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Duras críticas del Defensor del Pueblo Andaluz por tiempos ‘inaceptables” y planes de choque ‘insuficientes'

La Junta tarda más de año y medio en valorar la discapacidad en Granada

Política - IndeGranada - Domingo, 28 de Noviembre de 2021
Te informamos de las conclusiones de una investigación de oficio del Defensor del Pueblo andaluz, que revela tiempos "inaceptables" en la valoración de la discapacidad por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a la que dedica una dura reprimenda.
El Defensor del Pueblo Andaluz emite duras críticas a la Junta por las listas de espera para valorar la discapacidad.
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El Defensor del Pueblo Andaluz emite duras críticas a la Junta por las listas de espera para valorar la discapacidad.

Para la persona o familiar de esta que haya solicitado la valoración de la discapacidad conoce el calvario que supone la demora en la resolución de este trámite. Pero, hasta ahora, gracias al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en una resolución dictada este mes no se conocía con exactitud las demoras, “que van más allá de lo aceptable”.

Un total e 19 meses -más de año y medio- debe soportar quien solicite en la provincia de Granada la valoración del grado de discapacidad, según determina la institución del Defensor del Pueblo Andaluz en una larga investigación de oficio que comenzó en 2020

Un total e 19 meses -más de año y medio- debe soportar quien solicite en la provincia de Granada la valoración del grado de discapacidad, según determina la institución del Defensor del Pueblo Andaluz en una larga investigación de oficio que comenzó en 2020, “especialmente en lo que atañe a la valoración de dicha situación, bien inicial, bien por vía de revisión”.

Y ello, porque la institución constató durante 2019, que “la respuesta a las peticiones de la ciudadanía, lejos de mejorar o cuando menos estabilizarse, iba en incremento y que, en consecuencia, la paralización en la actividad administrativa consecuencia de la crisis de salud pública, vendría a agravar una dificultar preexistente”.

Así, el organismo ha realizado un “seguimiento estrecho” durante todo 2020 y en lo que va de 2021, “mediante las pertinentes y sucesivas peticiones de informe dirigidas a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”, en las que no solo se ha interesado por personas afectadas que han formulado su queja ante la institución, entre ellas, de Granada, sino “recabado datos generales de situación, volumen y carga de trabajo en los Centros de Valoración, sus posibles causas y las respuestas y medidas adoptadas por parte de la Administración competente para la normalización de su funcionamiento”.

Seis meses establecidos en la norma. Dentro de los términos de razonabilidad de la actuación de la Administración sería no superar los ocho meses en los tiempos medios de respuesta a las solicitudes de valoración de la discapacidad, no excediendo en demasía de los seis meses que, con carácter general, marca la norma. "Resulta necesaria una revisión sobre las previsiones administrativas para este procedimiento, con el único objeto de garantizar los derechos de las personas con discapacidad", dice el Defensor, que recomienda que, tomando en consideración la obligación legal que establece el Real Decreto 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, "se desarrolle por vía reglamentaria el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad".

Una demora de 19 meses en Granada, según reconoce la Junta

El informe constata que la provincia de Granada “cuenta con un retraso en la resolución de valoración de la discapacidad de diecinueve meses”. El excesivo tiempo de demora está extraído, resalta la institución del propio del Informe remitido por la Delegación Territorial de abril de 2021.

Rocío Ruiz en una imagen de archivo. MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EP

Además, incluye la referencia a una queja tramitada por esta Institución, en el que la persona interesada presentó en Granada “su solicitud en diciembre de 2019 y no fue valorada hasta el 15 de julio 2021”, 20 meses.

A Granada solo le supera Málaga, que soporta una lista de espera de 24 meses para los casos de valoración del grado de discapacidad, y de 26 meses, para las revisiones de grado que se realizan en este Centro de Valoración.

En Sevilla, se desprende que la demora soportada por el Centro de Valoración, es de 18 meses, mientras que en Cádiz es de 17 meses, y en la provincia de Jaén es de 11 meses. En Almería, Huelva no se registran demoras significativas y en Córdoba, “podría ser calificada dentro de los términos de razonabilidad”.

Andalucía es la segunda comunidad autónoma, junto a Comunidad Valenciana y Asturias, con más espera con 18 meses de media. Solo superada por Canarias, con dos años. Así lo indicó en mayo pasado un informe presentado por la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) en respuesta a una demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

“Largas lista de espera y demoras que van más allá de lo aceptable”

Jesús Maeztu señala en su informa que las “largas lista de espera y demoras que van más allá de lo aceptable” y concreta con contundencia: “Existe un retraso generalizado y estructural en gran parte de los CVO (Centro de Valoración y Orientación) de Andalucía, motivado en su mayoría, por el volumen de la demanda ciudadana, y por desequilibrio existente entre el volumen de trabajo a realizar con el número de personas designadas para estas tareas, ya sea de índole técnica realizando los trabajos de valoración del grado en su vertiente sociosanitario, como en tareas puramente administrativas tanto en el despacho de expediente, como en la organización de citas, entre otras”.

Centro de Valoración y Orientación de Discapacidad en la carretera de Alfacar, en Granada capital. Indegranada

Aún teniendo en cuenta la situación de pandemia, indica que “no podemos obviar esta problemática que escapa de la puntualidad, y empieza a establecerse de manera sistémica en el reconocimiento del grado

Aún teniendo en cuenta la situación de pandemia, indica que “no podemos obviar esta problemática que escapa de la puntualidad, y empieza a establecerse de manera sistémica en el reconocimiento del grado. El volumen de quejas recibidas en esta Institución no deja lugar a dudas en cuanto a las demandas que presentan las personas con discapacidad y de sus familiares, que nos participan de sus necesidades y reivindicaciones diariamente en sus escritos.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que dirige Rocío Ruiz, ha puesto ya en marcha dos planes de choque fallidos que, a juicio de la institución y a la luz de su informe, son “insuficientes”. El primero en julio de 2020, con el refuerzo de 156 personas en sus centros de valoración, durante seis meses, de los que 13 para el Granada. El segundo lo anunció en marzo de este año, con tan solo 90 trabajadores.

Y en su crítica expone que “la línea de la normalización en la lucha por la integración de las personas con discapacidad que toda sociedad democrática impone, marca un nuevo camino a seguir donde se requiere una labor de revisión por parte de los poderes públicos a la hora de remover los obstáculos, para que se garantice el acceso al reconocimiento del grado en un cauce normalizado”.

Las demoras relatadas tienen un gran impacto en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, pero inciden de manera acusada en su situación laboral, ya que sin acceso al mercado laboral y sin formación, no es posible la incorporación a la vida activa de las personas con discapacidad, pudiendo generar marginación y pobreza con unos tiempos tan dilatados”.

Por ello, la institución “reclama de los actores públicos actuaciones diligentes que permitan la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos tales como el trabajo, la educación, el transporte, la vivienda, y la recreación, y pide que se solucione cualquier tipo de práctica administrativa irregular y excluyente como son las listas de espera que se vienen aconteciendo en nuestra comunidad autónoma”

“Especialmente preocupa a esta Defensoría las personas con discapacidad más severamente afectadas, que tienen mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos y se encuentran objetivamente en una situación más vulnerable"

Por tanto, añade, “es imprescindible renovar el compromiso adquirido con las personas con discapacidad en la recuperación de su derecho a una buena Administración, poniendo especial énfasis en la eliminación de cualquier traba burocrática, o conducta omisiva existente, a la hora de acceder a su reconocimiento de grado de discapacidad, requisito imprescindible para obtener los beneficios sociales que las normativas especificas les garantizan y que están destinados a la eliminación de barreras sociales, educacionales y laborales existentes”.

Especialmente preocupa a esta Defensoría las personas con discapacidad más severamente afectadas, que tienen mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos y se encuentran objetivamente en una situación más vulnerable, ya que presentan una mayor necesidad frente a situaciones como las relatadas. Estos hechos reclaman la atención de los poderes públicos y toda su voluntad política.

Finalmente, “estimando que los tiempos de resolución del procedimiento del reconocimiento de grado de discapacidad son inaceptables por los argumentos anteriormente señalados, y considerando que pese a las posibles medidas paliativas que hayan tenido los Dos Planes de Choques acometidos por las Delegaciones Territoriales para descongestionar las listas de espera, la conclusión que se extrae tras estos meses de análisis es; que son insuficientes”.

Que tome decisiones “de índole presupuestaria para la dotación de recursos humanos, técnicos o de otra índole, que permitan garantizar un procedimiento eficaz, en donde la acción de la Administración se ágil y eficaz como marca la Ley"

“Garantizar criterios homogéneos en las actuaciones”

Como es habitual en sus informes, el Defensor del Pueblo Andaluz eleva sus recomendaciones, entre las que reclama a la Consejería que gestiona Ciudadanos, “que se acometan actuaciones de carácter estructural y permanente en la dotación de personal de los CVO, actualizando las ratios de población demandante en relación a los puestos de trabajo existentes, cubriendo las necesidades y prioridades reales de las personas que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad”.

Además, le pide que tome decisiones “de índole presupuestaria para la dotación de recursos humanos, técnicos o de otra índole, que permitan garantizar un procedimiento eficaz, en donde la acción de la Administración se ágil y eficaz como marca la Ley”. También que “se desarrolle por vía reglamentaria el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad”. A este respecto, insta a que “se aproveche la oportunidad digital para facilitar la respuesta administrativa a las personas interesadas, simplificando los pasos a seguir en términos burocráticos, a través de las herramientas de la sociedad del conocimiento”.

Finalmente, le solicita que “determinen las estrategias a seguir para garantizar criterios homogéneos en las actuaciones por provincia, buscando un intercambio en la adopción de buenas prácticas para los casos de discrepancias significativas en los criterios de organización, y que pueden suponer la existencia de desigualdades en la ciudadanía andaluza”.

Artículo de opinión recomendado de Jesús Fernández, parlamentario andaluz de Unidas Podemos por Granada, miembro de IU: