, al igual que sucede en otras comunidades autónomas, de forma que la Renta Mínima de Inserción "deje de ser subsidiaria (en calidad de apoyo a la parte principal) y pase a ser complementaria". La edil exige que "si, por ahora, la Junta deja de tramitar esa renta, el Ayuntamiento de Granada debe invertir ese capital en ayudar a las personas desde su ámbito inmediato, reforzando Servicios Sociales". 

La coalición recuerda que el pasado 2018 la Junta gastó en Remisa más de 53 millones de euros, por lo que si este año ese presupuesto no se va a invertir dada la incompatibilidad de esta ayuda con el Ingreso Mínimo Vital, "podrían destinarlo a salvar a muchas personas en Granada". Por ejemplo, explica Cabrerizo, que "se han tramitado durante el Estado de Alarma 1.702 Rentas Mínimas sin que hayan tenido respuesta aún, esa es la auténtica necesidad de esta ciudad". 

El grupo sostiene que la Administración local es responsable de solicitar y velar para que otras administraciones "hagan su trabajo en beneficio directo de las personas que viven en Granada". "Nos interesa que cada administración haga su trabajo para que el de este Ayuntamiento no sea superior a sus responsabilidades directas y puede cubrir con absoluta solvencia aquello que sí es su cometido".