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Pilar Rivas.

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Granada y candidata de Equo a la Alcaldía, Pilar Rivas, ha exigido al Ayuntamiento que rescate el servicio del Teatro Isabel La Católica, genere una oferta pública de empleo y permita a los trabajadores que fueron despedidos que concurran a ese procedimiento. 

Así se ha pronunciado tras conocer que la Inspección de Trabajo "ha dado la razón" a los trabajadores. 

A su juicio, el Ayuntamiento "ha vuelto, una vez más, a optar por la precarización laboral de sus trabajadores" y esta situación evidencia la necesidad de "los pactos de integridad en la contratación pública municipal" que ha propuesto. 

Tras criticar que se haya ignorado la situación de estos empleados, "con el único fin de abaratar costes", ha explicado que el informe de la Inspección señala que "ha podido haber una sucesión ilegal del contrato, entre EG Línea Cultural y RCK S.L", apuntando "el incumplimiento de los requisitos que la Ley de Contratos del Sector Público exige". En este sentido explica que "el art. 214 de la LCSP señala que se necesita la autorización del Ayuntamiento, algo que no ocurre hasta el 19 de enero en Junta de Gobierno Local, cuando la cesión privada del contrato ocurre en agosto, con un acuerdo de gobierno en el que se solicita escritura pública de la cesión requisito previo para dar esa autorización y que por lo tanto no estaba en su poder". Además, agrega, "debía estar ejecutado más del 20% del contrato, cosa que tampoco ocurre. El acuerdo de la Junta de Gobierno expone además que autoriza la cesión teniendo en cuenta el informe del órgano de contratación, que al no tener la documentación completa no debía ser favorable".  

"Solo hay una salvedad a estos requisitos y es que la empresa estuviera en liquidación, cosa que no ha sido así al menos hasta diciembre de este año. Así que un Ayuntamiento que debía vigilar la actuación ejemplar de las empresas que les prestan servicios públicos permite no solo una cesión ilegal del contrato sino el despido de unos trabajadores con los que llevaban trabajando 20 años. Y todo ello con un contrato de servicio que incumple el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, por ser precisamente estos trabajadores la obligación principal del adjudicatario, es decir lo único que daba entidad al contrato entre el Ayuntamiento y la empresa", argumenta la concejala. 

Por todo ello considera que el contrato con RCK es "nulo de pleno derecho y los derechos laborales de estas personas deben ser restituidos". Según destaca, el Ayuntamiento es "responsable de buscar los mecanismos jurídicos necesarios para ello". Además Rivas solicita "el rescate del servicio poniendo en valor la experiencia de estos trabajadores al mismo tiempo que la igualdad de acceso al empleo público tal y como llevan años pidiendo los sindicatos".