Izquierda Unida ha calificado como un gran avance para luchar contra la pobreza en la provincia la implementación y gestión del Ingreso Mínimo Vital. En la reunión que ha mantenido la diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, y miembros de la Dirección Provincial junto al Director Provincial del INSS, Pablo García, han contrastado datos y han destacado el papel de los funcionarios y profesionales de los Servicios Sociales, “que son fundamentales para el desarrollo de esta medida desde nuestros Ayuntamientos”.

 

Pérez ha explicado que, “Granada es la cuarta provincia con mayor número de solicitudes, estas ascienden a 33.150, y, según datos oficiales, ya han sido atendidas más de tres mil en la primera tanda”. Desde Izquierda Unida han reivindicado el sobreesfuerzo para que las peticiones se resuelvan con la máxima celeridad pese al hándicap del confinamiento, que ha ralentizado la incorporación de profesionales, “y el hecho de que la plantilla de trabajadores para atender estas solicitudes haya sufrido un bloqueo del 30% por no estar cubiertas las plazas de jubilación”. 

 

La deficiencia de personal es, a juicio de la formación de izquierdas, uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el impulso de esta nueva prestación, “a pesar de que provincias como Madrid tienen más personal para atender estas solicitudes puesto que, han contado con 133.000 solicitudes y se han resuelto en torno a seis mil, en Granada ya han sido aprobadas casi las mismas contando con una cifra de solicitudes mucho menor”. Pérez ha explicado que el Instituto de la Seguridad Social en la provincia ha habilitado dos buzones, uno de trámite y otro de consulta, y tiene once centros de información que atienden a más de 500 citas diarias. 

 

Por otro lado, han mostrado preocupación por el número de personas que quedan excluidas “por falta de información o por no disponer de la documentación requerida”. Por ello, “hay que seguir apostando por estudiar cómo favorecer este ingreso y ampliar a las personas que a día de hoy la medida aún no contempla su situación social y económica”.

 

Desde la formación de izquierdas han resaltado la importancia del Ingreso Mínimo Vital como herramienta para reforzar la lucha contra la desigualdad, “una medida imprescindible y que complementa a otras para ayudar a erradicar la pobreza”. Aunque es un proceso complejo y aún hay inconvenientes como la información deficitaria y una necesaria coordinación entre municipios y administraciones, “exigimos a la Junta que muestre una predisposición para coordinar esta prestación con otros ingresos con la máxima rapidez para no entorpecer y aumentar la tardanza en la tramitación y resolución de los expedientes”. 

 

De igual modo, han incidido en la importancia de resolver la brecha digital entre nuestros vecinos, “supondría un gran avance que todos y todas tengamos un acceso en igualdad a las nuevas tecnologías y a la educación digital, la información burocrática debe ser legible y comprendida para facilitar que los ciudadanos accedan a todo tipo de prestaciones”. “Desde Izquierda Unida subrayamos la importancia de frenar las barreras de accesibilidad cognitiva y conseguir que todas las personas, independientemente de su nivel de comprensión lectora, tengan accesibilidad autónoma a la información y puedan comprender todos los documentos que estén a su alcance por parte del ayuntamiento”. 

 

La coordinadora provincial ha remarcado que esta prestación supone un gran alivio para muchas familias puesto que, “se han flexibilizado los criterios para solicitarla, antes debían estar inscritos como demandantes de empleo y ahora se puede solicitar y posteriormente demostrar tu situación laboral”. Pérez ha destacado el papel del actual Gobierno de coalición para llevar a cabo esta medida, “ya son seis millones y medio de euros los que han llegado a la provincia para resolver estas solicitudes y aún quedan más de quince mil expedientes por resolver”. Además, ha resaltado que el actual Gobierno ha diseñado un marco jurídico concreto y ha dado cobertura legal a la protección de las familias mediante este decreto, “mientras, la Junta de Andalucía solo refuerza trabas burocráticas en servicios vitales como los que engloba la Ley de Dependencia puesto que el periodo aproximado de resolución de las solicitudes oscila los 700 días”.

 

Por último, también han incidido en la importancia de reforzar un canal de información más fluido y claro desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “nos encontramos con muchos vecinos que no tienen muy claro de qué se trata el Ingreso Mínimo Vital y es prioritario aclarar que esta prestación es sumatoria para llegar a tener una renta mínima garantizada”. Según datos del Ministerio, de 25 mil familias que solicitan la ayuda solo un 20% pasan a obtenerlo.