Nuevo caso de esclavitud laboral en el campo granadino: trabajadores sin contrato, con jornadas extenuantes y sin derecho a un mínimo descanso

E+I+D+i - IndeGranada - Viernes, 11 de Septiembre de 2020
Detenido un empresario agrícola del Poniente, con antecedentes policiales, y sus dos capataces.
La Policía ha realizado la investigación junto a la Inspección de Trabajo.
policía nacional/archivo
La Policía ha realizado la investigación junto a la Inspección de Trabajo.

Trabajadores del campo, principalmente extranjeros, sin contrato, sometidos a jornadas extenuantes, muy por encima de lo legal, sin derecho a un mínimo descanso, y con salarios muy por debajo del convenio. Y, a la más mínima protesta o bajo rendimiento, despedidos. Es el resumen de un nuevo caso de esclavitud laboral detectado en la provincia de Granada, en la comarca del Poniente, en este caso por la Policía. A finales de junio la Guardia Civil ya informó de una situación similar en el Llano de Zafarraya

La Policía Nacional, junto a funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han detenido en una localidad del Poniente granadino -que la Policía no especifica- a un empresario de 60 años con numerosos antecedentes policiales y a dos de sus capataces, hombre y mujer, de 55 y 45 años respectivamente, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además otras tres personas  han sido detenidas por usurpación del estado civil y otras siete por infringir la Ley de Extranjería. 

La investigación tuvo lugar a finales de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una extensa finca agrícola del Poniente granadino donde trabajaban "en penosas condiciones laborales" un elevado número de ciudadanos extranjeros indocumentados. Así pues, las averiguaciones se centraron en la actividad laboral realizada en dos parcelas contiguas, con una extensión total cercana a las 39 hectáreas, en cuyo interior existían varios invernaderos y una gran nave industrial. Durante el transcurso de la investigación pudieron comprobar cómo en dichas fincas trabajaban varias cuadrillas, apoyadas por hasta tres tractores, en la recogida y almacenaje de productos hortofrutícolas como pimiento, pepino o calabacín. 

Los agentes de policía en colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se personaron en las fincas para llevar a cabo una inspección y comprobar la realidad de los trabajadores. Según se pudo averiguar estas personas estaban siendo explotadas laboralmente, ya que muchas de ellas no contaban con contrato de trabajo ni alta en la seguridad social, realizaban jornadas extenuantes muy por encima de lo estipulado en los convenios laborales y en las que no les estaba permitido ni un breve descanso, además de recibir un salario muy por debajo de lo fijado para la actividad que desarrollaban. Por otra parte, la mínima queja o sospecha de bajo rendimiento era sancionada con el despido inmediato, vulnerando así los derechos sindicales de los trabajadores, explica la Policía. 

Se les hacía creer que no podían denunciar abusos

La Policía destca la precaria situación de estos trabajadores, mayormente extranjeros, a quienes se les hacía creer que al no tener regularizada su situación no podían denunciar esta situación de abuso, a lo que habría que añadir el miedo a posibles represalias por parte de sus empleadores. 

El empresario y dueño de las fincas, un hombre de nacionalidad española y 60 años de edad, quien cuenta con numerosos antecedentes policiales, era el encargado de reclutar a los trabajadores, independientemente de su situación administrativa, según la investigación policial. Por otra parte, estaban los dos capataces, el primero de ellos, un hombre español de 55 años de edad y sin antecedentes policiales, responsable de gestionar y dirigir las cuadrillas de trabajo en las dos fincas. La otra persona con capacidad de dirección, en este caso una mujer de nacionalidad colombiana, de 45 años de edad y sin antecedentes policiales, era la encargada de gestionar la actividad laboral del almacén de la finca. Estas tres personas fueron detenidas y tras prestar declaración fueron puestas en libertad con cargos. 

Durante el transcurso de la inspección se detectaron a tres extranjeros empleados en las fincas que presentaron tarjetas de residencia a nombre de otras personas, por lo que se les imputa la presunta autoría de un delito de usurpación del estado civil. Como consecuencia de estos hechos fueron detenidos un ciudadano marroquí de 27 años, un mauritano de 41 y un maliense de 40. Igualmente también fueron detenidos 4 marroquíes de entre 26 y 32 años de edad y 3 senegaleses con edades comprendidas entre 24 y 41 años, todos ellos por encontrase en situación irregular en España. Estos diez detenidos han sido puestos, de igual forma, en libertad con cargos.