La investigación de una red de blanqueo a través fichajes salpica al Granada CF
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de 5 millones de euros a la Hacienda Pública a través de la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y con la financiación de fichajes y clubes. Este nuevo escándalo en el mundo del fútbol salpica también al Granada, al que ya se le ha requerido información.
Las actuaciones se centran en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión con sede en Malta, que invirtió en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol.
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación, iniciada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En el marco de esta operación, denominada DEAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, están llevando a cabo distintas actuaciones en Granada, Madrid Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Murcia e Illes Balears, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades.
La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta.
Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.
Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.
Más de 5 millones de euros
Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.
De momento, son cinco las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.
Según informa Europa Press, el juez la Mata ha requerido información al Cádiz CF y al Sevilla FC en el marco de esta investigación que se dirige contra el fondo de inversión Doyen Sports y su administrador Nelio Freire Lucas; así como contra el exjugador del Atlético de Madrid Juanma López Martínez, que actuaría de intermediario; su pareja Rocío del Carmen Sánchez Ortega; y el también intermediario Mariano Aguilar López y su hermano Miguel, por haber ocultado presuntamente al menos cinco millones de euros procedente de operaciones de compraventa de jugadores y préstamos a clubes de Primera y Segunda división.
Esta información cita al Sevilla FC o al Cádiz CF así como a otros clubes como el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón o el Getafe, además de al Valencia, Elche y organismos como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
Ninguno de los clubes y entidades citadas se encuentra investigados en este procedimiento, según las fuentes.
Según explica el magistrado en su auto, Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio en Malta. Pero "en realidad", concluye De la Mata, "simuló" que su actividad se realizaba desde esa isla cuando en verdad se sirvió de "un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo".
El auto describe toda la operativa desarrollada, recogiendo los hechos apuntados en la querella de Anticorrupción, y señala que el Doyen recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.
Aunque estos acuerdos denominados TPO (Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015, Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.
Distintas operaciones
De este modo, el juez señala operaciones de adquisición de derechos como la compra por parte del Sevilla FC del 50 por ciento de derechos económicos de Miroslav Stepanovic y de Geoffrey Kondogbia o del 20 por ciento de Babá, entre otras operaciones de otros clubes.
Por este concepto, indica el auto, de manera indiciaria Doyen obtuvo entre 2013 y 2016, 21,1 millón de euros; mientras que por las operaciones de préstamo, el beneficio obtenido entre 2013 y 2015 fue de 1,4 millones de euros. Siempre según la resolución del Juzgado central de Instrucción 5, se han identificado 3,65 millones al Sevilla y medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido, así como 3,5 millones al Getafe y 2,5 millones al Atlético de Madrid y al Sporting de Gijón.
El juez esgrime también que sólo en 2013, tal y como apunta la Fiscalía, por parte únicamente de Doyen se podrían haber defraudado más de cinco millones de euros, a lo que habrá que sumar nuevas cantidades una vez que se disponga de la información precisa para poder cuantificarlas.
