Podemos acusa al gobierno local del PP de "proteger a Eulen ante el abandono de los jardines" de la capital

Política - IndeGranada - Miércoles, 8 de Abril de 2026
La formación morada denuncia que Carazo "se niega a facilitar el contrato firmado con la empresa", cuya gestión ha generado muchas críticas ciudadanas.
Árbol seco en el PTS con un criticable alcorque y poda salvaje en plena floración en el barrio de Cervantes.
Raquel Álvarez/Carmen Castellano
Árbol seco en el PTS con un criticable alcorque y poda salvaje en plena floración en el barrio de Cervantes.

Podemos ha denunciado que el gobierno local de Marifran Carazo se niega a facilitar el contrato firmado con la empresa que se encarca del cuidado de los jardines, Eulen, en 2025. Para su portavoz, Salvador Soler, que acusa a Carazo de "proteger a Eulen ante el abandono de los jardines", la falta de control sobre la ejecución del servicio “dispara las sospechas” sobre una gestión "marcada por la opacidad, la dejación y la protección de la adjudicataria en prejuicio de la ciudad de Granada".

La gestión del gobierno municipal del Ayuntamiento de Granada sobre la contrata de jardines adjudicada a Eulen se ha convertido en "un caso insostenible" para Podemos. Las denuncias e incidencias conocidas sobre la ejecución del servicio permiten sostener que “existen indicios serios de falta de control, incumplimientos contractuales y una actuación municipal claramente insuficiente ante una situación que exige transparencia, fiscalización y respuestas contundentes”, afirma el portavoz de Podemos en la capital. 

Para Soler, lo más grave es que el gobierno que preside Carazo, pese a disponer de facultades de inspección, control y reacción contractual, "no haya despejado las dudas existentes y, además, haya intentado bloquear el acceso al nuevo contrato de jardines adjudicado en 2025 escudándose en una supuesta confidencialidad, algo que agrava todas las sospechas”.

“Si existen denuncias sobre insuficiencia de medios, sobre deterioro del servicio, desajustes entre lo contratado y lo ejecutado, y sobre el uso de personal o recursos vinculados a la contrata, lo mínimo exigible es abrir la documentación, comprobar los hechos y dar explicaciones públicas”, exige el portavoz morado.

Si el gobierno municipal “no fiscaliza con rigor a una gran adjudicataria y al tiempo que oculta documentación esencial, deja de actuar como garante del interés público y proyecta una imagen de protección de la empresa en contra de la calidad del servicio y el interés público”.