Izquierda Unida Granada, a través del grupo parlamentario Por Andalucía, ha elevado una pregunta formal ante el Gobierno andaluz por lo que califican como una "gestión negligente" de la salud femenina en la provincia. La formación ha registrado ante la Mesa del Parlamento de Andalucía una serie de preguntas críticas dirigidas al Consejo de Gobierno, motivadas por la alarma transmitida por los profesionales de Medicina y Enfermería de la Unidad Asistencial La Caleta, perteneciente al Distrito Sanitario Granada-Metropolitano.

La denuncia pone el foco en el colapso administrativo y asistencial derivado de la implantación del nuevo modelo de cribado poblacional de cáncer de cuello de útero, que coloca a las personas afectadas en un "limbo asistencial". Lo que sobre el papel se presentó como una mejora en la detección precoz se ha transformado, según denuncian los profesionales de primera línea, en una barrera burocrática insalvable. Este sistema impide realizar citologías a mujeres con criterios clínicos claros, dejándolas a merced de una invitación formal que a menudo se demora meses o, simplemente, nunca llega, explica IU.

Hasta el año 2024, los centros de Atención Primaria en Granada operaban bajo un sistema de captación activa y oportunista. Los equipos médicos disponían de listados anuales y aprovechaban el contacto directo con la paciente para realizar la prueba de forma inmediata. Sin embargo, con el viraje al modelo poblacional, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha bloqueado la capacidad de los profesionales para actuar fuera del circuito cerrado de cartas de invitación, relata la formación de izquierdas. 

Una "paradoja cruel"

"Estamos asistiendo a una paradoja cruel: los médicos quieren y pueden hacer la prueba, la paciente la necesita, pero el sistema informático y el protocolo de la Junta lo impiden si no hay una carta de invitación previa", denuncia Ángel Bastos, médico y militante de Izquierda Unida Granada. Según Bastos, este "parche administrativo" ha provocado que, tras año y medio de vigencia, solo un porcentaje mínimo de mujeres haya sido convocado, desprotegiendo a grupos de edad que anteriormente sí estaban bajo vigilancia médica constante.

La preocupación no es solo técnica, sino de equidad social. IU Granada advierte que esta limitación está fracturando el derecho a la salud según la capacidad económica. Mientras las mujeres con recursos o seguros privados acuden a la medicina privada para sortear la parálisis del SAS, aquellas que dependen de la sanidad pública quedan atrapadas en un "plazo incierto".

"No podemos permitir que el código postal o la velocidad de Correos decidan quién sobrevive a un cáncer ginecológico", subraya Ángel Bastos, médico y militante de Izquierda Unida Granada. La formación cuestiona directamente si el retraso en los cribados está ya correlacionado con un aumento de casos detectados en estadios avanzados, donde el tratamiento es más agresivo y las posibilidades de éxito menores.

Ante el escenario crítico que atraviesa el Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, el grupo parlamentario Por Andalucía ha interpelado directamente al Ejecutivo autonómico para que aclare el grado de implantación real del programa y el porcentaje exacto de mujeres invitadas tanto en la provincia como en el resto de la comunidad.

"Desmantelamiento progresivo"

En la iniciativa parlamentaria, se exige detallar el calendario que maneja la Consejería para alcanzar a la totalidad de la población diana y se pregunta si se ha evaluado ya el impacto que la limitación de la citología oportunista está teniendo en el retraso del diagnóstico de lesiones pre-cancerosas. Finalmente, la formación reclama un compromiso firme para permitir que los centros de salud recuperen de forma transitoria su autonomía asistencial, garantizando que ninguna mujer se quede fuera del sistema mientras el método de invitación postal no sea plenamente eficiente.

Para Izquierda Unida, este conflicto es un síntoma más del "desmantelamiento progresivo" de la Atención Primaria. La formación concluye que imponer un modelo poblacional sin el refuerzo de personal ni la flexibilidad clínica necesaria convierte la prevención en una "lotería administrativa". Exigen que se escuche el clamor de los profesionales de La Caleta y se restaure la capacidad de intervención inmediata para salvar vidas.