"Más de seis meses lleva sin cobrar la empresa concesionaria del servicio de comedor social. Hablamos de dos comedores uno en La Chana que está destinado a personas mayores, y otro en el Distrito Norte de la ciudad,  destinado para personas en situación de necesidad social. La empresa ha conseguido la continuidad, hasta ahora, de los servicios, solicitando préstamos a las entidades bancarias, pero la situación, según nos expresan, no es sostenible ni un mes más. Este mes los trabajadores no podrán cobrar y a partir de la semana próxima no podremos prestar el servicio actual de catering", explica la concejala no adscrita Pilar Rivas respecto a la situación de este servicio.

Tras la última licitación el pasado año, el servicio lo presta una pequeña empresa familiar que ha conseguido "resolver la mayor parte de las quejas que ocasionaba la anterior concesionaria". Sin embargo las condiciones del contrato se han incumplido por parte del Ayuntamiento en algunos de sus aspectos fundamentales. Según Rivas, tanto en el número de usuarios que se ha reducido a la mitad de lo previsto, como en el retraso en el pago de las facturas. Octubre fue el último mes que cobraron los servicios prestados, adeudándole la cantidad de 13.578 euros correspondientes aún a 2017 y 18.363 euros de lo que va de 2018.

"Tanto por las cifras de lo que se le debe, como la disminución del número de usuarios, indica como poco, que no es una cuestión de economía sino de una gestión ineficiente. Una gestión que está poniendo el peligro la continuidad del servicio y la supervivencia de una empresa que da trabajo a 7 familias", agrega Rivas.

La concejala subraya que esta empresa ha hecho "casi desaparecer las quejas históricas" que este servicio venía presentando con la anterior empresa, "mucho más potente tanto por su facturación como por la dimensión de los servicios concesionados, lo que pone en valor no solo a las pymes y recordamos que el 80 por ciento del empleo en este país lo generan las empresas con menos de 10 trabajadores", apunta la concejala, sino "la posibilidad y la viabilidad de primar el interés social por encima del beneficio empresarial. Pero esto la gestión municipal no lo está teniendo en cuenta". 

El servicio que presta, la población a la que va destinada, y quien presta el servicio, deberían ser "motivos suficientes" para que la gestión económica municipal fuera "impecable", y más aún conociendo el retraso habitual en el pago de las facturas. "El Ayuntamiento debe poner a disposición los medios económicos y técnicos suficientes para impulsar el cobro de aquellas facturas que son prioritarias y en cualquier caso, dejar de hacer recaer el peso de las deudas municipales en las pequeñas empresas", opina Rivas.

"Fuimos críticos en su momento con la licitación de este servicio por entender que suponía un incumplimiento del Pacto por la Vega; y también porque suponía una pérdida de oportunidad, ya que recordamos el servicio de comedor se presta en un espacio formativo dependiente del Ayuntamiento que cuenta con cocina industrial con todas las licencias de actividad en regla y que así prestado, este servicio continúa dando forma a un proyecto de atención social asistencialista y generador de dependencia de las personas usuarias. Pese a ello el servicio ha mejorado respecto a la licitación anterior aunque a costa del esfuerzo y el riesgo para la empresa. Por todo ello exigimos una respuesta inmediata por parte del equipo de gobierno ante lo que debe ser una prioridad municipal", concluye la concejala.