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Artículo de Opinión por Antonio Folgoso, abogado laboralista

Carta abierta a Marta Gutiérrez Blasco, concejal de Vamos Granada en el Ayuntamiento de Granada:

Política - Antonio Folgoso, abogado laboralista - Martes, 30 de Enero de 2018
Siguen las reacciones a la sorprendente abstención de la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, a la moción del PP en apoyo a la prisión permanente revisable, que fue rechazada por el Pleno de la capital granadina el pasado viernes. Esta réplica la firma Antonio Folgoso, abogado laboralista.
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Señora Gutiérrez Blasco:
 
He sabido por la prensa que decidió abstenerse en la votación que tuvo lugar respecto de la moción presentada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, en apoyo a la prisión permanente revisable. Y debo reconocerle mi más absoluta sorpresa por su postura en la materia. Sin poder terminar de creer la noticia, he procurado informarme y he encontrado una carta pública en la que explica su posición al respecto y aporta sus razones. Carta pública que he leído con atención y a la que me veo obligado a responderle.
 
Vivimos en unos tiempos convulsos. Como casi siempre ha ocurrido, la crisis económica ha arrastrado una serie de medidas de recorte de libertades que hace tan sólo una década no creeríamos posible. Estas medidas han sido tanto de carácter normativo, como la Ley de Seguridad Ciudadana -llamada Ley Mordaza- o la ordenanza de la convivencia del Ayuntamiento de Granada, como de ámbito judicial: detenciones de artistas y tuiteros, persecución de políticos y sindicalistas, condenas de prisión para piquetes de huelga (nos queda muy cerca el caso de Carlos y Carmen), etc. Como le digo, este tipo de medidas restrictivas de derechos no son exclusivas de nuestro tiempo. No debe extrañarnos, por ejemplo, que la anterior Ley de Seguridad Ciudadana fuese aprobada justo a continuación de importantes huelgas generales y protestas que paralizaron todo el país a finales de los años ochenta.
 

Este es el caso también del derecho a no ser privado de libertad más que por los motivos previstos en la Ley, durante el tiempo estrictamente necesario y a ser tratado dignamente durante dicha privación de libertad. Además, y así se incorporó en nuestro texto constitucional, las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social

Periódicamente, como si de un péndulo se tratase, vivimos este tipo de etapas en que los telediarios se llenan de noticias de sucesos y la política se despoja de todo propósito constructivo y se centra en dar respuestas cortoplacistas, incluso pasando por encima de los derechos y libertades que disfrutamos. Como bien sabe, estas libertades se han conquistado tras años, décadas o siglos de lucha contra el poder. La libertad de expresión, la libertad ideológica o la libertad sindical le han costado la vida y la libertad a muchas personas que no dudaron en plantarle cara a los poderosos (a nivel político o económico), para que nosotros podamos disfrutarlas con una mayor o menor amplitud en nuestros días. Estos derechos son una joya que hemos heredado y que tenemos el deber de custodiar, proteger, defender e, incluso, ampliar –si fuese posible- para que las futuras generaciones no se encuentren (como parece que va a ser) con un mundo peor que el que recibieron sus padres y madres.
 
Estos derechos y libertades son patrimonio de toda la humanidad, y se sustentan en la reclamación constante de los mismos: su fuerza radica precisamente en que seguimos creyendo en ellos, valorándolos y reivindicándolos. 
 
Este es el caso también del derecho a no ser privado de libertad más que por los motivos previstos en la Ley, durante el tiempo estrictamente necesario y a ser tratado dignamente durante dicha privación de libertad. Además, y así se incorporó en nuestro texto constitucional, las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
 
Desde muy temprano, nuestro Legislador rechazó la cadena perpetua que, en cambio, sí se aplica (sin grandes resultados, por cierto) en otros países de nuestro entorno. En nuestro país se asumió que el origen de la delincuencia no se encuentra tan sólo en una actuación individual sino en un auténtico fallo de toda la Sociedad que no había conseguido que esa persona (“el delincuente”) prefiriese actuar conforme a la Ley y no contra ella. Ese es uno de los motivos que han hecho que hasta los legisladores más duros hayan rechazado la cadena perpetua: sabían que los delitos tenían muchas causas más allá de la mera libertad de las personas, tales como los problemas educativos, sociales, económicos… Para comprobar esto basta con realizar una visita a un centro penitenciario y comprobar qué porcentaje de los internos saben leer y escribir.
 

Ese es uno de los motivos que han hecho que hasta los legisladores más duros hayan rechazado la cadena perpetua: sabían que los delitos tenían muchas causas más allá de la mera libertad de las personas, tales como los problemas educativos, sociales, económicos… 

En este contexto, y tras la última crisis económica, emergen numerosos movimientos políticos y populares, de carácter netamente reivindicativo de derechos, tales como el 15M o Stop Desahucios. Desbordado por las nuevas e imaginativas formas de protesta, el Gobierno del Partido Popular aprueba una batería de reformas restrictivas de derechos que culminan con la “prisión permanente revisable”, que no es más que una cadena perpetua encubierta. Esa medida es apoyada casi exclusivamente por el PP, lo que permite vislumbrar una cercana derogación. En esa circunstancia, y aprovechando terribles acontecimientos (muertes de algunas adolescentes…), el Partido de la Corrupción trata de reivindicar la legitimidad de su normativa y lleva a varios municipios, como el de Granada, una moción para apuntalar esa medida.
 
En el Ayuntamiento de Granada, el PP, promotor de esa medida, vota a favor. El PSOE, auténtico cómplice del PP en los recortes y en la corrupción, pero con algo de conciencia, vota en contra. IU, a través de su único concejal, también vota en contra. Los otros dos concejales de Vamos Granada, votan en contra. Y se abstienen tanto Ciudadanos, partido muleta del bipartidismo turnista, como –sorprendentemente, no me cansaré de decirlo- usted.
 
Su argumento es que el Ayuntamiento de Granada no tiene competencia en la materia. Estamos de acuerdo. ¿Justifica esto su abstención? Tengo auténtica curiosidad por saber si también se habría abstenido si la moción pidiera la recuperación de la pena de muerte, la expulsión de inmigrantes, la eliminación del matrimonio homosexual o de la Ley de Violencia de Género. 
 
Utilizo estos ejemplos no casualmente porque el siguiente motivo que usted da es que hay gente muy preocupada por la comisión de determinados delitos y sus consecuencias punitivas. Le podría citar numerosas propuestas que se han elaborado desde determinados sectores de la sociedad solicitando (“preocupados”) la pena capital, medidas xenófobas, homófobas o, incluso, frente a la normativa que lucha contra el maltrato.
 

Su argumento es que el Ayuntamiento de Granada no tiene competencia en la materia. Estamos de acuerdo. ¿Justifica esto su abstención? Tengo auténtica curiosidad por saber si también se habría abstenido si la moción pidiera la recuperación de la pena de muerte, la expulsión de inmigrantes, la eliminación del matrimonio homosexual o de la Ley de Violencia de Género

Como es obvio, todo asunto puede convertirse en discutible y toda postura puede defenderse. Se puede defender dialécticamente una medida absolutamente discriminatoria, para lo que sólo hacen falta palabras, demagogia y pocos escrúpulos. Además, con los medios de comunicación en muchos casos al servicio de determinados intereses, no será raro que dichas posturas atentatorias contra derechos humanos puedan incluso parecer mayoritarias. La cuestión es qué papel tomamos ante ese debate: defendemos los derechos humanos, los atacamos o nos ponemos de lado ante el debate.
 
Cuando una persona con una mínima cultura democrática se encuentra frente a esta disyuntiva, debe saber que adoptar una posición tibia o equidistante en materia de derechos humanos equivale a ponerse en contra. En esta materia, no valen las medias tintas: o se está a favor o se está en contra. ¿Realmente podemos imaginarnos a alguien diciendo que no quiere posicionarse sobre una ley que sancione la homosexualidad (por ejemplo) porque hay “un debate social que preocupa a la población”? Sí, claro que podemos imaginarlo, por desgracia, ya que nos basta con pensar sobre lo ocurrido en el último pleno municipal.
 

Lo realmente terrible es que usted haya calcado el discurso del presidente del Gobierno que, hace menos de una semana, afirmó (preguntado sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres) que no era una materia de su competencia, añadiendo: “no nos metamos ahora en eso”. 

Lo realmente terrible es que usted haya calcado el discurso del presidente del Gobierno que, hace menos de una semana, afirmó (preguntado sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres) que no era una materia de su competencia, añadiendo: “no nos metamos ahora en eso”. 
 
La experiencia nos permite hoy afirmar con rotundidad que los recortes en estos derechos sólo benefician “a los de arriba”, ya que son los que generalmente gozan de una situación de excepción que no les abocará a echarse a la calle a tener que ejercitar su derecho a manifestarse, a criticar al poder públicamente o a ser detenidos injustamente. Quizás usted debería plantearse muy seriamente dónde se sitúa para que este debate no le preocupe y pueda permitirse ponerse de lado.
 
Sin otro particular, le ruego que reconsidere su postura.
 
Antonio Folgoso es abogado laboralista