El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el decreto ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza.

De acuerdo con las previsiones de la Junta, esta prestación beneficiará cada año a más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Su implantación a partir del próximo 1 de enero contará con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para 2018-2021, según ha explicado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha añadido que una vez aprobado el decreto por parte del Parlamento, la medida tendrá rango de ley.

La medida ha cosechado críticas de la oposición y también de colectivos como Save the Children, que pone el acento en que no servirá para reducir la pobreza infantil. 

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Para la consejera de Igualdad y Políticas Sociales el nuevo modelo supone un "avance importantísimo" a la hora de atender a las personas con especiales dificultades, da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad.

Los beneficiarios: demandantes de empleo entre 25 y 64 años 

Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Podrán beneficiarse también las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo, y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

El requisito de tiempo mínimo de residencia no se exigirá a las víctimas de violencia de género y de trata de personas ni a los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco se exigirá a las personas apátridas o refugiadas, las sin hogar, las extuteladas por la Junta en el año anterior; las que residan temporalmente en alojamientos alternativos, o las que se encuentren en situación de fuerza mayor acreditada por los servicios sociales.

Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), concretamente, el importe equivale al 78 por ciento de este indicador en la fecha de la solicitud. El porcentaje se incrementará un 10% por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la solicitante, hasta un máximo del 125% del Iprem. Este límite podrá sobrepasarse hasta el 145% en los supuestos de unidades familiares integradas por seis o más miembros con tres o más menores a su cargo, las familias monomarentales o monoparentales o cuando haya personas con discapacidad igual o superior al 33%, sin derecho a otro tipo de prestación.

No se tendrán en cuenta para el importe la vivienda habitual; las prestaciones por hijos a cargo tanto contributivas como no contributivas; las pensiones de orfandad; la remuneración por acogimiento; las pensiones de alimentos y las prestaciones económicas para personas en situación de dependencia. Tampoco computarán las becas para la educación o formación y transporte; los ingresos procedentes de asistencia a cursos y los contratos de formación para jóvenes, así como las ayudas del sistema de protección destinadas a los mismos, los inmuebles declarados en ruinas y las subvenciones públicas para vivienda habitual.

Plan de inclusión sociolaboral

De acuerdo con el decreto ley, el Servicio Andaluz de Empleo, junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar.

El decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses, según ha explicado la consejera.

Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario.

Para agilizar la tramitación administrativa se eliminan las comisiones de valoración y se crea la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que integrarán representantes de los distintos departamentos de la Junta; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y organizaciones sindicales y empresariales y de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. El nuevo órgano será el encargado del seguimiento, examen, evaluación y control de la ejecución de la nueva prestación y deberá reunirse al menos una vez al año. Se creará también en cada provincia una comisión de coordinación, que deberá reunirse al menos dos veces al año.

Sánchez Rubio ha insistido en la necesidad de que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo. Ha añadido que la nueva prestación surge ante "el deterioro de la cohesión social, agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central" y ha lamentado que la recuperación económica que apuntan los datos macroeconómicos no esté llegando a todos los ciudadanos.

Críticas de la oposición

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha acusado a la Junta de "llegar tarde" con el decreto ley de Renta Mínima de Inserción Social, al tiempo que ha criticado que dicha medida se aplique con fondos limitados y que, por tanto, vaya a haber familias que "se queden fueran".

La dirigente del PP-A, que ha considerado "insuficiente" los 198 millones de presupuesto, ha defendido que en Andalucía el nivel de pobreza y de personas en riesgo de exclusión social es muy alto y que se requiere que los fondos no sean limitados, al igual que en otras comunidades. "Al ser limitados, habrá familias a las que se les deniegue esta renta argumentado que se acaban los fondos recogidos en el Presupuesto", ha advertido Crespo, quien ha reclamado al Gobierno andaluz "agilidad" en la tramitación de estas ayudas.