Trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Granada capital, convocados por el comité de empresa de Arquisocial, se han concentrado este jueves ante el Ayuntamiento para exigir la remunicipalización de este servicio. Consideran que el dinero público debe servir "de forma íntegra para que la plantilla -unas 700 personas-, puedan prestar un servicio público de calidad, como no puede ser de otra manera, a los 3.286  usuarios y usuarias que necesitan dicha ayuda a domicilio".

 

Desde el comité de empresa de Arquisocial, presidido por UGT, y del que también forman parte  CCOO, CGT y SAT, se cree "posible y asumible" la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, "porque la mayor parte de la financiación de este servicio proviene de la Junta de Andalucía, la gestión directa de este servicio traería consigo un importante ahorro para las arcas municipales por la eliminación del beneficio empresarial, y es factible el rescate porque el mantenimiento de este servicio conlleva muy poco coste en equipamiento e infraestructuras".

 

Recuerdan además que "el Ayuntamiento anunció un estudio sobre la viabilidad técnica y presupuestaria de esta medida, del que aún no se tienen noticias".  Insisten en señalar que este modelo de gestión privatizado, como hasta ahora ha sucedido no sólo en Granada sino en otros ayuntamientos de la provincia, "está fracasado". Así, advierten de que los objetivos de las empresas del sector de la dependencia son "los de obtener beneficios y no los del servicio público, añadiendo que, hasta ahora el resultado de este modelo es la precariedad laboral, convirtiendo a las y los profesionales en trabajadoras/es pobres".

 

A juicio de los representantes sindicales, "el encaje legal de esta remunicipalización es posible en Granada, porque se ganaría en eficiencia en la gestión y se optimizarían los recursos económicos, como ya ha se ha hecho en numerosos municipios del provincia de Granada".  Se recuerda además, que "estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía. Así, para el Comité, lo que hay que promover es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan".

 

Así, concluyen, "no es posible, que una empresa privada obtenga sus legítimos beneficios empresariales a costa de “jugar” con los servicios públicos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía, y  para los trabajadores/as, cuya situación laboral es muy precaria".