La Junta defiende su trabajo para dar "cumplimiento total" a las recomendaciones de Cámara de Cuentas sobre Cetursa

Política - Europa Press - Miércoles, 7 de Marzo de 2018
La parlamentaria del PP Ana Vanessa García reprocha al consejero de Turismo que no cese a la consejera delegada de Cetursa, como aprobó el Parlamento.

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha defendido el trabajo que desarrolla la Junta de Andalucía para dar un "cumplimiento total" a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, con "medidas cautelares" y la apertura de un expediente de información interno.

En respuesta en el Parlamento andaluz a una pregunta del PP-A relativa al consejo de administración de Cetursa Sierra Nevada, el consejero de Turismo y Deporte se ha referido a que, en virtud de una orden de 22 de noviembre, se iniciaron en su departamento unas "diligencias previas" ante "posibles indicios de irregularidad" en la citada empresa pública, que aún no han concluido.

Este expediente de información de carácter previo será la base técnica, una vez sea "entregado en próximas fechas", si hay que tomar medidas que vayan más allá de las "cautelares" que a se adoptaron cuando, a principios de noviembre, se recibió el "informe definitivo" de la Cámara de Cuentas sobre las cuentas anuales consolidadas de 2015 de Cetursa Sierra Nevada, ha explicado Fernández.

El día 10 de ese mes la Consejería de Turismo y Deporte trasladó a la dirección de Cetursa que "se diera cumplimiento inmediato" a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. En este sentido, desde la empresa se informó de que se había procedido al "reintegro" de las cantidades que se podrían haber cobrado de más por parte de directivos, conforme a lo indicado por el órgano fiscalizador.

Hubo "celeridad" con estas medidas que se tomaron "en el instante", ha defendido el consejero para quien, "por seguridad jurídica" para empresa y trabajadores, y respeto a la "legalidad", no se pueden tomar medidas que sean "arbitrarias". Se está a la espera, igualmente, de un informe de la Intervención General sobre las decisiones que haya que afrontar en el futuro, ha agregado.

La Consejería de Turismo y Deporte respeta el Parlamento, y "la separación de poderes", ha indicado además Fernández, que ha criticado al PP-A que no valore el esfuerzo de la Junta para la "consolidación de una empresa" como Cetursa, que tiene en su haber "uno de los mejores mundiales que se han celebrado en los últimos años" -en referencia al de Snowboard y Freestyle de 2017-.

"Si no respetan el Parlamento, disuélvanlo"

La parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha criticado que la Junta no haya cumplido el acuerdo del Parlamento andaluz para el cese de la consejera delegada de Cetursa, María José López, la investigación de sus últimos ocho años de gestión, y la devolución de las "cantidades indebidamente cobradas", cuando "se está manchando la imagen de Sierra Nevada, y la marca Granada" y la de Andalucía. Ha añadido que Fernández mientras "sigue mirando para otro lado". "Si no respetan el Parlamento, disuélvanlo", le ha dicho al titular de Turismo.

Asimismo, García le ha pedido que aclare, como presidente del consejo de administración de Cetursa Sierra Nevada, "cuánto es la cantidad real" que pudieron recibir indebidamente cargos de la empresa, pues la consejera delegada se refirió a unos 26.000 euros, y la Cámara de Cuentas "habla más de 200.000 euros cobrados de más solo por parte de los directivos".

Ha cuestionado que López haya "mostrado una gran capacidad de negociación", cuando hubo una huelga de trabajadores de remontes de la estación de esquí este pasado mes de febrero, después de "firmar tres acuerdos en un Sercla de 21 de diciembre y, en dos meses, no haber sido capaz de cumplirlos".

La Cámara de Cuentas de Andalucía sostuvo en su informe que los cambios que se aprobaron a finales de 2014 en el organigrama de Cetursa "podrían no obedecer a una mejor gestión empresarial" sino a evitar la reducción de retribuciones del personal directivo con el "consecuente menoscabo de los fondos públicos", en lo que aprecia una "vulneración" de la normativa aplicable.