La portavoz adjunta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Lorena Rodríguez, ha considerado "realmente preocupantes" las conclusiones de los informes elaborados por entidades, asociaciones y ONG como Cáritas o la Oficina Social de la Vivienda, que a su juicio requieren "no solo de un compromiso global del Ayuntamiento con la erradicación de la pobreza, sino también de actuaciones para dinamizar los pagos pendientes a algunos de los colectivos que realizan su labor en la ciudad". 

La concejala ha solicitado al equipo de gobierno la comparecencia en pleno del Defensor de la Ciudadanía para la presentación de su informe anual, que no solo recoge las principales quejas y reclamaciones en materia social que le realizan los granadinos, según ha recordado, sino también sus sugerencias y propuestas de mejora sobre muchos temas que afectan al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, Rodríguez ha recordado que el Ayuntamiento aprobó la moción de su grupo para la comparecencia semestral en pleno del Defensor y que la última en celebrarse fue justo hace un año, por lo que considera “urgente” que tenga la oportunidad de dar un balance oficial sobre la situación de la ciudad en el pasado 2017. 

La concejala ha puesto especial énfasis en los datos de la última memoria anual de Cáritas. Rodríguez ha considerado que esos datos constatan la reivindicación que lleva haciendo desde hace varios meses sobre la importancia de llevar a cabo la intervención social en todos los distritos, "eliminando las desigualdades entre barrios". "Con Norte todos tenemos un compromiso claro e ineludible, pero en esta ciudad existen otras zonas que también necesitan de nuestra atención", ha incidido la edil, quien ha avanzado la necesidad en el Ayuntamiento de promover medidas para la inclusión social de las familias, "reduciendo aspectos de riesgo social, fomentando la autonomía individual y familiar y prestando una especial atención al perfil más vulnerable de las mujeres víctimas de violencia de género".

La concejala de Cs se ha referido también al informe remitido por la Oficina Social de la Vivienda en coordinación con los centros de Servicios Sociales y equipos de tratamiento familiar, en el que se detallan los 438 casos que atendieron en 2017 relacionados con riesgo o pérdida de la vivienda habitual para familias en situación de vulnerabilidad y ha llamado la atención al equipo de gobierno para que “ajuste la realidad social granadina de la que habla también a lo que cuentan estos informes”.