La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza 1, ha anulado el decreto dictado por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para obligar a la Policía Local a prestar servicios extraordinarios de cara a la celebración de la Carrera del Padre Marcelino el pasado año. 

En aquel momento, la alcaldesa dictó tres decretos para intentar eludir el conflicto laboral con la Policía Local que se negó a prestar servicios extraordinarios, a los que se suman los agentes de manera voluntaria, en el marco de protesta en demanda de mejoras laborales. 

El primero de los tres decretos dictados por Carazo fue el del Padre Marcelino. Después aprobó los de Semana Santa y la Media Maratón. 

Esta sentencia es fruto de las acciones judiciales promovidas por el sindicato Sip-An, que ha recordado que esta decisión judicial se suma a otra en la misma línea ya dictada contra otro de esos decretos, el de Semana Santa. 

En un comunicado, el sindicato policial recuerda que la decisión de imponer esos servicios se adoptó "a sabiendas" de que en 2016, en una situación similar, el Ayuntamiento de Granada ya fue condenado por imponer servicios para la Media Maratón, declarándose nulo el decreto en una acción también promovida en ese momento por Sip-An.

"Una vez más la ciudadanía va a pagar las costas de los juicios que el Ayuntamiento de Granada va perdiendo por las temerarias decisiones políticas tomadas en contra de los derechos plantilla de la Policía Local de Granada"

Para el sindicato policial, esta decisión judicial -y la previa en los mismos términos que anuló el decreto de Semana Santa recurrido por CSIF, como informó El Independiente de Granada-, pone en evidencia "la gestión de personal que la concejala Ana Agudo y su equipo de investigados ha instaurado desde su llegada".

Sip-An recuerda que el Ayuntamiento de Granada, como responsable civil subsidiario de las decisiones de la concejala, "ha sido condenado en costas en cinco ocasiones en apenas tres años (dos decretos de servicios obligatorios, tres condenas por decisiones arbitrarias de asignación de destinos, de las cuales dos son por acuerdo y una en juicio", esta última del delegado de este sindicato. Esta última está recurrida y el sindicato llama la atención que precisamente con su delegado sindical el Ayuntamiento de Granada ha actuado "diferente" respecto a los otros demandantes. 

"Una vez más la ciudadanía va a pagar las costas de los juicios que el Ayuntamiento de Granada va perdiendo por las temerarias decisiones políticas tomadas en contra de los derechos plantilla de la Policía Local de Granada", advierte para señalar que "tomar decisiones arbitrarias y luego recurrir las sentencias ganadas parece que no tiene coste alguno, al menos para el bolsillo de quien las toma".

El sindicato Sip-An explica en su nota de prensa que sus servicios jurídicos están estudiando si caben indemnizaciones a los policías que fueron obligados a trabajar el día de la Carrera del Padre Marcelino "a sabiendas de que se vulneraban sus derechos".