La diputada provincial y coordinadora de IU en Granada, Mari Carmen Pérez, ha registrado en la Diputación un conjunto de iniciativas para recabar apoyos e instar al Ejecutivo autonómico a que "reformule" el programa “Tarjeta Monedero” y "respete el marco normativo de la Ley de Servicios Sociales". Según advierte, han de ser los profesionales los que realicen los proyectos de intervención individual/familiar para cubrir las necesidades básicas.

Así, la diputada ha remarcado que "hay que dotar presupuestariamente a los Servicios Sociales Comunitarios y no diseñar el camino de su privatización, ya que este programa no respeta qué son los Servicios Sociales comunitarios, puesto que corresponde a éstos y no a ninguna entidad ajena a la Administración pública, la identificación e intervención en situaciones de exclusión social o riesgo de estarlo". 

Según ha resaltado, la aprobación de este programa supone "encomendar funciones propias de los trabajadores sociales de servicios sociales comunitarios a otras personas ajenas a las administraciones públicas". 

El programa defendido por el Ejecutivo andaluz, ha añadido Pérez, "vulnera el mandato legal el cual recoge que son los Servicios Sociales Comunitarios los que se configuran como el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, garantizando la universalidad en el acceso al mismo". Esta modificación ha evidenciado "la necesidad de reforzar nuestros sistema público de Intervención Social tras la situación que vivimos de pandemia, y por la que se ratifica la importancia de contar con recursos y una red de profesionales próxima a los vecinos y vecinas de nuestros municipios, que ofrezca respuestas rápidas y atención a todas las personas en situación de precariedad económica y de riesgo o exclusión social". Ante ello, la diputada provincial ha subrayado que "defenderemos ante el Pleno la necesidad de instar al Gobierno andaluz a que dote a los profesionales de la Intervención Social con todos los recursos, servicios y prestaciones acordes a la situación de emergencia social". 

De igual modo, Pérez ha indicado que "necesitamos que se agilicen y garanticen todos los mecanismos necesarios para dar continuidad a las resoluciones de solicitudes de renta mínima, que tras la aprobación de las modificaciones del Decreto ley 3/2017, su aplicación es más restrictiva solo pudiendo acceder a la misma personas y familias que tenga 0 ingresos, dejando fuera a familias compuestas por más de un miembro y sin hijos a cargo". 

"Ahora es momento de sumar fuerza y fortalecer nuestro Sistema Público de Servicios Sociales, ya que es la única herramienta capaz de garantizar la cohesión social; todas las administraciones públicas debemos ser responsables y no titubear en reforzar el Estado Social", ha afirmado.