Al amparo de la Ley de Memoria Democrática vigente
La UGR honra la memoria de la comunidad universitaria que fue víctima de la represión franquista y pide su reparación
En un acto de justicia y de reivindicación de la Memoria Democrática, el Consejo de Gobierno de la institución académica reprueba los crímenes del franquismo y la depuración y represalias sufridas por su personal docente y administrativo.
UGR
Retrato de Salvador Vila en el Hospital Real.
La Universidad de Granada (UGR) ha dado este viernes un paso decisivo para honrar y recuperar la memoria de la comunidad universitaria que fue víctima de la represión franquista. En un pronunciamiento institucional aprobado por su Consejo de Gobierno, la institución académica ha reprobado las condenas, sanciones y violencia ejercida hacia los miembros de su comunidad, muchos de los cuales fueron asesinados, mientras que otros muchos depurados y víctimas de represalias.
En un acto de justicia, la UGR da este paso para solicitar la reparación y reconocimiento de esas víctimas.
El acuerdo, aprobado a instancias del Vicerrectorado de Política Institucional y Planificación, recuerda que uno de los fines de la Universidad de Granada es "la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia como el espíritu de reconciliación y concordia de nuestra sociedad mediante el fomento de los valores y principios democráticos, entre los que se encuentra honrar y recuperar la memoria de aquellos miembros de la Comunidad Universitaria y de sus Escuelas adscritas que perdieron la vida, o padecieron las represalias, injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos".
El Consejo de Gobierno recuerda "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, y lo hace reprobando dichas actuaciones a la vez que como expresión del derecho de reparación y recuperación moral, personal y profesional de todas las personas de esta Comunidad Universitaria y de sus Escuelas adscritas" que fueron perseguidas o ejecutadas durante la guerra civil y la dictadura.
El Consejo de Gobierno recuerda, en consonancia con la declaración prevista en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, y lo hace reprobando dichas actuaciones a la vez que como expresión del derecho de reparación y recuperación moral, personal y profesional de todas las personas de esta Comunidad Universitaria y de sus Escuelas adscritas" que fueron perseguidas o ejecutadas durante la guerra civil y la dictadura.
Pedro Mercado, vicerrector de Política Institucional y Planificación, ha explicado que "la importancia del acuerdo estriba en que es un pronunciamiento institucional para honrar la memoria de todas las personas de su comunidad universitaria y sus centros escritos que fueron objeto de represalias durante la guerra civil y el periodo de la dictadura por razón de sus creencias políticas, ideológicas, religiosas o de cualquier otra condición. Además, esta iniciativa puede considerarse el inicio de diferentes actuaciones en el campo de la memoria democrática que tratan de contribuir a la reparación de aquellas personas que fueron represaliadas. En definitiva, se trata de cumplir con las obligaciones como institución pública que sobre memoria democrática nos exige".
El vicerrector ha recordado que "el acuerdo va respaldado por el trabajo de un amplio equipo investigador que con su trabajo e investigaciones especializadas han permitido identificar y determinar la nómina de las personas represaliadas en el ámbito de la comunidad universitario". De hecho, estas investigaciones científicas han permitido, además, identificar a 33 personas para las que ahora se pide esta declaración oficial. Así, y sin perjuicio de que nuevas investigaciones permitan ampliar el número, se han identificado seis personas ejecutadas y 16 depuradas dentro de la propia Universidad de Granada. En las Escuelas adscritas se han determinado dos personas ejecutadas y nueve represaliadas.
El vicerrector de Política Institucional y Planificación considera también "una satisfacción para la Universidad de Granada atender esta obligación de honrar y recuperar la memoria, sin exclusión, de todas las personas de la comunidad universitaria que un momento tan triste de nuestra historia sufrieron este tipo de agravios". La otra dimensión del acuerdo es que la universidad acuerda proceder a la solicitud de esta declaración ante el ministerio competente que, en este caso, es el Ministerio de Presidencia, y facilitar así el trámite a los familiares de todos los represaliados la realización de este proceso.
Según la amplia bibliografía "solvente y acreditada" existente, con investigaciones y documentación recopilada a lo largo de los años, son más de medio centenar integrantes de la UGR que sufrieron la represión, entre ellos catedráticos, docentes y personal administrativo. El texto les recuerda.
Así, del personal directamente vinculado a la UGR fueron ejecutados:
- Salvador Vila Hernández -rector-.
- José Palanco Romero, catedrático de Historia, decano de la Facultad de Filosofía y Letras.
- Joaquín García Labella, catedrático de Derecho Administrativo.
- Rafael García Duarte y Salcedo; catedrático de Pediatría.
- Jesús Yoldi Bereau, catedrático de Química y alcalde de Granada.
- José Megías Manzano, profesor auxiliar de Medicina.
En las escuelas adscritas fueron ejecutados:
- Agustín Escribano Escribano, director de la Escuela Normal de Granada
- Aurelia Gutiérrez Blanchard, profesora de pedagogía, directora de la Escuela de Magisterio de Melilla
Respecto a las personas represaliadas, la relación de catedráticos represaliados (9) es la siguiente:
- Cayetano Cortés Latorre, catedrático de Botánica Descriptiva y Determinación de Plantas Medicinales de la Facultad de Farmacia.
- Gabriel Bonilla Marín, catedrático de Derecho Procesal y Práctica Forense de la Facultad de Derecho.
- Emilio Langle Rubio, catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho.
- Pablo de Azcárate y Flores, catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho.
- Alejandro Otero Fernández, catedrático de Ginecología de la Facultad de Medicina, ex rector.
- José Álvarez de Cienfuegos Cobos, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho.
- José Domingo y Quílez, catedrático de Física Teórica y Experimental de la Facultad de Ciencias.
- José María García-Valdecasas Santamaría, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina.
- José Gay Prieto, catedrático de Dermatología y Venereología de la Facultad de Medicina.
La relación de profesorado auxiliar, y personal de administración y servicios de la Universidad de Granada (7) represaliada es la siguiente:
- Manuel Suárez Rodríguez, portero de la Facultad de Filosofía y Letras.
- Francisco Gómez Román, auxiliar de la Facultad de Medicina de Granada.
- Claudio Hernández López, auxiliar de la Facultad de Medicina de Granada.
- Jesús Gómez de Segura, profesor de idiomas.
- Antonio Chamorro Daza, ayudante de Clínica de Obstetricia.
- Ángel Saldaña Perez, profesor auxiliar de Matemáticas.
- Gabriel Bonilla Cañadas, profesor de francés.
En las escuelas adscritas, las personas represaliadas fueron:
- Fernando Pelmaker Ibañez , profesor de la Escuela de Trabajo.
- Luisa Estévez Fernández, auxiliar de la Escuela Normal Granada.
- Luisa Pueo Costa, profesora de la Escuela Normal.
- Raimundo Torres Blesa, profesor de la Escuela Normal.
- Cándido López Uceda, profesor de la Escuela Normal.
- Mariano López Palacios, profesor de la Escuela de Comercio.
- José Vílchez López, profesor de la Escuela de Comercio.
- Nicolás Sánchez Alonso, portero de la Escuela Normal.
- Hermenegildo Lanz González, profesor de la Escuela Normal.
- Leopoldo Torres Balbás, Escuela de Estudios Árabes de Granada.
El acuerdo del Consejo de Gobierno tiene como objeto solicitar la reparación y reconocimiento personal para todos ellos, conforme a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, y abrir el camino para cualquier otra persona que saque a la luz futuras investigaciones.
En el caso de las personas que no estaban vinculadas directamente a la UGR, sino a centros adscritos, el texto aclara que la solicitud de reparación está reservada a sus familiares. En cualquier caso, la UGR ofrece su colaboración para acompañarlos.
La UGR se compromete a impulsar acciones para reparar la memoria de todos ellos.
Las actuaciones de Memoria democrática de la Universidad de Granada tendrán una continuidad mediante la celebración el próximo 21 de octubre de un acto público de reconocimiento en la sede del rectorado de la Universidad de Granada al que han comprometido su asistencia los ministros de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y de Universidades, respectivamente; en este acto se procederá a la creación de un Lugar de Memoria democrática de la Universidad, y se acompañará con diferentes actividades culturales en este ámbito durante el próximo trimestre.
Precisamente un equipo de la universidad granadina ha liderado las exhumaciones llevadas a cabo en importantes puntos de la memoria, entre ellos el Barranco de Víznar, donde fueron precisamente fusilados algunos de los miembros de su comunidad, como el rector Salvador Vila.
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