Un sondeo elaborado por el sindicato Ustea ha detectado que 10.572 escolares andaluces reciben clase en aulas masificadas, con ratios por encima de los límites establecidos por la ley. Son en total, según este trabajo de campo, que como advierte el sindicato solo permite aflorar "un mínimo" de la situación real que se vive en los centros públicos, 373 las unidades en las que se ha aplicado el aumento extraordinario del 10 por ciento en las ratios.

La Consejería de Educación y Deporte que dirige Javier Imbroda ha convertido en "norma" lo que es "una excepción", como ha explicado Javier Valdés, representante de Ustea Granada, en una rueda de prensa acompañado por compañeros y compañeras del sindicato de otras provincias, además del representante federal, Nicolás Espadas. 

Son datos "escandalosos", resalta Valdés. 

Esa práctica, que como denuncia el sindicato, esconde "un fraude" que "masifica" las aulas, se lleva a cabo mientras se cierran aulas en la escuela pública.

El sindicato también ofrece datos y no corresponden a un sondeo, sino a la información oficial recogida en las órdenes de la Consejería publicada en BOJA. Así, en tres cursos -2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022-, solo en los colegios públicos de Infantil y Primaria se han suprimido 1.181 aulas, 116 de ellas en Granada. 

Los 10.600 escolares andaluces que reciben clase en aulas masificadas y las 373 unidades con ratio 'ilegal' son "datos escandalosos" para Ustea

Las ratios máximas por aula están establecidas en 25 escolares en Infantil y Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato. La excepción recogida por Ley Orgánica permite, excepcionalmente, incrementarlo hasta un 10 por ciento. Esas excepciones están tasadas por ley: "para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna".

Lo que está haciendo la Consejería de Educación es aplicar ese incremento por sistema, incluso para planificar el curso siguiente, sin que se den esas excepciones. En Andalucía, las ratios se encuentran en 28, 33 y 39 estudiantes por aula según la etapa.

Incumplir las ratios afecta a la calidad y destruye empleo público docente

El representante de Ustea en Granada denuncia que incrementar de manera premeditada -e "ilegal", como insiste- las ratios, "Imbroda baja la calidad educativa". Y no solo eso. Hay otra consecuencia, la que afecta al empleo público docente. Según los cálculos del sindicato, por cada 10 ratios "ilegales" se destruyen siete puestos docentes como mínimo.

"No nos dejemos engañar", ha enfatizado Valdés para recordar que la Junta opta por hablar de la media de alumnado por aula, un indicador que presenta una realidad deformada, pues incluye a mucho territorio con centros con poco alumnado. La ley establece un número máximo de alumnado por aula y es ese precepto el que se incumple. 

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Aula de un centro educativo. ep/archivo

Todo ello mientras se mantienen aulas prefabricadas y no se ejecutan obras programadas, como ha alertado Nicolás Espadas, que ha citado como ejemplo Roquetas de Mar. A su juicio, esta otra práctica, esconde el fin último de no acometer las ampliaciones necesarios, escudándose en la baja natalidad. Una baja natalidad que para el sindicato debería servir precisamente para todo lo contrario: bajar la ratio en todos los niveles educativos.

Y mientras, "en la privada no hay recortes". "Ni se suprimen aulas ni las masifican". 

En el repaso a la situación de las aulas andaluzas, Ustea también menciona la atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Aunque se han creado 135 aulas específicas, "no soluciona la gravísima situación" de este alumnado, que se encuentra "seriamente desatendido". 

También llama la atención sobre la reducción del número de orientadores y orientadoras, en 317; y del déficit de profesionales de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) o Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

Ustea, que en plena pandemia llevó la masificación de las aulas a la Fiscalía, está decidida a emprender otro tipo de acciones judiciales. En este caso, el contencioso. Pero sabe que será un camino complicando. Las ratios tienen una vigencia de diez meses, la del curso escolar, y un contencioso tarda al menos un año y medio. Pero es una vía que seguirán explorando y a la que animan también a recurrir a otras organizaciones sindicales, con las que también considera necesario "sentarse a pelear conjuntamente" por la calidad del sistema educativo público.

Del mismo modo, ha promovido una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Andalucía que plantea reducir las ratios en todos los niveles educativos en la comunidad, modificando para ello la Ley de Educación de Andalucía. La propuesta de la iniciativa plantea ratios máximas de 20 escolares en colegios de Infantil y Primaria, 25 en ESO y 30 en Bachillerato.