Cuando nos preguntamos por la actividad de la administración y buscamos su verdadera fundamentación, la Constitución de 1978 nos responde en su artículo 103 que ésta se articula con el fin de satisfacer el interés general. Ahora bien, hemos de atender a cómo la actividad de las instituciones públicas cumple con este principio rector del derecho en el desarrollo de su actividad. En este sentido, el problema que se nos plantea es el hecho de que en innumerables ocasiones nos enfrentamos a actos administrativos, actuaciones en vía de hecho o disposiciones generales, que se llevan a cabo vulnerando derechos y libertades.

De tal manera, encontramos situaciones en las cuales determinadas administraciones actúan violando derechos y libertades; atentando contra aquel interés general. Si bien es un hecho que la mayoría de administraciones ejercen sus funciones correctamente, también es cierto que, entre las consecuencias de la crisis económica de la pasada década, nos encontramos en un momento de auge de actuaciones discriminatorias y vulneradoras de derechos por parte de las administraciones públicas.

Veamos –pues– un caso que pone de manifiesto la realidad de esta negligente actividad administrativa, que se está dando a conocer estos días en nuestra ciudad. Así, la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado cómo una administración instrumental, creada para asegurar el cumplimento de una función social atribuida por los principios rectores de la actividad económica y social, deja de trabajar por el cumplimiento real de sus objetivos perjudicando a ciudadanos que esperan un resultado que en nada tiene que ver con la realidad. En concreto, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (en adelante AVRA) ha actuado obviando situaciones y hechos que determinan las condiciones de vida de la población y que, por ello, le han perjudicado indirectamente: entre esos hechos podemos encontrar desde declaraciones judiciales otorgando el estatus de víctima de violencia de género hasta informes de facultativos médicos.

Muchos se preguntarán cómo afecta eso a la actuación  de AVRA, una administración encaminada a proporcionar ayuda de vivienda social. Sin embargo, puede ser crucial la observancia de dichas situaciones. Así, ¿quién alojaría a una víctima de género en el edificio en el cual viven familiares de su agresor? Por otra parte, si nos encontramos ante una persona con trastornos diagnosticados que requiere de un cambio en el entorno por necesidad apremiante para su estado de salud –porque dicho entorno empeora su estado psicológico–, ¿podemos acaso ignorarlo? ¿Podemos obviar que una persona solicite ayuda porque es marginada, insultada y agredida físicamente por su condición sexual? Hasta este momento, AVRA ha ignorado todas y cada una de estas cuestiones. ¿Soluciona eso algo? La respuesta es obvia, y la administración lo sabe, porque lo lleva viendo durante los varios años que se le lleva solicitando ayuda; una intervención para que esas personas que sufren agresiones e insultos, puedan rehacer su vida de una manera digna.

Para finalizar, pensemos como están estas personas ahora, qué les queda más allá del miedo de salir a la calle por la posibilidad de que sus vecinos les insulten o les golpeen, desesperación por ser ignorados día tras día, desilusión porque no encuentran un final para esto. Y así vemos cómo a personas que sólo desean vivir no se les deja hacerlo.

Información de referencia:

• La Junta niega una vivienda segura a una mujer maltratada y a su hijo discapacitado, amenazado por ser homosexual